Artículos de Opinión

24 de Julio de 2008

Pacto por la justicia, que todo cambie para que nada cambie

Mercedes García Quintas,
abogado y colaboradora de Legal Today

Tras meses de interinidad de los dos órganos más visibles de la justicia española debido cuando no a la incomunicación al enfrentamiento entre gobierno y fuerzas políticas, ayer se escenificaron los prolegómenos de un nuevo pacto de Estado que hará posible el cambio de miembros, pero no el cambio de situación de una justicia impregnada de posiciones políticas.

Lampedusa hizo decir en el Gatopardo a Tancredi Falcone una frase que es ya un lugar común, "si queremos que todo permanezca como está, ha de cambiar todo". Tancredi, noble siciliano, se había casado con la hija del alcalde de Donnafugata, uno de los nuevos ricos que estaba ascendiendo puestos en la sociedad por el nuevo orden que se imponía en la Italia unificada; desdeñando a Concetta, otra noble por la que había mostrado interés. Además, había declinado un puesto de Senador que le habían ofrecido, dado que un cargo de ese cariz rimaba más con el antiguo orden borbónico de las Dos Sicilias que con el que había impuesto Garibaldi. "No somos ciegos, somos hombres", concluía Tancredi Falcone ante las preguntas de por qué tal cambio de vida en relación a la que había estado llevando.

En mayo murió Roberto García-Calvo. Las dos instituciones más visibles de la justicia española, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial estaban soportando una situación de prórrogas, el primero con una presidenta en su cargo en virtud de una disposición que salió adelante por no permitir votar a dos magistrados, uno de ellos el García-Calvo, exigiéndoseles un grado de apartamiento de convicciones personales superior al que parece haberse exigido a sí misma con el asunto de la llamada a la abogada encarcelada posteriormente por el asesinato a su marido, y el segundo en funciones en bloque desde hacía más de un año.

En la "enmienda Casas", una Ley Orgánica alteró un plazo de mandato que fija la Constitución y sustrajo al Pleno del Tribunal la decisión de pronunciarse sobre quién debe estar en ese puesto cuando el que lo ocupa ya lo ha ejercido durante los tres años establecidos. En el caso del Consejo General del Poder Judicial, la necesidad de una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras, proporción que exigía la suma de votos nacionalistas; hacía posponer una y otra vez una hipotética votación, sobremanera con la presencia de los movimientos soberanistas, aunque el Fiscal General del Estado había abogado públicamente por hacer una justicia adaptada a las circunstancias de cada momento.

Con el fallecimiento de García-Calvo, sorpresivamente a los dos partidos les entraron las ganas de renovar las instancias. El PP manifestaba su deseo por cubrir de manera urgente la vacante: miembro conservador fallecido, miembro conservador repuesto; mientras que el PSOE apostaba por una renovación en bloque que le permitiese designar también a los cuatro miembros que debe nombrar el Senado: el mandato de los cuatro vocales nombrados por el Senado venció en diciembre; y, de propina, el Consejo.

Sea como fuere, una vez rediseñado el Partido Popular, envalentonado el socialista con su nueva victoria, modulados los gestos y los discursos; y asentado un nuevo mapa parlamentario en el que han perdido peso los nacionalistas y se ha consolidado el bipartidismo, parece que los socialistas no hacen comercio nacionalista con cargos judiciales y se fían más de la oposición, o no directamente eso, sino que se trata de un interlocutor civilizado y no tres familias mal avenidas con pretensiones que hace pocos años hubieran sido desechadas antes por estrambóticas que con argumentos legales.

El anterior pacto por la justicia, cuyo literalidad se incluyó en la exposición de motivos de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial buscaba que "la Justicia actúe con rapidez, eficacia, y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados. Que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles. Que actúe como poder independiente, unitario e integrado, con una estructura vertebrada, regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales". En realidad, se nos dio una justicia lenta, íntimamente politizada, jueces monitorizados por el CNI, ataques frontales y recíprocos entre jueces y políticos, huelgas de funcionarios, errores traumáticos y la agridulce coincidencia de la reunión de Zapatero y Rajoy con la comunicación de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se reconoce que la Justicia española no fue imparcial cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a Gómez de Liaño por prevaricación ni cuando el Constitucional le denegó el amparo en 2003.

Pero uno y otro partido, simbolizado en ambos líderes, ya han dicho que tendrán un acuerdo político para renovar los órganos.

La separación de poderes es una de las bases de la democracia moderna. Sin embargo, ayer todos los medios informaron a campanadas el pacto político para regir la judicatura y las homologaciones constitucionales.

Ya las leyes son textos elásticos que no obligan a las instituciones públicas, sino que se pacta o se negocia; o mucho peor, se calla. Mientras tanto, las leyes acogotan con una dureza extrema a los ciudadanos; y la igualdad ante la ley es un principio de vigencia discutible debido a unas leyes autonómicas que hacen de la Constitución un folleto de referencia.

Lo mismo que antes el PP rechazaba ahora celebra, y el mismo compañero que antes los socialistas detestaban, ayer les llevaba a una nueva victoria del saber hacer que tan coquetamente siempre expresa Zapatero.

Como para Tancredi Falcone, es más práctico casarse con la nueva rica que con la que nos corresponde por formación y posicionamiento. Al poco tiempo de apoyar un noble como él la revolución garibaldina, Falcone le decía a su confesor: "He hecho un importante descubrimiento político. No ocurrirá nada".

• 5 vox silet 2008-08-11 15:31:13
  Además de la amenidad del artículo, la autora ha realizado una excelente historia "clínica" del problema, un buen diagnóstico, e incluso un pronóstico. ¡Enhorabuena!
• 4 Javier 2008-07-28 14:52:56
  Me temo que la solución va a ser vía parches. Además de las grandes palabras de casi siempre quisiera saber cómo van a poner en práctica medidas de mejora material de la justicia en unos tiempo de recesión completo del gasto y del crédito público. ¿dónde está en este pacto la memoria que recoja las mejoras materiales y las nuevas aplicaciones informáticas que requiere la gestión directa de los juzgados y tribunales? ¿Se ha tenido suficientemente en cuenta la CGPJ? Además todo lo que se haga será solo medidas parciales porque: ¿a que nos hay para que AMBOS partidos acuerden la elección del CGPJ sólo por los propios jueces/magistrados/secretario? Total, hoy benefician al PSOE pero mañana al PP. ESE es el principal pacto. Es una vergüenza para la democracia que el Parlamento esté nombrando a las personas que van a juzgarles. Los aforados sólo los juzga el TS/TC y al TS lo nombra ¿quién? han acertado: los propios futuros reos de cualquier tipo. INSULTANTE ESTE PACTO POR EL CACHONDEO DE LA JUSTICIA
• 3 Lucas 2008-07-28 00:18:13
  ¿Y por qué no se ponen de acuerdo los políticos en que la justicia sea independiente?
• 2 mmontero@unav.e 2008-07-25 11:57:05
  Muy buena y sugerente la mención a "El Gatopardo". Me gustan los escritos de esta autora por sus referencias literarias, suele tenerlas buenas.
• 1 maalem 2008-07-25 11:21:05
  Será difícil que el Tribunal Constitucional pueda llevar a cabo con la suficiente garantía de imparcialidad y credibilidad las funciones que tiene constitucionalmente encomendadas mientras no consiga desprenderse de las adherencias políticas que la misma Constitución propicia al describir el procedimiento de elección de sus miembros. Es lamentable que los nombres de los Magistrados se acuerden fuera del Parlamento y sean fruto de componendas políticas que luego los senadores (en el caso de la actual renovación) refrendarán sumisa y disciplinadamente. La consecuencia de eso es que luego cada magistrado tenga su etiqueta de "conservador" o "progresista", con el consiguiente desprestigio de la Institución, y del sistema que debería contribuir a garantizar y fortalecer.