El 18 de diciembre de 2018, el Panel de Recurso (“Panel de Recurso”) de la Junta Única de Resolución (“JUR”) admitió a trámite un nuevo recurso presentado por B. Cremades & Asociados contra la última decisión restrictiva de acceso al expediente de la JUR. Pasado ya un año y medio desde la decisión de resolución de Banco Popular Español, S.A. (“BPE”), los accionistas y bonistas continúan viendo violentado su derecho de acceso al expediente administrativo.
El 19 de junio de 2018, el Panel de Recurso concluyó su conformidad con el acceso a una versión censurada de la decisión de resolución de BPE, así como a versiones censuradas de los informes de valoración utilizados para su resolución. En consecuencia, el 31 de octubre de 2018, la JUR procedió a la liberación de parte de la documentación solicitada por el Panel de Recurso, incluyendo el Plan de Resolución de la JUR de diciembre de 2016, el Informe de Valoración de la JUR de 5 de junio de 2017 (conocido como "Informe de Valoración 1") y el Informe de Valoración de Deloitte de 6 de junio de 2017 (conocido como "Informe de Valoración 2"). Estos documentos continúan estando censurados más allá de las instrucciones del Panel de Recurso.
Recurso de apelación contra la censura continuada de la JUR
Por tanto, el 12 de diciembre de 2018, B. Cremades & Asociados presentó recurso de apelación contra la censura continuada de la JUR. En dicho recurso se alertó al Panel de Recurso de la desorganización y de la falta de criterio de la JUR durante el procedimiento de acceso al expediente. Ejemplo de ello es que, en la última versión del Plan de Resolución, publicada por la JUR el 31 de octubre de 2018, la JUR ahora censura información que no estaba censurada en su versión anterior, publicada el 2 de febrero de 2018. Por otro lado, la JUR continúa censurando pasajes de los documentos que el Panel de Recurso le había ordenado revelar.
La JUR incumple con el estándar establecido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales en relación con el derecho de acceso a expediente, así como con el derecho de defensa de los afectados por la decisión de resolución de BPE. Se trata de información básica y de una importancia crucial en el proceso de toma de decisiones de la decisión de resolución.
