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El Debate
7 de Marzo de 2008Patrimonio natural y biodiversidad, en el punto de mira
A pesar de que la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad fue publicada el 13 de diciembre del 2007 (Ley 42/2007), las protestas siguen poniendo en tela de juicio su viabilidad económica y jurídica. Reproducimos aquí los puntos más álgidos de un debate que ha pasado, de los corrillos cinegéticos, a las alamedas capitalinas, sin que las partes hayan logrado establecer canales de comunicación eficaces que permitan compatibilizar la caza con el cuidado al medio ambiente. La abogada Nadia Núñez, que se muestra a favor de esta ley, afirma que "La ley no es un invento". Por otra parte, el colaborador de Legal Today Martín Santiváñez tiene argumentos distintos a Núñez y habla de que "La zorra está cuidando el gallinero".
A Favor
Nadia Núñez, abogada
Los detractores de la norma se enfrentan a una manera de ver el medio ambiente que dista mucho de los compromisos adquiridos por España como Estado parte de la Unión Europea. Pensar que la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad es un "invento" de la administración es tanto como desconocer los graves problemas ambientales que enfrenta nuestro país. Además, muchas de las normas consignadas en el estatuto ya estaban siendo aplicadas en algunos ámbitos, por lo que no se le puede acusar de improvisación o demagogia.
El proyecto
pretende "preservar y fortalecer la riqueza natural y biodiversidad de España"
y en ningún momento prohíbe la caza o la pesca. Lo único que hace es imponer unas
condiciones que limitan su aplicación a los espacios, fechas, métodos de
captura y especies que determinen las Comunidades Autónomas, que en ningún caso
incluirán las del Listado de Especies de Interés Especial, o los métodos o
especies prohibidos por la
Unión Europea. Al fin y al cabo, no se puede negar que estas
actividades constituyen un aprovechamiento de recursos naturales que en algunos
casos necesitan de la protección estatal, incluso para garantizar la viabilidad
de la caza deportiva a largo plazo.
En lo que se refiere al conflicto de intereses en la financiación -y que supuestamente ocasionará que la ley sea un brindis al sol-, la normativa incluye el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que actuará como instrumento de cofinanciación dirigido a asegurar la cohesión territorial y la consecución de los objetivos ambientales. Dentro de las reivindicaciones de los cazadores, hay una especialmente demagógica: cuando alegan su derecho a cazar en todos los espacios naturales, olvidan que la norma sólo prohíbe esta práctica en los parques nacionales, que suponen menos del 0,1% del territorio nacional, donde, por otro lado, no se pueden realizar muchas otras actividades de carácter lúdico o comercial. Además, con respecto al cambio de munición, en realidad, la prohibición de usar plomo en humedales protegidos está vigente desde 2001 y la ley sólo amplía la prohibición a los de la Red Natura 2000.
Las quejas de los que se oponen a la norma intentan ocultar así las virtudes de una ley consensuada, gestada a lo largo de dos años y que pretende paliar el menoscabo a la biodiversidad aportando soluciones contra el cambio climático y la desertización. El colectivo de los cazadores es importante, pero el bien general que implica la conservación del medio ambiente, debe prevalecer en este caso. De lo contrario, en unas décadas, habrá muy poco que proteger.
En Contra
Martín Santiváñez, colaborador de Legal Today
A vueltas con la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, no sorprende que haya causado la indignación de aquellos que practican el antiguo -y por otro lado, tan humano- arte cinegético. A esto, que no es poco, viene a sumarse una gran variedad de anomalías que revelan un claro afán de protagonismo y un exceso de demagogia por parte de sus impulsores.
El principio rector de la norma (que deroga la Ley 4/89, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres), a juicio de la Vicepresidenta de Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, radica en que las comunidades autónomas tendrán que garantizar que el uso de los recursos naturales sea óptimo y que la conservación ha de prevalecer sobre la ordenación territorial, urbanística y sectorial; es decir, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad antepone la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística, lo cual, de entrada, parece una opción válida.
Sin embargo, el hecho de que ambas materias sean competencia de las administraciones autonómicas y los ayuntamientos puedan convertir esta "prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística" en un simple enunciado teórico; pone, a fin de cuentas, a la zorra a cuidar del gallinero. La razón es simple: mientras los ayuntamientos sigan dependiendo de la recalificación de terrenos para financiarse, la mayoría preferirá apostar por las nóminas antes que por los linces ibéricos o lo buitres leonados.
Otro aspecto relevante es la injerencia en la caza deportiva, tanto así que quienes la practican se ven ante una verdadera nacionalización del medio natural, pertenezca a quien pertenezca. Los cazadores también reclaman el derecho a ejercer su actividad en todos los espacios naturales sin verse constreñidos por una norma que cambia totalmente las reglas del juego. Razón no le falta a Antonio de Castro, halconero mayor del Reino, al afirmar: "Es una ley intervencionista que supone la tutela de la caza por la Administración". Prueba de ello es el intento de hacer desaparecer la munición de plomo, la cual es considerada contaminante, sin que esta afirmación sea acompañada de verdaderas cifras de impacto ambiental que permitan ser concluyentes sobre este punto.
Para agravar la situación, el cambio a perdigones de acero implicaría un costo para todos los aficionados a la cinegética y una merma en su seguridad personal. Esto se debe a que, cuando impacta, el plomo se deforma, evitando los peligrosos rebotes, tan comunes, por otro lado, en la munición de acero. En fin, una norma sin concertación, poco técnica y demagógica. Flaco favor el que nos hace este dirigismo estatal.
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