Hace unas semanas decidí descargarme la App de hacienda para probarla y analizarla. La búsqueda en la tienda de Google me dio el resultado "bueno" y algunos malos. Esto me llamó la atención y probé con otros servicios como "vida laboral" con iguales resultados. Además, esto me hizo recordar que, cuando estaba investigando la obtención de certificados de nacimiento en el móvil, muchos resultados muy bien posicionados llevaban a webs de gestoras que cobraban por tramitar un documento gratuito si se hacía de la debida manera.
En resumen, existe todo un mundo de proveedores de servicios públicos en Internet que se mueven en el espacio indeterminado de usar un nombre y estética "similar al legítimo" pero sin llegar a usurparlo con diversas finalidades. Entre otras cuestiones podemos encontrarnos con:
- Riesgo de usurpación de titularidad. Encontrarte una web que ofrece información o servicios públicos pero que no es realmente la pública. Esto, en sí mismo, no es un problema, pero si no se deja claro que no es público, se genera confusión a la ciudadanía.
- Cobrar costes adicionales por servicios públicos. Por ejemplo esta web que para tramitar certificados de nacimiento. El problema aquí es que la página es respetuosa con la imagen oficial (no la copia), hace algo legal (cobrar por tramitar) pero se cuida mucho de no decir que es un servicio gratuito que se puede pedir en la web de justicia. Por otro lado, tampoco es que Justicia lo promueva mucho. Además, esta página es el primer resultado si pones "certificado nacimiento Majadahonda", lo que indica que han hecho un buen trabajo de SEO (y Justicia no)
- Fishing y fraude. Directamente aplicaciones como esta para la vida laboral (no digo que lo sea, pero lo puede ser), simplemente pueden estar haciendo el caldo gordo con datos confidenciales.
En resumen, mientras que tenemos un modelo cada vez más amplio de servicios públicos, en entornos más fragmentados (múltiples administraciones, webs, dispositivos, soluciones…) la acción general de la Administración (y demás actores) es muy residual y reactiva. En términos generales, la Policía, la Agencia Tributaria u otras organizaciones tienen un papel de difusión de alertas cuando hay una campaña específica. Es decir, si hay una serie de correos diciendo que entres tus datos para que la Agencia Tributaria te devuelva este dinero, sí se hace una difusión (con más o menos éxito) del caso. Sin embargo, me temo que en este ecosistema de "servicios aparentemente públicos" encontramos, en el mejor de los casos, avisos puntuales sobre lo que ocurre, pero desde luego, si hay una acción sistemática, no está siendo muy eficaz. La página de "registro civil de Majadahonda" está por lo menos activa desde julio.
¿Es culpa del gobierno, de los proveedores, o de quién? Pues bien, igual que, como dice el refrán "criar a un niño lleva el esfuerzo de toda una tribu", este tipo de fraudes "lleva la indiferencia de todo el ecosistema digital". De esta manera, esta (mos) implicado (s):
- Quien crea estas páginas. Está muy bien generar estos contenidos, pero no dejar claro (muy claro) quien no eres no puede ser una omisión. A veces hay intenciones delictivas o casi, en otras, simplemente oportunismo ante una ocasión que aún está ahí y nadie está aprovechando.
- Quien lo permite. Hoy en día es fácil saber en twitter cuando un tuit de alguien famoso es de su cuenta legítima o no. En el tiempo de las "fake news" los proveedores de contenido se devanan los sesos en hacer visible qué contenido es real o no. Esto, que es tan sencillo como comprobar por defecto la titularidad de la web, o poder reportar, o que las administraciones puedan validar su identidad debería ser algo básico. De hecho, me temo que hoy en día es más fácil que te de una alerta de seguridad la web del Ministerio de Justicia por el certificado digital que la web "registro civil Majadahonda". No puedo decir que Google y demás estén haciendo un buen trabajo con esta materia. Y esto sin hablar de la publicidad… Es más fácil anunciar tasas ficticias que unas zapatillas con un nombre comercial registrado.
- Quien no hace nada. Las administraciones no hacen nada en muchos sentidos. Por un lado, no es que veas por ningún lado que te adviertan de esto más allá de campañas contra el phising. Tampoco es que parezca que hagan barridos por defecto de estas cuestiones, o que lo regulen (que si lo hacen, no les luce). Es que, directamente, estos nichos se explotan porque las administraciones no los cubren. Si volvemos a páginas mejor indexadas por buscadores, estas lo están porque las Administraciones no trabajan este tema. Es decir, si las webs públicas están bien posicionadas es fruto de que los robots hagan bien su trabajo y de que nadie haya encontrado la manera de engañarles primando contenido ficticio.
- Quien no lo denuncia. Vale, tendría que denunciarlo, pero en verdad, no tengo ni idea de cómo hacerlo. En el caso del phising (si tuviera la sospecha de que "vida laboral" lo hace, iría a la policía), pero, ¿y cuando no es delito? ?A quién le digo que hay una página que literalmente se llama "Registro Civil de Majadahonda" y que no lo es? No sé a quién, pero tampoco he buscado demasiado, debo confesar.
- Quien no normaliza esto. Miedo me da llamar al legislador en estos temas, porque suele campar como un elefante en una cacharrería, pero algo debe de hacer con determinados nombres, estéticas y elementos que pueden llamar al equívoco. Más aún en un mundo tan dinámico como este.
Así que tenemos un esquema de servicios públicos no del todo seguro porque no sabemos si todo lo que hay es real. Bueno, quizá algunos sí, pero otros muchos, estoy convencido de que no. Así que abramos los ojos, estemos atentos y denunciemos esto… porque un mundo en el que los servicios públicos no son seguros, es un mundo donde los servicios públicos no se usan.
