25 de junio de 2017 | 12:30
LEGAL TODAY. POR Y PARA ABOGADOS
 

Herramientas para el texto

Blog Administración Pública

7 de Septiembre de 2016

Mª Concepción Campos Acuña

Doctora en Derecho, Secretaria de Administración Local y Codirectora de Red Locais

¿Por qué no usamos la e-administración?

Los ciudadanos no usan (usamos) la administración electrónica. Así parece desprenderse del informe “Las TIC en los hogares españoles”, un estudio sobre la demanda y uso de Servicios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, de junio de 2016 realizado por el ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información).


Según este estudio sólo un 32,8% de los ciudadanos afirma utilizar la e-administración y a pesar de que entre los titulares destacados del estudio se encuentra que "se duplica el uso de la e-administración entre la población española", la cifra no es buena y debemos esforzarnos por mejorarla desde la propia administración. Porque el problema está en la administración y no en los ciudadanos.

Ese incremento, que podría verse como un gran logro, ha de ponerse en contexto. Aunque es cierto que el histórico muestra una tasa en el 2003 de tan sólo el 15,6% y en la actualidad la cifra se eleva al 32,8% y, por tanto, sí se duplica el uso de la e-administración, este histórico no se acompasa bien con la evolución que las tecnologías han experimentado en el día a día de la sociedad, como demuestra el contenido íntegro del estudio.

La teoría es que la administración electrónica permite ahorro de costes, supone una simplificación en los trámites administrativos y una reducción de plazo, entre sus supuestas bondades. Más ágil, eficaz y eficiente. Sin embargo, ésta no es la percepción generalizada. Será porque no es así. Será porque la práctica no se corresponde con esa teoría.

Tras una tibia apuesta por el procedimiento administrative electrónico en la Ley 11/2007, de 22 de julio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, los distintos niveles territoriales de administración pública iniciaron, con diferente éxito, sus procesos de transformación digital. Pero sin una estrategia clara y definida y sin tener en cuenta que la administración puede ser diferente (solo en el ámbito local existen más de 8.000 ayuntamientos), pero que los ciudadanos son los mismos, era previsible la dificultad. Y así llegamos a un punto en el que existen múltiples desarrollos y aplicaciones, muchos de ellos al margen de las exigencias de interoperabiidad y seguridad, y en el que cada administración exige diferentes requisitos a los ciudadanos.

Constatado el fracaso generalizado en los objetivos de la Ley 11/2007, aunque no sin sustanciales avances, con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, parece que se asume la realidad y se refuerza, por imperativo legal y con carácter básico para el conjunto de las administraciones públicas, la apuesta por la administración electrónica.

Pero una vez más en teoría, porque en esta ecuación falta un elemento imprescindible, el ciudadano. Estrictas exigencias de certificación electrónica que actúan como un factor claramente desincentivador y disuasorio, múltiples redireccionamientos incluso para obtener una simple información, poca claridad, dificultades de accesibilidad, lenguaje complejo y multitud de diversas circunstancias convierten la relación electrónica con la administración en una tarea titánica para muchos ciudadanos.

Frente a ello lo de siempre, lo fácil, lo conocido, la relación presencial. Ese registro con un funcionario (más o menos amable), el papel que se ve y se toca, y del que incluso me llevo una copia, alguien a quien preguntar dudas y que me "redireccione" de departamento en departamento. No se puede culpabilizar al ciudadano por seguir prefiriendo la vía presencial, pero esto no significa que debamos permanecer impasibles ante este escenario.

Por tanto, ante la pregunta de si la administración electrónica es más fácil, más eficaz o más eficiente, ejerciendo de gallega responderé que "depende". Depende porque aunque disponemos de las herramientas y conocimientos para que la administración electrónica efectivamente ahorre costes, tiempos y trámites, no las utilizamos adecuadamente y no lo comunicamos adecuadamente.

No las utilizamos adecuadamente porque no garantizamos que la esencia de los beneficios de la administración electrónica recaiga en los ciudadanos, en los vecinos, y no en la propia administración, que también. Se trata de diseñar, tramitar y ejecutar pensando en los que están del otro lado, no en la seguridad y mayor sencillez para los funcionarios que habrán de tramitar.

Y no lo comunicamos adecuadamente porque a menos de un mes de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/205 hemos visto y estamos viendo múltiples cursos, jornadas, foros y seminarios dedicados a la transformación digital, pero destinados a los profesionales de la administración. Poco se explica a los ciudadanos que, en su inmensa mayoría desconocen qué suponen estas normas y qué derechos podrán exigir a la administración, entre otros, el de relacionarse electrónicamente, pero también otros directamente relacionados con la simplificación en el procedimiento.

En un escenario en el que, ocho de cada diez hogares dispone de algún tipo de ordenador y prácticamente la mitad de una tablet, al tiempo que nueve de cada diez individuos dispone de teléfono móvil, de los cuales seis son smartphone, no es comprensible el escaso grado de penetración de la administración electrónica. Los ciudadanos no son conscientes de las oportunidades que ofrece, porque tienen un gran desconocimiento sobre ella y porque no les resulta ni más fácil, ni más eficaz. Debería serlo pero no es así. Debería serlo porque las tecnologías al servicio de la administración facilitan y simplifican si así lo quieren las personas. Una vez más la problemática no está en las tecnologías sino en el uso y aplicación que las personas hacemos de ellas.

De hecho, el pago de impuestos se configura como el trámite más realizado a través de la administración electrónica. No es casualidad, se demuestra de este modo que cuando se quiere se puede, la administración manifiesta así su interés en que la tramitación electrónica de la recaudación por vía electrónica se configure como una vía a consolidar y lo consigue. Por tanto, habrá que utilizar la experiencia del ámbito tributario para mejorar y que la e-administración se convierta en lo que debe ser, una herramienta al servicio del ciudadano.


Vote:
|| || || || |
Resultado:
239 votos
  • Comparte esta noticia en yahoo
  • Comparte esta noticia en technorati
  • Comparte esta noticia en digg
  • Comparte esta noticia en delicius
  • Comparte esta noticia en meneame
  • Comparte esta noticia en linkedin

Te recomendamos

  • Derecho Administrativo Básico - Volumen I (Dúo) 12ª Ed.

    Derecho Administrativo Básico - Volumen I (Dúo) 12ª Ed.

    En esta duodécima edición, se han incorporado, obviamente, las modificaciones normativas más recientes en el Ordenamiento jurídico (especialmente, las leyes de procedimiento administrativo y del sector público), aunque no hayan supuesto demasiados cambios sustantivos.

Blog


Datos personales

El objetivo de este blog es crear un foro de debate sobre los temas de actualidad de la Administración Pública, dando valor ...ver perfil

Archivo del blog

 
© Editorial Aranzadi S.A.U
 
 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y poder ofrecerle las mejores opciones mediante el análisis de la navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información pulse aquí.   Aceptar

.