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25 de Febrero de 2015

Félix García de Pablos

Doctor en Derecho. Ponente del TEAC

La morosidad del pago en el sector agroalimentario

El sector agroalimentario en España tiene pues un valor estratégico innegable para la economía nacional, de acuerdo a las magnitudes económicas sobre su participación en el PIB, en la balanza comercial, su dimensión, el número de empleos que genera o sus cotas de producción, que le sitúan como el primer sector manufacturero y uno de los que gozan de mayor proyección internacional.


Se ha cumplido más de 1 año desde la entrada en vigor de la Ley de la Cadena Alimentaría, entre cuyas medidas estaba la eliminación de las prácticas abusivas entre los diferentes operadores de la cadena alimentaria. Entre dichos abusos cabe destacar los excesivos plazos de pago a los agricultores y ganaderos, dependientes de las grandes cadenas de distribución.

La citada Ley de la Cadena Alimentaria establece unos plazos de pagos en ese sector, 30 días para los productos alimenticios frescos y perecederos, y 60 días para los productos no perecederos. Constituye infracción grave el incumplimiento de los citados plazos, que se sanciona con hasta 100.000 euros, cantidad que se ve incrementada en el caso de infracción muy grave, la comisión dos o más infracciones en el plazo de dos años a contar desde que la primera sanción sea firme en vía administrativa.

En este sentido, se establece la obligación de incorporar expresamente en estos contratos escritos los elementos esenciales de los mismos (identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, duración y causas y efectos de la extinción) pactados libremente por las partes conforme a los principios rectores de la citada Ley.

El ejercicio de la potestad sancionadora está atribuida a la Administración del Estado, a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, así como a las Comunidades Autónomas, cuando las partes implicadas tengan sus domicilios en la misma Comunidad, o cuando el contrato afecte a una misma comunidad en relación a la trazabilidad del producto objeto de dicho contrato.

Queda ahora que las Administraciones Públicas ejerzan sus competencias a fin de que los pequeños agricultores y ganaderos vean satisfechas sus reivindicaciones, el pago de las facturas por las ventas de sus productos en plazo.


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