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La Diputación Permanente convalida los seis decretos leyes sociales del Gobierno

La Diputación Permanente del Congreso aprobó el pasado 3 de abril en su reunión única la convalidación de seis reales decretos-leyes sobre el Brexit; la igualdad de oportunidades en el empleo; la lucha contra la precariedad laboral; las medidas relacionadas con la vivienda y el alquiler; la regulación de las empresas de trabajo temporal para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria; y el destino del superávit de las comunidades autónomas y entidades locales.

La Diputación Permanente convalida los seis decretos leyes sociales del Gobierno

Con ello, el Ejecutivo logra la convalidación de todas sus medidas urgentes con el apoyo de los partidos que votaron a favor de la moción de censura del Gobierno anterior y, en todos los casos, con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular. El grueso de los diputados rechazó tramitarlas como proyecto de ley, lo que hubiera permitido modificar el texto de los decretos.

Así, en primer lugar se debatió el Real Decreto-Ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la UE. Esta iniciativa salió adelante con 40 votos a favor y 25 en contra.

Entre sus objetivos, se contempla preservar los intereses de los ciudadanos, españoles y británicos, que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada y preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de España, aunque también prevé normas de cooperación policial y judicial. 

A continuación, la vicepresidente del Gobierno y ministra de la Presidencia, Igualdad y Relaciones con las Cortes, Carmen Calvo, defendió el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, con el objetivo de eliminar la brecha salarial, así como garantizar la conciliación familiar y laboral y la corresponsabilidad. Entre las principales novedades del texto, convalidado también por 40 votos a favor y 25 votos en contra, está la de extender el permiso de paternidad de cinco a ocho semanas y fijar la senda para equipararlo al de maternidad (16 semanas) en 2021, imponer a las empresas registros de sueldo por sexos; equiparar la nulidad del despido de padres y madres o regular la cotización de los cuidadores de dependientes.

Los miembros de la Diputación Permanente debatieron y dieron el visto bueno después al Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. La norma, defendida por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, plantea ampliar la protección social y establecer incentivos para fomentar la empleabilidad con medidas como rebajar de 55 a 52 años el acceso al subsidio de 430 euros al mes para mayores desempleados.

También se regular la creación de un registro horario en las empresas y las bonificaciones mensuales en la cuota empresarial a la Seguridad Social por la contratación de personas desempleadas de larga duración. Por otro lado, se apoya la prolongación del período de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística o luchar contra el desempleo agrario. El real decreto-ley fue finalmente aprobado por 34 votos a favor, 25 en contra y 6 abstenciones.

Se convalidó también, con 33 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que busca ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino, incentivar la oferta de vivienda de alquiler y dar apoyo a los grupos más vulnerables. Para ello, se contempla la ampliación de la prórroga obligatoria de tres a cinco años en caso de que el arrendador sea una persona física y a siete años en caso de que sea una persona jurídica, se establece la variación del IPC como techo a la actualización anual del precio del arrendamiento y ofrece protección social en los casos de desahucio.

Además, se aprobó el Real Decreto-Ley 9/2019 por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria de manipulación de mercancías, presentado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. De este modo, el nuevo decreto-ley, que recibió 33 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, dispone una habilitación legal para que a través del Convenio Colectivo se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores para las empresas que decidan salirse de las Sociedades de Estiba (las denominadas SAGEP), asegurando así un derecho que ya se recoge en otros sectores productivos y garantizando los derechos laborales básicos de los trabajadores, así como la estabilidad en el empleo.

Por último, se dio luz verde, con 40 votos a favor y 25 en contra, al Real Decreto-Ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las Entidades Locales con habilitación de carácter nacional, defendido por la titular de Hacienda, María Jesús Montero. 

Las medidas aprobadas son, en principio, las últimas leyes de esta legislatura. La sesión de la Diputación Permanente, asimismo, ha sido la última para algunos de los diputados que ya no estarán presentes en las listas electorales del próximo 28 de abril.

La Diputación Permanente es el órgano del Congreso que asume las funciones del Parlamento entre periodos de sesiones y tras la disolución de las Cortes. Está formada por 64 diputados más el voto de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de los que 25 corresponden al Grupo Parlamentario Popular, 15 al Grupo Parlamentario Socialista, 12 a Unidos Podemos, 6 a Ciudadanos, 2 a ERC, 1 al PNV, y 4 al Grupo Mixto, cuyos miembros titulares corresponden al PDeCAT, Compromís, UPN y EH Bildu.

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