¿Derecho a la vivienda o a la especulación?

El derecho a la seguridad exige disponer de recursos públicos para mantener "gratuitamente" el orden ciudadano en la protección de los individuos y sus bienes. El derecho al voto, exige disponer de un orden electoral "gratuito" que impida el fraude en la construcción del censo y realización de los comicios, que acaban en la contabilidad del voto.  También el derecho a la educación exige la disposición de unos recursos públicos para garantizar una enseñanza "gratuita" hasta la edad que cada país considere que alcanza el derecho individual.

Otros derechos, como el derecho a la vivienda, se reducen a que el que sea propietario de una o poseedor, a título de arrendatario o a cualquier otro, no pueda ser privado de él si no es de acuerdo con las leyes que, en principio, tienen que protegerlo. No hay, sin embargo, ninguna razón por la cual este derecho no se pueda ejercer con igual respaldo público que cualquiera de los anteriores salvo el desmesurado protección del derecho de propiedad que fomenta la especulación, incluso institucional, cuando su actividad debería ser la contraria.

El derecho a la vivienda lo es de uso. Si está suficientemente atendido no tiene por qué ser objeto ni de propiedad ni, en consecuencia, de herencia. Y su atención sólo exige una voluntad política de carácter social, la misma que condujo a la enseñanza "gratuita", a la sanidad "gratuita", a la seguridad "gratuita", es decir, previamente pagada de modo colectivo con nuestros impuestos.

Para algunos ha constituido un escándalo la declaración de algunos políticos que han dicho que "los ciudadanos tienen que darse cuenta de que si quieren más seguridad tendrán que pagársela", que es el colmo del "liberalismo insolidario". Ése fue el liberalismo por el que sólo unos pocos tenían acceso a la educación y a la justicia "porque se la podían pagar". Hoy felizmente, aunque sobreviven políticos con mentalidad del S. XIX, la mayoría, al menos, no se atreve a decir en alta voz lo que, sin embargo, si siguen pensando.

La reciente historia de la especulación del ladrillo ha sido consecuencia de una política, primero fomentada y luego consentida, de privatización de las plusvalías sociales consistente en la urbanización de terrenos rústicos y "concesión corrupta" de esos terrenos a unos pocos. Bastaba haber tenido unas ideas claras sobre el sentido social de la propiedad para que esto no hubiera ocurrido de lo que se hubiera deducido una gran prosperidad social para todos.

Reconociendo, sin más discusión, el derecho actual de propiedad de las tierras, incluido  el derecho a dejarlas en herencia, se trata de un derecho de explotación agropecuaria. Cualquier otra actividad exige una autorización porque no está incluido en él. Sin embargo, sí está incluido el derecho a todo tipo de actividades relacionadas con la actividad agropecuaria, construcción de establos, bodegas, aprovechamientos lecheros, etc., por ser una ampliación del derecho primigenio, por el que, únicamente, se puede exigir el pago de las tasas correspondientes.

Frente al derecho de propiedad privado está el derecho social de la propiedad del resto de la humanidad, ¡nada menos que a 6.000 millones de personas menos una!. Es, pues, justa, la exigencia de que ese terreno produzca la riqueza que una explotación razonable permita. Tenerlo  subexplotado o yermo, permite expropiarlo pagando lo que el terreno valga, según dice la CE.

Del desarrollo ciudadano e industrial surgió una sociedad necesitada de viviendas, servicios e industriales en zonas concentradas que, por falta de atención política aumenta su valor sin mérito del propietario, que no invirtió en generarlo. Se trata de una plusvalía generada por la sociedad en su conjunto que, por tanto, es la única legitimada para beneficiarse de ella. Proteger la apropiación de esas plusvalías sociales es proteger el enriquecimiento injusto. La riqueza procede de la declaración de zona urbanizable que es una opción a la corrupción, que genera no sólo un enriquecimiento injusto sino el empobrecimiento injusto de todas las víctimas, las que contribuyeron a generar esa riqueza al hacer más próspera una población.

Por ello es razonable el ejercicio del derecho de expropiación del terreno por parte de los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o del propio Estado. Ningún propietario resultaría perjudicado si recibe el justiprecio de su valor agropecuario, que es todo su derecho de propiedad.

En tales condiciones, las plusvalías existentes por las operaciones especulativas que se derivan de esta concepción antisocial de la propiedad no existirían, sino que revertirían en la colectividad al no gravar el precio real del terreno. Adquirido por la institución pública, procedería disponer de él en un sistema de explotación mediante un arrendamiento privado para una explotación concreta por plazos, por ej., de 5 o 10 años, mediante licitación pública.

 Al ser menor el coste del terreno lo sería también el del arrendamiento, con notables ventajas. Así, se facilitaría la creación de empresas la reducir el monto de la inversión y de los gastos financieros. Por ello, aumentaría el monto de las tasas -lo que daría una financiación estable al Ayuntamiento –  al resultar incentivada la creación de instalaciones industriales.

Como una aplicación industrial exige una inversión en equipos elevada, el arrendamiento podría ser por períodos más largos; en cualquier caso, su coste apenas gravaría las unidades producidas reduciendo el capital inicial que tuviera que desembolsar la Sociedad Industrial.

De este modo, cuando, como es normal, al crecer la ciudad alcanzara el cinturón industrial, sería prioritaria la construcción de viviendas sobre ese terreno. Bastaría avisar a la empresa con tiempo suficiente la no renovación del arrendamiento y, en su caso, facilitar uno nuevo en otro terreno situado en el nuevo cinturón industrial. La no propiedad del terreno no haría atractivo que las empresas multinacionales las cerraran provocando pérdidas ficticias durante un par de años para ejecutar el "pelotazo inmobiliario", como ocurre a veces

Este esquema de propiedad haría más accesible la vivienda mediante la licitación de explotación privada del alquiler de las viviendas, con límites en los valores de la renta adecuados a la inversión realizada y a los costes de mantenimiento y gestión. Así, los inquilinos de esas viviendas tendrían una mayor movilidad a medida que mejorara su situación salarial.

El menor coste del terreno repercutiría en el menor coste de la producción industrial y los servicios, abaratando el producto. Así resultaría menor el coste del alquiler de la vivienda, frente al pago del préstamo para su adquisición. Eso la haría realmente accesible a todo el mundo con un salario discreto. Además, nadie se vería obligado a endeudarse por toda la vida laboral, en un préstamo al que, por otra parte, no siempre tendría acceso. Este menor gasto mensual tendría su traslado a la menor exigencia salarial que, de nuevo, disminuiría el coste del producto fabricado por esos trabajadores creciendo así, otra vez, la productividad de las empresas y servicios.

La construcción de un exceso de viviendas con alquileres bajos facilitaría la movilidad laboral, sobre todo la estacional, equilibrando las zonas de trabajadores subsidiados y zonas con falta de trabajadores. Otra vez se reducirían los gastos de los PGE y crecería la renta.

Impidiendo el enriquecimiento injusto que producen estas plusvalías sociales cuando se apropia de ellas quien no tiene derecho a percibirlas, esta doble reducción del precio de producción crecería la competitividad a nivel internacional y nacional, Así aumentarían las exportaciones y la producción nacional y se frenarían las importaciones. Si a ello se sumara la técnicamente necesaria reducción de la jornada laboral, el precio aun disminuiría más.

Ello produciría una nueva mejora de la balanza de pagos y un aumento de la producción, que repercutiría en el aumento del empleo, incrementando la espiral de desarrollo: aumento de los PGE, mayor recaudación de IVA, IRPF, SS y menos prestaciones por desempleo. Se evitaría la corrupción política: quien quita la ocasión, quita el pecado

En cuanto a los actuales propietarios, seguirían como hasta ahora. Porque no se trata de hacer una revolución desposeyendo a nadie de sus derechos, sino de plantear su actualización. Al aumentar la magnitud del mercado del alquiler, porque ya no se harían más viviendas en propiedad, se produciría una contención de su precio, y sería un mercado paralelo que, en términos porcentuales iría significando cada vez menos dentro de todo el conjunto inmobiliario.

Invertir en este proyecto los millones que ahora se le dan a los bancos sería lo correcto. El dinero público llegaría a los bancos a través de las personas; al revés no llega nunca.

Pero el Presidente del Gobierno ¿socialista? ha preferido la solución capitalista y especulativa: la compra de la vivienda favorece más a los especuladores que a los ciudadanos.