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¿Deberían las cajas de botín dentro de los videojuegos ser ilegales?

alumna de 5º curso de Derecho + Comunicación en la Universidad de Deusto

El gobierno de Bélgica las ha llegado a prohibir, estableciendo multas que llegan hasta los 800.000€ para aquellos videojuegos que las incluyan.

Videojuego

El mundo de los videojuegos es algo que cada vez está más presente en la sociedad y que poco a poco va creciendo tanto en usuarios como en beneficios. Cada vez existen más producciones dentro de este ámbito, aumentando así la cantidad de productos que se ofrece al público. Sin embargo, recientemente esta industria ha incluido en sus juegos un contenido que resulta molesto para los usuarios de los mismos (hasta el punto de considerarse abusivo), algo que no es anecdótico sino cada vez más presente: las cajas de botín o loot boxes.

Estas cajas permiten al usuario de los videojuegos utilizar dinero de curso legal en el seno de la propia partida, lo que permite al mismo adquirir objetos virtuales al azar dentro de la plataforma. Junto con esta práctica convive la posibilidad de utilizar la propia moneda del juego, pero este uso se presenta como un medio con menos dinamismo para los jugadores, de manera que va perdiendo terreno frente a la anterior. En sus primeros estadios, estas cajas ofrecían simples objetos estéticos que no afectaban a la jugabilidad, pero esta praxis se ha generalizado y alcanzado otro tipo de servicios, llegando incluso a ofertarse ventajas competitivas para los jugadores. Esto ha venido siendo una práctica habitual para aquellos videojuegos free to play, es decir videojuegos que de base son gratuitos, pero que incluyen servicios adicionales que requieren del desembolso de pequeñas cantidades de dinero; no es necesario resaltar que esto entraña innegables diferencias entre jugadores, lo que se ha traducido en el malestar generalizado de la comunidad de gamers.

El caso más mediático ha sido el del videojuego Star Wars Battlefront II, que incluyó diferentes habilidades para los personajes en este tipo de cajas, ofreciendo ventajas aleatorias a aquellos que pagaran más. Tal ha sido el escándalo, que en diversos países se han llevado a cabo investigaciones para determinar si estas prácticas deberían ser consideradas legales o no. Un ejemplo de ello es el gobierno de Bélgica, que ha decidido declarar este contenido como ilegal. Otros países como Corea del Sur u Holanda también han tomado cartas en el asunto, dando una solución similar. Por ejemplo, Corea del Sur ha impuesto multas en diversas ocasiones por el mal uso que se le ha dado a las cajas de botín. Por otro lado, la respuesta de Bélgica se debe a que se han considerado dichas cajas como juegos de azar y que los usuarios no cuentan con la protección suficiente. Sin embargo, ¿se podría considerar esta medida como un tanto extrema?

Huelga señalar que el contenido de las cajas de botín necesitaba algo de control, sobre todo para aquellos juegos que inicialmente son de pago. Era un grave problema sobre todo para menores, ya que la inclusión de este tipo de cajas no afectaba a la edad mínima que se establecía en el videojuego, por lo que menores tenían acceso total al contenido. Un ejemplo de ello es el FIFA, cuya edad mínima se marca en 3 años. Sin embargo, declarar todo este contenido contrario a Derecho, y por ende prohibirlo, parece una acción desmedida. Considero que existen otras medidas más idóneas para dar solución a esta problemática, tales como incluir avisos en el propio producto antes de comprarlo, limitar el tipo de contenido que se puedan incluir en esas cajas o aumentar la edad mínima del artículo para que solo aquellos mayores de edad puedan tener acceso a estas compras.

Esta desmesurada actitud del legislador se hace más patente si cabe si tenemos en cuenta que la prohibición no sólo ha afectado a las cajas con contenido jugable, sino también a las que contienen elementos puramente estéticos, sin realizar distinción alguna a este respecto. Siguiendo la problemática surgida, la iniciativa legislativa tampoco ha tomado en consideración la naturaleza del juego, de manera que ha aplicado de manera uniforme este principio, independientemente de que se trate de un videojuego gratuito o de pago. Esta diferenciación es de gran importancia, pues los juegos de base gratuita obtienen gran parte de sus beneficios en las ventas de dichas cajas, de manera que la interdicción se traduciría irremediablemente en una imposibilidad de juego y por ende, en un fracaso total. Da por tanto la sensación de que el legislador se ha decantado por el camino más sencillo para dar solución al tema: prohibirlo todo. No obstante, esta proscripción generalista no se adapta a la realidad que pretende regular, olvidando múltiples aristas de un problema complejo y que queda sin respuesta.

Lo que este escándalo ha dejado claro es que el sector de los videojuegos necesita una mayor regulación. No solo porque el propio producto como experiencia de juego se ve muy afectado, sino que también hay cantidad de menores que tienen un fácil acceso a un tipo de "juego de azar" y puede provocar cierta adicción en cualquier tipo de usuario, por lo que la propia seguridad de los jugadores se ve reducida, tanto desde un aspecto psicológico como financiero.  

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