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El magistrado del Tribunal Supremo César Tolosa analiza la Ley 39/2015 en un desayuno organizado por el Consejo General de Graduados Sociales de España y Thomson Reuters

27 de Septiembre de 2016

El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, con el patrocinio de Thomson Reuters, proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas, profesionales y administraciones, celebró ayer en la sede del Consejo el desayuno La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: Aplicación en el Ámbito Laboral, a cargo del magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, César Tolosa Tribiño. En el acto también participó Javier San Martín Rodríguez, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

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Según explicó César Tolosa, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo "supone un cierto cambio de tendencia en la regulación del procedimiento administrativo". El magistrado señaló que "estamos ante una refundición de normas ya existentes, pero que introduce   algunos cambios significativos, tanto en el procedimiento administrativo, como una reforma más de la Ley reguladora de la jurisdicción social". "Probablemente lo más novedoso sea la adopción por parte de estas normas de criterios jurisprudenciales ya consagrados que ayudan a generar una mayor garantía de los derechos de los ciudadanos", aseguró.

Además recordó que  "la Administración pública cuando actúa en el campo de las relaciones laborales lo hace conforme a las normas del procedimiento administrativo", por lo que "un cambio en esas normas va a influir directamente en la actuación de la Administración en el campo de las relaciones laborales y, desde esa perspectiva, es tremendamente importante que los profesionales del Derecho que trabajan en el ámbito laboral conozcan las novedades que se introducen en esta ley".  

Tolosa también comentó que las dos grandes finalidades de la ley "son la administración electrónica, para la que el legislador parece que reconoce no estar suficientemente preparado porque la entrada en vigor se demora un año más, no va a ser el 2 de octubre de este año y simplificar el procedimiento administrativo, reforzar las garantías de los ciudadanos, hacer desaparecer los procedimientos especiales y aclarar algunos aspectos que estaban dando problemas esencialmente  en materia de notificaciones".

El magistrado destacó que "lo más llamativo es que el legislador haya optado por una doble ley, en la cual  se produce una separación de algo que hasta ahora había tenido un tratamiento homogéneo dentro de la legislación. Por una parte el procedimiento administrativo y, por otra, las relaciones internas en el seno de las administraciones públicas", aseguró.  

Por su parte, Javier San Martín recordó que la actuación de los graduados sociales "ante los tribunales, sobre todo en materia de Seguridad Social, tiene una parte importante de Derecho Administrativo y de las cuestiones que afectan a este cambio legislativo que supone un avance y una equiparación de la legislación española a la legislación europea; flexibilizando  los plazos, agilizando la situación que produce a las partes poder acudir a la Seguridad Social en una reclamación administrativa, etc. Creo que para nosotros es un auténtico avance", concluyó.   

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