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Blog Finanzas para abogados

23

de

Diciembre

Ricardo Queralt

Consultor Senior y Coordinador del departamento de finanzas de Netvalue Forensic

Propuesta de creación de una empresa pública de gestión de activos tóxicos de autopistas de peaje

Ante el riesgo de que nuevas concesiones de autopistas se declaren en concurso de acreedores, como ya ha ocurrido con las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5) o más recientemente con la M-12, Eje Aeropuerto, el Ministerio de Fomento ha propuesto la creación de una empresa semipública que se haga con los activos tóxicos de las concesionarias.


En la propuesta que maneja el Ejecutivo, el Gobierno se haría con el 80% de esta nueva empresa y el 20% restante quedaría en manos de las empresas concesionarias entre las que se encuentran los mayores grupos constructores del país, bancos nacionales y extranjeros y diversos socios. El valor de esta empresa sería de unos 600 millones de euros y tendría una deuda acumulada de 4.500 millones de euros.

El principal problema para las constructoras, es que este 20% supondría valorar en torno a 120 millones sus activos, cuando las inversiones fueron muy superiores a esta cifra, lo que causaría un impacto importante en sus cuentas de balance. El Ministerio propone además abonar a las concesionarias 350 millones de euros por las expropiaciones de los terrenos y los cambios de los proyectos.

A su vez, los bancos, en su papel de acreedores de estas concesiones, piden al Estado que avale sus deudas, a la vez que exigen que el proyecto esté listo antes de final de año.

Entre las causas que han llevado a las concesionarias a entrar en concurso de acreedores están unas previsiones de utilización de las vías sobredimensionadas en la mayor parte de los casos, la caída de los tráficos a consecuencia de la crisis, así como los enormes sobrecostes de las expropiaciones de los terrenos.

 Pero, ¿qué llevó a las concesionarias a presentarse a los concursos de licitación? De acuerdo a un estudio llevado a cabo por el Instituto de Estudios Financieros, dos de las principales causas que llevaron a la presentación de ofertas en las licitaciones de las autopistas fueron:

  • El Principio de equilibrio económico de las concesiones, concepto legal cuyo objetivo es limitar desviaciones respecto a las condiciones acordadas inicialmente.

Por este principio legal, los contratos se deben reequilibrar en caso de que la demanda sea superior al nivel máximo previsto, o inferior al mínimo fijado por el umbral de rendimiento de tráfico. No obstante, es un concepto jurídico indeterminado, al que se hace referencia en la legislación, pero no se concreta.

  • Renegociaciones de contratos. El contrato de obras públicas se reconoce como incompleto al no ser posible tener en cuenta todos los eventos que pueden suceder al principio, lo que abre la puerta a renegociaciones.

Además de lo dicho anteriormente, las concesionarias pueden acogerse al art. 247 de la Ley de Contratos del Sector Público que obliga a que en caso de resolución de un contrato de manera anticipada la Administración deberá abonar al concesionario las cantidades que hubiesen invertido en la expropiación de terrenos y en la ejecución de las obras.

Antes de que esto ocurra, y alguna de las concesionarias se disuelva y reclame al Estado el abono de estas cantidades, el Gobierno cree haber encontrado en esta empresa semipública la manera de evitar que la quiebra de estas concesiones alcance a las arcas públicas.

La medida propuesta busca un modelo en el que los ingresos cubran más de la mitad de los costes operativos de la operación. Pero antes que nada se deberá buscar la aprobación de Europa, que no vea esta operación como ayudas públicas, ya que de no ser así, serán las arcas públicas las que tengan que hacerse cargo.

De momento, las negociaciones continúan entre el Gobierno, la patronal que representa a las grandes constructoras (SEOPAN) y los bancos.


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