A favor

• Aparicio Caicedo. Analista de Gertrude Ryan Law Observatory
• El 28 de diciembre del 2007 se aprobó en las Cortes, con un alto consenso de las fuerzas políticas, la Ley del Cine. El texto, cuya tramitación parlamentaria comenzó en septiembre, incluye un paquete de medidas para ayudar al sector, que van desde las desgravaciones fiscales a la creación de un nuevo fondo para películas en lenguas cooficiales.
• Además, define la figura del productor independiente, flexibiliza la cuota de pantalla (porcentaje de películas europeas que tienen que proyectar las salas), impulsa la creación de salas municipales y la creación de un convenio colectivo sectorial estatal que regule los aspectos laborales. Con mucho acierto, el legislador también consideró de vital interés apoyar el patrimonio audiovisual nacional. Para esto se han destinado partidas presupuestales que faciliten la restauración y la digitalización de diferentes recursos fílmicos en peligro de desaparecer.
• La situación era insostenible. No resultaba fácil explicar cómo, mientras la Biblioteca Nacional y el Museo del Prado -por poner dos ejemplos- recibían subvenciones para su funcionamiento, gracias a las cuales lograban altas cotas de reconocimiento internacional, la Filmoteca Nacional seguía condenada al ostracismo y lo que es peor, al deterioro.
• Por tanto, esta normativa garantiza a la industria unas determinadas condiciones de seguridad, que de otra manera serían impensables. Este tipo de aproximaciones ha sido tenido en cuenta por diferentes países de nuestro entorno ,que persiguen, como nosotros, proteger el patrimonio fílmico nacional y dotar a los realizadores locales con herramientas para luchar contra la inundación de productos internacionales, sobre todo los provenientes del todo poderoso Hollywood. Esta norma nivela a los contendientes, de manera que sea justa la competencia de ahora en adelante.
• La protección de la cultura en general y de la industria filmográfica en particular tiene una vertiente económica, pero también una identitaria que debe ser tenida en cuenta. Respaldar la excepción cultural europea y garantizar la identidad de nuestro cine es un deber social que el Estado debe afrontar, y así lo hizo el pasado 28 de diciembre.
• Con respecto a la enmienda promovida por CiU: evidentemente, aceptar que una película, no dirigida por un español (o comunitario), pretendiera conseguir los beneficios que brinda la ley, era poco menos que deslegitimar sus logros. Asumir como nacional una realización, sólo porque el 75% de quienes intervinieron en ella fueran españoles, podría llevar a los productores a copar los puestos de poca relevancia artística con mano de obra nacional, hasta alcanzar este porcentaje. Contratando todo el equipo de montaje y transporte con una firma local, el promotor lograría fácilmente alcanzar los tres cuartos que lo separan de las subvenciones, el último cuarto podría ser el equipo de dirección. Sólo asegurando que el máximo responsable de la película es Español, o de un país de nuestro entorno, se podrá hablar de cine Europeo, que es de lo que se trata.
• Al final el acuerdo fue casi unánime entre las fuerzas políticas y los artistas lo recibieron con la esperanza de que sea suficiente para sacar el cine español a flote.