Recientemente hemos conocido el proyecto del Instituto Nacional de Estadística (INE) para seguir los 50 millones de móviles de los españoles durante varios días, para conocer los desplazamientos habituales de los ciudadanos. La información la aportan los 3 principales operadores de nuestro país (Movistar, Vodafone y Orange), pero se trata de información anónima, es decir, sin relacionar los movimientos de los móviles con sus titulares. En resumidas cuentas, hemos sustituido las viejas encuestas por el rastreo de móviles de todos los ciudadanos.
Big data con mi móvil
Lo que el INE va a recibir son las posiciones agregadas de los números, pero en ningún caso los titulares de las líneas, ni la ubicación, etc. Estamos hablando de un estudio experimental pionero en Europa, que pone en marcha un sistema de big data totalmente novedoso en nuestro país.
Se han seleccionado 8 fechas representativas que incluyen días laborables, domingos, festivos, etapa navideña y vacaciones estivales. De esta forma, la información generada permitirá conocer los desplazamientos diarios de trabajo, los destinos vacacionales, el reagrupamiento familiar con motivo de la Navidad, las excursiones o desplazamientos de fin de semana, etc. Unos datos que facilitan la planificación con máxima exactitud de la prestación de servicios públicos, el reforzamiento de las infraestructuras, etc.
Por esta vía podemos obtener información de cómo nos desplazamos los usuarios en diferentes días del año y mejorar así las redes de transporte del país sin necesidad de recurrir a encuestas. Realmente, salvando las distancias, podríamos decir que estamos ante una versión digital de las encuestas o del conteo de gente, pero de forma más fiable, rápida y económica.
Sin consentimiento expreso
El objetivo es realizar un estudio acerca de los hábitos que tiene la sociedad a la hora de desplazarse. El seguimiento se hará sin obtener el consentimiento expreso de ningún ciudadano, ya que el rastreo se realiza de forma anónima.
Este trabajo piloto de movilidad se enmarca dentro de la renovación de las estadísticas que han iniciado el INE y otros organismos estadísticos europeos. Porque realmente no se busca una información diferente a la que se ha buscado hasta ahora, pero se hace de manera distinta, apoyándose en las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. Para ello el INE pretende basarse más en datos y registros administrativos, en lugar de encuestas. Los beneficios directos del cambio de procedimiento no dejan lugar a dudas: menos molestias a ciudadanos y empresas, ahorro de costes, más eficiencia, mejora en la calidad de la información y posibilidad de recabar y actualizar los datos con más frecuencia.
¿Para qué buscar una información que ya tenemos?
Hasta ahora la manera de lograr estas estadísticas era a través del cuestionario del Censo. Para ello se preguntaba a los ciudadanos sobre cuánto tardaban en desplazarse al trabajo y cómo lo hacían. Pero todo eso ha cambiado, porque a partir de ahora el Censo se elaborará reutilizando información administrativa existente, aprovechando el Padrón Municipal, el Catastro y la Seguridad Social, entre otras fuentes. Esos registros ya contienen toda la información actualizada, y al aprovecharla para sus estadísticas el INE evita tener que contratar a 50.000 encuestadores con un coste superior a los 150 millones.
Eso sí, como se ha se ha cambiado el método para recabar los datos, el INE necesita buscar otra forma de obtener las estadísticas que no están en ninguna parte, como es el caso de los patrones de movilidad de los españoles. Poner en marcha una encuesta sólo para esto resultaría caro. Y aquí es donde la tecnología viene de nuevo en nuestro auxilio, porque el big data ya permite innovaciones que pueden enriquecer en gran medida las estadísticas.
Mosqueo social
En estos momentos en los que tanto se valora la privacidad, cualquier hecho que implique de alguna manera recopilar datos personales, genera recelos. Tengamos en cuenta que un proyecto de este tipo significa siempre seguimiento y vigilancia de las personas, cosa que de partida preocupa.
Para atajar estas desconfianzas, el INE quiso sacar un comunicado institucional. Entre otras cosas, la nota aclara que la información en juego "se limitará a un recuento de terminales que será proporcionada al INE en forma de tablas agregadas de resultados". Para aclarar a continuación que "los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal."
Sin embargo, el mayor mosqueo social deriva de la falta de claridad y transparencia de los operadores a la hora de explicar cómo manejan la información que recopilan, unida a la desconfianza sobre el alcance real de los trabajos a realizar. Y lo cierto es que ni en la citada nota ni en ningún otro medio el INE ha aclarado el procedimiento que se va a seguir para que los datos no se puedan volver asociar con el usuario al que pertenecen.
Señalemos, en fin, que el INE pagará a los tres operadores un total de medio millón de euros. La magnitud de la cifra no ayuda muchos, porque el ciudadano lo primero que piensa es que se está haciendo negocio con sus datos. Y no le falta razón, pero si la cifra parece elevada, es evidente que al INE le hubiera resultado mucho más costoso realizar varios miles de encuestas para conseguir esta información.
Interpretaciones para todos los gustos
Sobre las consideraciones legales, en los últimos días hemos oído opiniones para todos los gustos. Hay quienes piensan que el rastreo masivo que van a realizar los tres operadores, al no contar con el permiso explícito de los abonados, incumple Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDP). Sin embargo, es evidente que aquí no estamos ante datos personales, porque el estudio de movilidad del INE es un caso claro de tratamiento de datos agregados y anonimizados. Por tanto, al no tratarse de datos personales, no le afecta la LOPDP.
Otra voces críticas ponen el punto de mira en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Esta ley establece que deberán conservarse durante 12 meses los datos relacionados con la telefonía móvil "necesarios para identificar el origen y destino de la comunicación, así como la identidad de los usuarios o abonados de ambos, pero nunca datos que revelen el contenido de la comunicación". En el artículo 1 señala que la "cesión de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales". Por tanto, es evidente que se está refiriendo sólo al objeto de la ley y no de una manera general.
Señalemos, por último, que el INE es el organismo público que tiene encomendada la realización de las operaciones estadísticas claves del Estado, como censos, estadísticas demográficas y sociales, etc. Y esta misión está regulada en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. Dicha ley regula "el secreto estadístico, que afectan a derechos fundamentales, especialmente a la intimidad personal", que obliga al INE y a su personal a proteger los datos personales.
Garantizar la anonimización
Nos lo aclara la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. En el apartado c de su artículo 48.1 recoge entre los derechos de los usuarios el de que "sólo se proceda al tratamiento de sus datos de localización distintos a los datos de tráfico cuando se hayan hecho anónimos o previo su consentimiento". Por tanto, la anonimización sin posibilidad de identificación permite el tratamiento de dichos datos.
Podemos facilitar estos datos de tráfico agregados y anonimizados porque el artículo 89 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece las "garantías y excepciones aplicables al tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos". Y la principal garantía que menciona es el tratamiento que asegure la no identificación del usuario.
Para el futuro que me quiero bajar
Detrás de las voces críticas no hay duda de que se esconde cierta reacción al cambio cultural, sobre todo habida cuenta de que ese cambio supone, además, trastear en nuestros datos personales. Sin embargo, lo que realmente se hace es aglutinar datos en grandes bolsas o celdas, para extraer datos sobre el comportamiento colectivo (no individual) de esos agrupamientos.
Es evidente que estamos ante lo que podríamos denominar un moderno concepto de encuesta. Es decir, una encuesta en la que no nos molestan con la toma de datos. Tengamos en cuenta, por otro lado, que si la encuesta se hiciera por métodos tradicionales, estaríamos dejando por escrito nuestros comportamientos individuales.
Probablemente el INE hubiera podido evitar algunas de las reticencias escuchadas si hubiera actuado con mayor transparencia y claridad. Pero dicho eso, tenemos que asumir las reglas de un mundo donde el big data va a estar presente en cada átomo de nuestra vida diaria. Google, Facebook, Instagram, Google Maps, los grandes almacenes, los bancos, los organismos de tráfico y un larguísimo y creciente etcétera están haciendo uso de nuestros datos. Va a ser difícil que el futuro se pare.
Queremos bajos precios, bajos impuestos, reducción de trabas administrativas, eficacia de los servicios públicas y privados, etc. Pues bien, todo eso se logra principalmente con big data, especialmente sacando el máximo partido a los datos relacionados con nuestros comportamientos, usos y costumbres. Y, naturalmente, eso no impide estar en guardia y demandar las máximas garantías para que nuestra intimidad siga siendo íntima.
