Sentencia núm. 312/2016 Tribunal Supremo Madrid (Sección 1) 14-04-2016

1. El penado recurrente formaliza un único motivo de casación por infracción de ley ex artículo 849.1 LECrim (LEG 1882, 16) ., hay que deducir, aunque no lo incorpora a su enunciado, por infracción del artículo 76 CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) que transcribe posteriormente en la primera parte del desarrollo del motivo. En síntesis, frente a la distribución de los bloques realizada por el Juzgado en los fundamentos del auto recurrido y la exclusión de los mismos de la ejecutoria 433/2010, por referirse a hechos sucedidos el 18/07/2003, como corrige en el fundamento jurídico segundo, pues en los antecedentes consigna erróneamente el 20/05/2003, la pretensión del recurso es la acumulación de todas ejecutorias pendientes en un solo bloque que determinaría la aplicación ejecutoria de una sola pena de nueve años y dieciocho meses de prisión (el triplo de la más grave de todas ellas correspondiente a la ejecutoria 243/2005), acumulación única que según sus argumentos sería posible partiendo como sentencia de referencia de la de 28/11/2011 , es decir, la última de las dictadas que corresponde a la ejecutoria 541/2011. Añade una segunda razón consistente en todo caso en la aplicación del principio «in dubio pro reo» que relaciona con la aplicación del principio de legalidad y la prohibición de restricción de derechos.

2.1. En primer lugar, la invocación del principio o regla que acabamos de referir es ajena al caso por cuanto el mismo debe decidirse teniendo en cuenta el principio de legalidad siendo una cuestión relativa a la interpretación de la norma sustantiva o procesal, lo que no tiene que ver con la regla «in dubio pro reo» que resuelve en el proceso penal la suerte de los hechos inciertos o indeterminados fijando incondicionalmente el contenido de la sentencia cuando el Tribunal ha expresado sus dudas sobre la existencia de los hechos que constituyen el objeto del juicio, de forma que la falta de prueba de la culpabilidad equivale a la prueba de la inocencia.

2.2. Hemos señalado recientemente ( STS 139/2016 (RJ 2016, 789) ), al hilo del alcance e interpretación de nuestro Acuerdo de Sala General de 03/02/2016 (RJ 2016, 825) , –a cuyo tenor: «la acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia.- Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello»–, que el Tribunal Supremo lo que establece en el mismo <<no es un principio sustantivo penal sino una regla práctica y metodológica sobre el modo de proceder en la acumulación jurídica de las penas, fijando un criterio uniforme para su realización práctica, de forma que ello no debe impedir, a partir de dicho esquema, la posibilidad de su reconsideración teniendo en cuenta los principios sustantivos que deben tenerse en cuenta en esta materia, lo que desde luego no puede excluir otras posibilidades combinatorias siempre y cuando no se traspasen las reglas fijas e inamovibles establecidas por la Sala desde siempre: que los hechos sean siempre anteriores a la sentencia que sirve de referencia a la acumulación, que los mismos no estén sentenciados con anterioridad a la misma y que la operación debe ser completa porque como afirma la STS ya citada ( 706/2015 (RJ 2015, 5205) ) «acumular supone, en realidad, la realización de la operación completa prevista en el artículo 76, y no solo la posibilidad de considerarla». De ahí la necesidad de establecer una regla metodológica que recoja en principio el punto de partida de la totalidad de las penas potencialmente acumulables.

Según ello, cuando el apartado 2 del artículo 76 se refiere a que los hechos objeto de acumulación hayan sido cometidos antes de la fecha en que hubieren sido enjuiciados los que sirven de referencia, ello no significa necesariamente que esta sentencia deba ser la de fecha más antigua de todas las potencialmente acumulables sino anterior a las que hayan enjuiciado los hechos que sean objeto de acumulación en relación con la que sirve de referencia en cada caso.

De la misma forma, cuando el límite máximo sea superior a las penas impuestas, podrá reconsiderarse la combinación de las descartadas en la primera operación para el examen de otra posibilidad de acumulación distinta, siempre que se cumplan las reglas fijas señaladas más arriba.

En relación con lo que hemos denominado patrimonio punitivo es claro que el sistema acogido por nuestro Código Penal no puede sellar la posibilidad del mismo de manera absoluta pues ello es consecuencia del funcionamiento del propio sistema que limita la suma aritmética que representa la acumulación material introduciendo un límite cuantitativo que abarca penas impuestas en distintos procesos por hechos no enjuiciados y sentenciados con anterioridad a una sentencia precedente que se tome como referencia. La función de garantía a estos efectos está constituida por las reglas fijas que hemos establecido.

Debemos señalar que la interpretación sustantiva del sistema de acumulación jurídica no puede prescindir de determinados valores constitucionales como son los principios proclamados en el artículo 15 CE (RCL 1978, 2836) relativo a las penas inhumanas, el artículo 25 que proclama que las penas privativas de libertad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social y el propio artículo 10.2 que obliga a la interpretación conforme a los tratados y acuerdos internacionales y a la Declaración Universal de Derechos Humanos (así, por ejemplo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LCEur 2000, 3480) , 49.3, proclama que la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción)>>.

En el presente caso vamos a seguir la relación de ejecutorias que figura en los antecedentes, tomada del auto recurrido con la corrección de la fecha apuntada más arriba de la 433/2010, cuyos hechos tienen lugar el 18/07/2003 y no el 20/05/2003.