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13 de Junio de 2017

Juan Carlos Guerrero

abogado de ECIJA

¿Qué aspectos regulará la nueva Directiva de comunicaciones electrónicas?

El desarrollo e implementación de tecnologías disruptivas en los Estados miembros de la Unión Europea es una cuestión de suma importancia en el seno de sus instituciones, debido a que este ámbito actualmente supone uno de los motores económicos más destacados de cualquier nación. Este hecho queda especialmente patente en el sector de las telecomunicaciones, debido al impacto que tiene tanto en la sociedad como en su economía.


El ámbito de las telecomunicaciones siempre se ha caracterizado por su especial complejidad, siendo necesaria una regulación sectorial específica que permitiese controlar cada una de las cuestiones sobre las que se asienta su mercado. Este proceso, que tuvo su inicio en el año 1987 a través del denominado Libro Verde de las Telecomunicaciones, supuso el primer elemento sobre el que cimentar la liberalización de un sector con una tendencia natural al monopolio, con la intención de generar los denominados "campeones europeos", de cara a competir con las grandes empresas internacionales de Estados Unidos o China. Tras esta resolución, con el paso de los años se fueron sucediendo nuevas normas que han ido evolucionando según ha avanzado la tecnología, pero han mantenido en todo caso los principios básicos que motivaron los primeros textos legales.

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, conocedor de la importancia del sector de las telecomunicaciones, avanzó el pasado septiembre durante su discurso sobre el estado de la Unión, la activación de un plan europeo que cuenta con objetivos a corto-medio plazo para posicionar a la Unión Europea como referente en lo concerniente a las comunicaciones electrónicas.

Entre las diversas medidas contenidas en el citado el plan se encuentran: (i) un nuevo Código de Comunicaciones Electrónicas; (ii) el denominado WiFi4EU; y (iii) un plan de acción para la 5G.

En este sentido, nos centraremos en el citado Código de Comunicaciones Electrónicas, el cual quedará regulado vía Directiva, dejando a los Estados miembros margen para transponer lo incardinado en la misma. A pesar de que la Directiva aún se encuentra en proceso de elaboración, en su último borrador se esbozan las líneas sobre las que se sustentará el futuro del sector.

Entre los principales cambios que se avecinan, nos encontramos, en primer lugar, con la modificación de los objetivos a alcanzar con el servicio. Actualmente, la normativa de telecomunicaciones exigía entre los propósitos del sector conseguir adecuados niveles de competencia, mejorar el mercado interior y obtener la satisfacción de los usuarios finales. A estos tres objetivos habría que adicionar el acceso e implantación de conectividad de muy alta velocidad en todas las regiones de la Unión Europea.

En segundo lugar, uno de los puntos conflictivos en el sector es el de proporcionar los incentivos necesarios para que los prestadores de servicios quieran efectuar elevadas inversiones en infraestructuras y, en particular, desplegar en el territorio de la Unión redes de nueva generación. En este sentido, tiene que encontrarse una postura intermedia entre el absoluto acceso a sus infraestructuras por parte de los operadores con peso significativo en el mercado (en adelante, los "PSM") y la negación de dicho acceso a otros operadores menores.

La Unión Europea es conocedora de la complejidad que comporta este asunto, no pudiendo dejar al completo arbitrio de los Estados esta cuestión debido a los problemas que se podrían suscitar. Muestra de ello fue lo ocurrido en Alemania cuando, en aras de incentivar la inversión de los PSM en infraestructuras de nueva generación, permitió que éstos no proporcionaran acceso a otros operadores con menor poder en el mercado con el objetivo de amortizar las inversiones efectuadas. Este acto, denominado como "vacaciones regulatorias", fue ostensiblemente criticado y llevado hasta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Asunto C-424/07, Comisión Europea contra República Federal de Alemania, de 3 de diciembre de 2009) quien determinó su ilegalidad por ser contrario a los principios europeos.

Por estos motivos, la nueva Directiva ha establecido las líneas principales sobre las que sustentar el derecho de acceso, siendo únicamente posible el mismo en casos estrictamente tasados y valorados por las autoridades nacionales de reglamentación.

En tercer lugar, otro de los puntos controvertidos de nuestro actual sector de las telecomunicaciones es la gestión adecuada y proporcional del espectro radioeléctrico. Con esta Directiva se pretende disminuir las diferencias existentes entre los Estados miembros en los procedimientos de asignación de espectro, así como el garantizar un sistema proporcional, justo y equitativo. Además, se prevén nuevas formas de explotar el espectro radioeléctrico como, por ejemplo, el fomento del uso compartido, su arrendamiento o la implantación del principio "se usan o se pierden" para reducir al máximo las ocupaciones sin servicios.

Por último, también se han previsto modificaciones en los aspectos concernientes a los usuarios, la mayoría encaminadas a suprimir cuestiones ya reguladas por normativa específica, como sería las implicaciones derivadas de la regulación relativa a consumidores y usuarios. Entre los puntos más novedosos contemplados en la Directiva encontramos la posibilidad de incrementar el plazo máximo de duración de un contrato entre operador y particular (establecido en dos años), atendiendo excepcionalmente a acuerdos individuales con usuarios finales con el objetivo de facilitar la implementación y el reembolso de la instalación de las redes de alta velocidad.

Sin perjuicio del resto de novedades que aportará la Directiva, como se puede apreciar, la Unión Europea quiere mantenerse en constante actualización de cara a revitalizar y asentarse, en la medida de lo posible, a la vanguardia internacional del sector. Los presumibles cambios de los modelos económicos actuales, así como las nuevas tecnologías que tienen que desembarcar, abren un universo de oportunidades del que cualquier empresa podrá beneficiarse. Sin embargo, todo ello tendrá que llevarse a cabo bajo las reglas de juego dictaminadas desde las instituciones europeas con el fin de garantizar un sector competitivo, ya que éste es uno de los elementos esenciales para el crecimiento tecnológico y el incentivo inversor.


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