Rápido ha sido el pronunciamiento del más alto tribunal que existe en España, respecto de la Ley Sinde (y su Reglamento), no suspendiendo su aplicación por considerar que sus preceptos no provocan perjuicios irreversibles.
Incurre en contradicción el Auto del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2012, pues bien sabe, y en tal sentido se pronuncia, que la aplicación de dicha norma surtirá perjuicios. Para que nos entendamos, que la norma en sí está bien, pero que si se aplica traerá problemas, y que son estos problemas los que hay que recurrir y no la norma. Como diría Humphrey Bogart en Casablanca, "tócala otra vez, Sam". No llego a entender cómo es posible hacer una norma que, en lugar de resolver problemas, los crea. Pero es lo que tenemos.
En un anterior post (Manual Práctico sobre Ley Sinde: el bueno, el feo y el malo (cap. I)) hicimos mención al funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual. Pues bien, aquí tenemos ya el segundo capítulo. El reglamento fue impugnado por la inseguridad jurídica que crea (con solo leerlo saltan las alarmas), ya que atribuye a dicha Sección Segunda de la CPI funciones propias de los juzgados, por lo que viola los principios de legalidad y jerarquía, y en la imposición de sanciones no se atiende a los criterios de proporcionalidad. Pero lo más llamativo de dicha norma es que permite conocer del procedimiento administrativo a la vez que se tramita uno judicial (es la única que lo permite, infringiendo el principio de no dos veces por lo mismo, o como dirían en los tribunales, "non bis in idem"). Pero todo esto no ha servido para convencer al TS.
El legislador no se ha reciclado, no está conforme a los nuevos tiempos. Piensa que el mundo de Internet va a un ritmo mucho más rápido que el off line, que si en por regla general la sociedad va por delante de la ley, en la web esta regla se multiplica casi hasta el infinito. Cree que la forma más apropiada de combatir el mal es acortando plazos, haciendo procedimientos ágiles, sin trabas y eficaces. Pero se olvida de los principios rectores del derecho. Y lógicamente así se vuelve a poner por detrás. Tal vez la solución esté en hacer Juzgados más diligentes, en invertir en medios, en hacer la Justicia más cercana, en todo aquello que cualquier profesional del derecho sabemos que se puede mejorar para que la Justicia lo sea con mayúsculas.
