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El Debate
27 de Marzo de 2008Violencia de género
Casi tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas masculinas ha aumentado en España hasta llegar al insoportable límite de una cada tres días. Las asociaciones de mujeres exigen un endurecimiento de las penas y apuntan en su responsabilidad directamente a los jueces, por "boicotear" la aplicación de la ley.
A FAVOR
- Nadia Núñez, colaboradora de Legal Today
La discriminación y la violencia contra las mujeres se vienen produciendo desde hace siglos y esa es una realidad deplorable y nefasta que no se cambia en sólo tres años. Ciertamente, las cifras de mujeres muertas son escandalosas, lo que viene a demostrar la necesidad de profundizar en el camino ya emprendido, endureciendo las penas impuestas a estos delitos y aumentando la eficacia policial y judicial, no sólo en el castigo sino en la detección y prevención de estas conductas.
El Observatorio de violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial se escuda en las cifras de hombres condenados por delitos relacionados con la violencia de género, desde la entrada en funcionamiento de los juzgados especializados. Ello se realiza así para transmitir la idea de eficacia y de que no se puede hacer más; sin embargo, no se especifica cuántos de esos hombres han cumplido efectivamente sus penas ingresando en prisión, en vez de verlas reiteradamente suspendidas; o cuántos de ellos han demostrado que estaban rehabilitados de verdad, superando los programas formativos y psicológicos a cuyo seguimiento la ley exige condicionar la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas por estos delitos.
Después del esfuerzo que supone dar el paso de denunciar, mantener su denuncia en el juicio y probar la realidad del maltrato, tras sendos interrogatorios que parecen no distinguir quién es la víctima, la mujer se merece mucho más que un resultado práctico de penas leves de prisión para su agresor. Penas que, además, no se cumplen, porque los jueces, automáticamente, las sustituyen por trabajos en beneficio de la comunidad o cursos formativos los que, en muchos partidos judiciales, ni siquiera se imparten por falta de medios.
EN CONTRA
- Jimena Paseyro, colaboradora de Legal Today
En España el asesinato está castigado con pena de hasta veinticinco años de prisión, lo cual sitúa en el ámbito de lo absurdo promover el endurecimiento de las penas como solución a las muertes de mujeres por parte de sus parejas, más aún si pensamos en los supuestos, un 28%, en los que el hombre se suicida, o lo intenta, tras matar a su mujer.
En torno al 65% de las mujeres asesinadas por sus parejas jamás había denunciado ninguna forma de maltrato. Hay comunidades autónomas donde, en torno al 65% de las mujeres denunciantes, vuelven a convivir con sus parejas después de denunciarles. Ni en uno ni en otro supuesto, un juez tiene nada que hacer. Es muy significativo que, a diferencia de años anteriores, no haya existido desde la especialización de los juzgados en esta materia, ni una sola noticia que haya relacionado la muerte de una mujer con una posible negligencia o falta de acierto judicial en las resoluciones dictadas.
Los jueces no hacen sino aplicar una ley que ha optado, para combatir esta lacra social, por el camino de la ideología de género, ideología que priva a las mujeres de su capacidad de decisión, al imponerles el alejamiento forzoso de su pareja, incluso en contra de su voluntad. Ideología que considera que el mero hecho de ser hombre es reprochable, al imponerles penas más graves que a las mujeres por la comisión de hechos idénticos; e ideología, sobre todo, que rechaza hasta el punto de prohibirlo el único camino que, en el futuro, permitirá la eficacia en el combate de la violencia contra la mujer, como es la mediación, cuya contemplación y potenciación se está convirtiendo en un clamor, incluso mediante el desarrollo de experiencias piloto en el ámbito judicial.
La respuesta a estas cifras inaceptables de violencia tiene que buscarse en la falta de formación de amplios segmentos de la población en el valor constitucional de igualdad entre sexos; y, de manera muy destacada, en la absoluta inexistencia de una preocupación institucional por fomentar entre los ciudadanos la obtención de habilidades para resolver los conflictos en pareja de una manera constructiva. No debemos exacerbar la indiferencia ante la multiplicación exponencial de rupturas sentimentales en los breves lapsos de tiempo aún dominados por la impulsiva e irracional afectividad, que inevitablemente devienen en conflictos que los hombres y las mujeres no saben resolver, y que los hombres, a veces, resuelven con violencia. Cerrar el primer camino y abrir el segundo nos permitirá avanzar en la dirección correcta. Mientras tanto, y después, los jueces únicamente aplicarán la ley vigente. No tienen otro remedio.
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