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Nuevas Tecnologías

21 de Febrero de 2017

“La capacitación tecnológica será parte integrante de la formación en derecho y nadie lo cuestionará”

  • Las universidades están buscando cómo implantar la capacitación tecnológica en su oferta formativa

Hace unos meses comentábamos en esta sección cómo la American Bar Assotiation (ABA) había incorporado a sus reglas la competencia tecnológica de los abogados. Desde su aprobación en el 2012 muchos Colegios de Abogados (Bar Assotiation) la han ido incorporando en sus códigos deontológicos.

Fernando Biurrun Abad,
Abogado.
Fundador de Law&Trends
Consultor de Social Media @fbiurrun


Esta competencia es exigible, como cometamos en el citado artículo, por la Corte Suprema de Filadelfia y, en este mismo sentido, el colegio de Abogados de california ha incorporado en su guía profesional el conocimiento que tiene que tener todo abogado en la investigación documental para acceder a la información almacenada electrónicamente -electronically stored information ("ESI")-, conocimiento que tanto clientes como jueces dan por supuesto.

Además, dicho conocimiento no es algo estático, la tecnología está en una continua evolución y la exigencia de la formación continua es una obligación implícita del abogado.

Ni en las normas deontológicas españolas, ni europeas encontramos unas referencias concretas a la competencia tecnológica de los abogados. Hoy en día, podríamos creer que esta competencia si está interiorizada en la profesión y en los despachos de abogados españoles.

Recientemente se ha fundado en España el Instituto de Innovación Legal (IIL), un centro dirigido a promover la innovación en el sector legal a través de la investigación, formación, difusión y de la innovación abierta.

Entre sus objetivos encontramos: fomentar la innovación en el sector legal, acercar el Derecho a los tecnólogos, apoyar el desarrollo de tecnología útil para el sector legal y la mejora de la Justicia, acompañar a los juristas en la transición digital, a través de actividades de formación, difusión, investigación e innovación abierta y posicionar España internacionalmente como centro de innovación jurídica.

Desde el conocimiento del Instituto de Innovación Legal nos adentramos en profundizar en cuál es la situación de la formación tecnológica de los abogados en nuestro país. Para ello, contamos con una de sus fundadoras y codirectora de mismo, Laura Fauqueur. Laura es, además, tiene una experiencia dilatada como directora de Marketing y Comunicación de Adarve Abogados.

Desde el Instituto de Innovación Legal, ¿considera que esta exigencia americana es un modelo a seguir? ¿Cómo ve desde el Instituto la capacitación tecnológica de la abogacía española?

Pues sí, esta iniciativa americana nos parece muy acertada. En unos años, la capacitación tecnológica será parte integrante de la formación en derecho y nadie lo cuestionará en absoluto, ni en  EEUU, ni en España ni en ningún otro lugar. Tenemos que acelerar el movimiento si no queremos que los juristas sean el último gremio en realizar su transición digital.

Para los abogados, la formación tecnológica responde a dos necesidades a las que deben responder con urgencia:

  • La primera es la capacitación tecnológica para optimizar el trabajo del propio abogado y de su despacho, para ganar en eficacia y rigor, optimizar sus procesos y reducir sus costes para ser competitivos. Existen una infinidad de programas que permiten al abogado organizarse mejor, presupuestar con mejor criterio, redactar con más meticulosidad, comunicar más eficazmente, etc. Se trata de conocer estas herramientas y de saber usarlas correctamente.
  • La segunda necesidad, no menos importante si el abogado quiere que su profesión siga teniendo tanta relevancia o más como ahora, es el conocimiento y la permanente actualización tecnológica para seguir en fase con la sociedad. El abogado no debe perder la innata curiosidad que le ha empujado siempre a mantenerse atento a la actualidad y las novedades relevantes, no solamente jurídicas pero también políticas y sociológicas. Todo ello conservando el espíritu crítico que caracteriza al abogado, porque no se trata de abrazar todo avance tecnológico como si fuera la panacea, pero sí de conocerlo de primera mano.

Por supuesto, y eso es común a ambos puntos, está el importantísimo tema de la ciberseguridad. Existe una gran necesidad de "cibertranquilidad", tanto para el profesional como para su cliente, y ello requiere como mínimo, un buen conocimiento de la tecnología y de sus usos para saber minimizar riesgos, anticipar crisis y resolver los problemas que surjan.

Y, ¿los nuevos abogados? ¿Podemos decir que la universidad se esmera en su capacitación tecnológica?

Si bien es cierto que los nuevos abogados tienen más conocimientos tecnológicos, no sabría decir en qué medida es gracias a la universidad o gracias a ser nativos digitales. Lo cierto es que, salvo contadas excepciones, no suelen salir de la carrera o del Máster con conocimientos específicos de tecnología legal o "Legal Tech".

Sí están mejor preparados en cuanto a la segunda necesidad que comentaba antes, que era conocer la tecnología de primera mano, pero no para la primera, que era tener un dominio de la Legal Tech que les permita optimizar su trabajo.

Y es que por capacitación tecnológica, no nos referimos únicamente a saber hacer tablas en Excel... Las universidades están (y algunas más que otras) buscando ahora cómo implantar la capacitación tecnológica en su oferta formativa, pero ello implica un importante cambio de modelo formativo y de profesorado. También necesitan contar con el asesoramiento de expertos en la materia y no es tan fácil identificarlos y ficharlos.   

Creemos también desde el Instituto de Innovación Legal que la cuestión de la ciberseguridad tampoco se trata tanto como debería durante la formación universitaria, y que un refuerzo formativo en esta materia es absolutamente imprescindible, independientemente de la especialización elegida por el (futuro) abogado.

La capacitación tecnológica es necesaria para todo jurista, y no solamente para el que quiera especializarse en TIC.   

¿Existe la oferta formativa adecuada para la asegurar la capacitación tecnológica del abogado?  

Existe oferta formativa para la especialización del abogado en el sector TIC, pero no cursos de TIC para el ejercicio de la Abogacía. Desde el IIL queremos que todo abogado que se quiera formar en TIC pueda hacerlo, adquiriendo conocimientos prácticos que sean plenamente aplicables a su práctica diaria.

Para ello desde el Instituto de Innovación Legal hemos diseñando los 3 cursos siguientes: tecnología para la gestión del despacho de abogados, tecnología para la venta de servicios jurídicos online, y finalmente redes sociales y community management para el sector legal. 

¿Sería necesaria una certificación para validar la exigencia de la competencia tecnológica?

Claramente, sí. Creo que muchas veces ocurre lo mismo con las certificaciones que con las cuotas. No serían necesarias las cuotas de mujeres si hubiera una igualdad real pero, hasta que ello ocurra, imponer cuotas es la medida, aunque imperfecta, idónea para llegar a la meta de absoluta igualdad, independientemente del género. Pues lo mismo ocurre con la certificación en competencias tecnológicas. Hasta que todos los abogados ejercientes sean profesionales que lleguen al oficio con capacidades tecnológicas "de serie", habrá que establecer criterios comunes para valorar y demostrar los conocimientos tecnológicos de cada uno, como puede ser el examen del ILEC para certificar el nivel de inglés jurídico.

Precisamente desde el IIL hemos llamado a estos cursos "certificados" ya que pretendemos fijar con ellos un corpus de conocimientos que sean los básicos y necesarios para todo abogado que quiera integrar la tecnología a su trabajo diario. De momento, estos cursos solo se imparten desde el Instituto de Innovación Legal, pero llegará un tiempo en el que se impartirán en más centros, y lo único que hará el IIL será certificarlos.  

Hemos contado con los mejores expertos para diseñarlos, y cada uno de los módulos que componen nuestros certificados será impartido por un profesional que, hoy en día, es muy conocedor de esta tecnología precisa y por lo tanto es capaz de transmitir desde la experiencia y la práctica lo que es necesario dominar en esta materia específica.

La tecnología está en constante cambio, y LexNet es buen ejemplo de ello, habiéndose quedado obsoleto antes incluso de lanzarse por el largo periodo de tiempo trascurrido entre cuando se diseñó y cuando se implementó la herramienta.

Por ello queremos, gracias a nuestros certificados, fijar unos conocimientos tecnológicos comunes para abogados y juristas en general, y creemos que, al igual que se ha creado el marco común europeo de referencia para las lenguas, se debería hacer lo mismo con la tecnología. También nos parece que sería muy conveniente que este criterio sea europeo, tomando en cuenta las diferencias que nos separan de los EEUU.     

¿Deberíamos hablar de una formación continua al modelo americano (unas horas anuales obligatorias para mantener la licencia de abogado que garanticen la puesta al día permanente)?

Efectivamente, el modelo americano de formación continua me parece muy acertado por el vertiginoso ritmo de evolución de la tecnología. El abogado, por muy nativo digital y formado tecnológicamente que sea, necesita una actualización permanente a media que evoluciona la tecnología. Al igual que un fiscalista que no se estudia la última reforma fiscal se queda desfasado y ya no puede proporcionar un asesoramiento adecuado a sus clientes, también lo es quien no se ha puesto al día en términos de cambios tecnológicos de la profesión.

A pesar de estar muy a favor del aprendizaje tecnológico para el sector legal tal y como lo están implementando los americanos, quiero destacar una vez más que creo que nuestro enfoque debería ser alternativo, más europeo. Al igual que nuestro sistema legal difiere del anglosajón, nuestro uso de la tecnología también, y hacer un mero calco de cómo lo hacen ellos no funcionaría. Por su alta litigiosidad, por nuestras distintas fuentes de derecho, por nuestra mayor y distinta consideración de la privacidad, por nuestros distintos sistemas de enseñanza, etc.

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