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29 de Octubre de 2018

Sergio Jiménez

Analista web especialista en Administraciones Públicas

La imposible supervisión absoluta de la transparencia

Recientemente terminé de realizar un estudio sobre los portales de transparencia en las Universidades españolas. Este trabajo no ha sido especialmente grato por los obstáculos y problemas que ha supuesto acceder a esta información. En plena tormenta para muchas de las universidades españolas un tercio de ellas no permite el ejercicio del derecho de acceso a la información pública o lo hace de manera incompleta. Esto, sin embargo, no ha supuesto ningún escándalo para nadie, lo que sí sería un problema en otras administraciones.


Esto nos plantea una cuestión ¿Es responsabilidad por parte de la ciudadanía, de una manera o de otra, esta falta de transparencia? O, dicho de otra manera: Si la ciudadanía tuviera una actitud más airada ante este comportamiento, ¿se permitirían las universidades un comportamiento tan irregular?

Sea cual sea la respuesta moral, la evidencia parece correcta: si no hay presión popular, no hay una garantía de cumplimiento de normas como la Ley de Transparencia. Ahora bien, tenemos un modelo erigido sobre los cimientos de los portales de cada institución. Siendo así, ¿Es posible esperar una sociedad capaz de controlar los  literalmente miles de portales de transparencia en España?

La cuestión es la siguiente: nos encontramos en un periodo de redefinición de la Administración a múltiples niveles. Procedimiento digital, contratación electrónica, transparencia, protección de datos... elementos que están afectando de manera sustancial al modelo de actuar. Sin embargo, lamentablemente, no parece posible una fiscalización efectiva de todo ello. Ni todas las administraciones son digitales, ni la contratación es electrónica, ni se está cumpliendo la protección de datos, ni los portales de transparencia son todo lo universales que podrían ser. En gran parte, el problema reside en que estos cambios tan grandes son extremadamente fiscalizables.

En términos generales esto debería funcionar, como es el caso de la Administración, a partir del cumplimiento obligatorio de la norma. La realidad, por su parte, es tozuda y dice que esto no es así. En gran parte por las célebres "resistencias al cambio" pero también porque asimilar solo uno de estos cambios con éxito en el tiempo que se han pretendido habría sido un éxito importante. Al final nos encontramos en que el cumplimiento de estas normas (y del propósito real que encierran) depende en gran medida de la decisión, esfuerzo y sacrificio interno, más allá del propio valor efectivo de la norma.

El escenario que nos encontramos es el siguiente: se hacen importantes normas de cambio, con una enorme ambición, de difícil cumplimiento pero que, además, tienen una muy compleja fiscalización efectiva. En términos generales nos vamos a encontrar, en gran parte de esas leyes, que el cumplimiento depende del papel reactivo de ciudadanos y sociedad civil para presionar por el cumplimiento. Es decir, la complejidad y amplitud del cambio está entregando su fiscalización efectiva, en términos reales, a que las personas denuncien estos cumplimientos efectivos. Pero ¿Qué capacidad humana tienen dichas personas y organizaciones civiles para hacer esto posible? A priori parece que menor que las que exige la tarea que les ha quedado pendiente.

Por otro lado, es cierto que esta tarea no se hace de manera individualizada exclusivamente. Tanto la prensa, como asociaciones, colectivos y organizaciones realizan una tarea de supervisión y validación sobre parte del cumplimiento de estas normas. Por ejemplo, Transparencia Internacional o Civio ponen el punto de mira en aspectos concretos sobre el cumplimiento y desarrollo de la Ley de transparencia. Sin embargo, esto por un lado lleva la atención a los temas más vistosos para la opinión pública, e, incluso aunque no fuera así, la capacidad de atraer la atención es igual de limitada.

En realidad, creo que un problema importante de las grandes leyes es que exigen, para su cumplimiento una importante supervisión. Más aún cuando se trata de leyes grandes en su enfoque y en el nivel de detalle que exige su cumplimiento. La cuestión es que el propio modelo de desarrollo que se ha ido constituyendo en España es altamente complicado. Encontramos una atomización del parque tecnológico y digital en la que prácticamente a nivel de Administración se desarrolla de manera independiente el cumplimiento de dichos planes. Como decía, esta atomización hace realmente complicado la supervisión que garantice un cumplimiento mínimo de la ley mas allá del voluntarismo y compromiso de las instituciones.

¿Qué podríamos hacer entonces? Pues realmente no tengo mucha idea. Podríamos plantear una centralización de determinados aspectos nucleares, como ha hecho la ley 39/2015 con el registro o el archivo y esto eliminaría un problema, pero generaría otros tipos. Otra opción sería incorporar la lógica de determinados órganos de supervisión la salvaguarda proactiva del cumplimiento de dicha norma. Esto podría aprovechar esta estructura y conocimiento para implantar cambios más eficaces. En realidad, como digo, no tengo una idea que sea óptima o perfecta para el caso. Pero si que tengo claro una cosa: cuando se plantean cambios tan grandes sin la capacidad de garantizar su efectividad, no sólo estamos exigiendo esfuerzos importantes, sino que estamos penalizando a quien realmente tienen interés en cumplirla.

 

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