Poco a poco se van despejando incógnitas en torno a la regulación española del juego online. El pasado 4 de febrero el Gobierno remitió al Congreso el Proyecto de Ley de Regulación del Juego, con la intención de tramitarla y aprobarla por el procedimiento de urgencia.
Urgencia que, según el Gobierno, viene justificada por "la imperiosa necesidad de establecer un marco normativo del juego de ámbito estatal, especialmente desarrollado a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos adaptado a la situación europea, además de la protección de los intereses de menores, consumidores, dependientes del juego, así como la persecución del blanqueo de capitales y el incremento de los ingresos de la Hacienda Pública".
Curioso que ahora el Gobierno tenga tanta prisa en aprobar la Ley, cuando es desde finales de 2007 que el Gobierno tiene la obligación de regular las actividades de juego online y proteger esos mismos intereses. Supongo (por no decir que tengo claro) que la intención es dar el menor tiempo de reacción al sector y a todos los que criticamos este Proyecto y pedimos una regulación que proteja eficientemente a los consumidores (estableciendo los requisitos legales que deben cumplir los operadores de juego y desarrollando políticas claras y efectivas de juego responsable), pero que también fomente, por múltiples razones (incluida también la propia protección de los consumidores frente a operadores ilegales) el desarrollo de un sector potente del juego en España. Este objetivo no se va a conseguir restringiendo la competencia con la clara de intención de perpetuar el modelo de juego monopolista controlado por el Estado.
El plazo de enmiendas se ha prorrogado varias veces
A pesar de la urgencia que pretende el Gobierno, desde la admisión a trámite del Proyecto por parte del Congreso, se han ido ampliando, hasta 5 veces ya, los plazos para realizar enmiendas al mencionado Proyecto. No es para menos, porque los flecos pendientes del Proyecto (y, si se quiere, lo ases que el Gobierno se ha guardado en la manga) implican necesariamente analizar a fondo el mismo. El último plazo de enmiendas finaliza este miércoles 16 de marzo (salvo que, evidentemente, vuelva a ampliarse una vez más). Curiosamente, el mismo día, la Comisión Europea tiene la intención de publicar el Libro Verde sobre los servicios de juego online en el mercado interior junto con una consulta pública sobre como debería hacerse frente a los retos jurídicos que plantean los juegos de azar online. A estas alturas ¿no convendría esperar a conocer los resultados de esta consulta?
Como mínimo se deberán obtener dos licencias para ofrecer juegos en España
Uno de los ases del Gobierno es el sistema de concesión de licencias previsto en el Proyecto. Este contempla un doble sistema de licencias, que implicará que los operadores deberán, mediante un procedimiento de concurso público, obtener una "licencia general", referida a una de las categorías de juego definidas en el Proyecto (loterías, apuestas, rifas, concursos), debiendo posteriormente obtener diversas "licencias singulares" para cada una de las modalidades de juego que vaya a explotar dentro de la categoría general para la que previamente hayan sido autorizados. El Gobierno, mediante Orden del Ministerio de Hacienda establecerá las distintas modalidades de juego dentro de cada categoría general.
Ya solo explicarlo aquí suena complicado. Si le sumamos la larga tradición burocrática en España, obtener las habilitaciones necesarias para ofrecer servicios de juego en España no parece que vaya a ser cosa de poco tiempo. Al final, este sistema de licenciamiento doble únicamente comportará para los operadores unos costes significativos de tiempo y dinero, y una importante barrera de entrada para poder competir de igual a igual con la recién constituida Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SLAE). Precisamente, la Disposición Transitoria Segunda del Proyecto prevé la continuidad de las actividades de SLAE, ahora como operador privado, y la transformación automática de sus "habilitaciones" para ofrecer apuestas deportivas e hípicas, en los mismos términos y con idéntico alcance a las habilitaciones que regían hasta la fecha en que entre en vigor la nueva ley.
No solo eso, parece que al final solo unos pocos operadores podrían obtener licencia
Por otro lado, el Proyecto no establece de forma clara si el número de operadores autorizados estará limitado o no, o si se permitirá ofrecer servicios de juego a todos aquellos operadores que cumplan los requisitos mínimos que se establezcan legalmente (como creo que debería ser, poniendo énfasis, como ya he dicho, en garantizar que los operadores cumplan dichos requisitos y establezcan políticas de juego responsable, y por supuesto desarrollando un sistema contundente de infracciones y sanciones que asegure el cumplimiento de la ley).
No obstante, parece que la intención del Gobierno es de limitar las licencias generales a tan solo 5, y las singulares a un total de 25 (para aquellos 5 operadores que hayan conseguido obtener la licencia general). Este es el as que el Gobierno se guarda (o quería guardarse) en la manga, puesto que no viene expresamente establecido en el Proyecto si no en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompaña al Proyecto, y que, a priori, no es pública.
La tributación sobre el juego en España sería la más alta de Europa
Todo lo anterior se suma a las críticas sobre el sistema de tributación planteado por el Proyecto. En el Proyecto presentado al Congreso solo las apuestas mutuas tributan sobre ingresos brutos, y las demás sobre el neto. No obstante, la tributación planteada es ahora muy alta en comparación con otros países de nuestro entorno, con un tipo de gravamen, en general, del 25% sobre la base imponible. A esto se debe añadir que los operadores deberán también hacer frente al pago de 38.000 Euros por la emisión de dictámenes técnicos de evaluación de conformidad de los sistemas de juego; al pago de 10.000 Euros por cada solicitud de licencia; y al pago de un 0,001% de los ingresos brutos de explotación obtenidos por los operadores de juego, para sufragar los gastos de la nueva Comisión Nacional del Juego.
Estas cuestiones, y todo lo relacionado con la nueva regulación del juego, serán tratadas en la Conferencia Internacional sobre Juego on-line en España, Actualidad Regulatoria, que ECIJA Abogados organiza junto con Awedacity. La Conferencia contará con la participación de varias Administraciones Públicas y representantes de varios agentes del sector, tanto de juego presencial como online. La cita será el próximo día 18 de abril, en el Hotel Intercontinental de Madrid. Podéis encontrar más información en http://www.spainonlinegambling.com. Allí os esperamos.
