La escasez de liquidez, la crisis y la abundancia de abogados, obliga a ser extremadamente competitiva, probablemente para ello la eficiencia (especialización y tecnología) sea la clave
Las Cosas son como son y resulta que según últimos estudios España ocupa con 114.000 abogados la sexta posición mundial en número de abogados absolutos y la tercera (si descontamos Nueva Zelanda por su escasa población) en ratio de abogados habitante, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil países que tienen muchos más abogados, en relación a España 10 a 1 USA y 5 a 1 Brasil). Es fácil entender pues que estamos en mercado claramente "saturado" en cuanto a ofertantes de servicios jurídicos y es claro que no se trata de una opinión sino más bien de un dato objetivo.
A este dato hay que añadirle otro, y es que el 80 % de estos abogados españoles practican la profesión de forma individual o "rejuntada" de a pocos, con pocas o ninguna norma de gestión y políticas de precios "erráticas". Así que pensar en cuál puede ser el futuro de los despachos profesionales pequeños en este país cuanto menos merece una reflexión en atención a la importancia y volumen de la profesión afectada.
En primer lugar no puedo a escribir sobre la naturaleza negocial de la actividad de prestación de servicios jurídicos ni a la necesidad absoluta de qué esta sea rentable, mucho escribí de ello desde el año 2002 y mucho más se ha escrito ya en los últimos años por otros, por lo que evidentemente una primera aproximación a la bola de cristal del futuro dice que la actividad de prestación de servicios jurídicos será rentable o simplemente no será.
No hay duda que la rentabilidad sólo se puede edificar sobre la base de la eficiencia y considerando el tamaño de la mayoría de despachos, ésta sólo puede venir de la mano de la "especialización" simplemente por una cuestión de volumen. Reinventarse la rueda cada vez que viene un asunto nuevo, sencillamente no es rentable porque requiere demasiadas horas de estudio y de consulta y en consecuencia de coste que va contra la factura de servicios que paga el cliente, que va disminuyendo en cuanto margen de beneficio a medida que aumenta el coste de tiempo que se emplea para producir el asunto.
Otro aspecto importante de esta eficiencia es el apalancamiento en recursos tecnológicos. Vivimos en un mundo digital que permite interacción, rapidez, almacenaje e instantaneidad, sin la aplicación de estas ventajas, la reducción de costes y en consecuencia la eficiencia van a ser difíciles, esencialmente porque el panorama macroeconómico actual no invita a que el cliente esté en disposición de pagar más allá de lo estrictamente necesario y eso pasa por ser competitivo en precio, lo cual no se puede conseguir si no se es competitivo en costes. Hoy en día no debe hacer falta más para trabajar que una cuota colegial (hoy en discusión), un ordenador y una conexión internet para gestionar el almacenaje y edición de documentos en un servidor remoto. Lo demás como gasto fijo, es innecesario.
Como dice Richard Susskind's en su apocalíptico libro – The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services – "los abogados que no sean capaces de transformar su forma de trabajar y cambiar la forma de dar servicio" sufrirán para sobrevivir….o (añado yo) simplemente morirán.
