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Código Mercantil

10 de Junio de 2014

Anteproyecto de Ley del Código Mercantil: codificación modernizadora. Sin pausa pero sin prisa

El viernes 30 de mayo pasado el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil. Se trata de un texto que encuentra su justificación en modernizar algunas instituciones existentes así como regular algunas otras que carecían de normativa específica. Este Código Mercantil derogará, con su entrada en vigor, al menos diez normas relativas a Letra de Cambio, Cheque, Contratos de seguro, Sociedades, Competencia, etc. Y sustituirá a nuestro Código de Comercio actual, que data de 1885, del que algunos, como el Profesor Rojo, dicen que se trata de un “código de tienda y almacén”.

José Ignacio Saldarriaga Alonso,
Abogado del Departamento de Derecho Societario. Estudio Jurídico EJASO


El recorrido legislativo del Código Mercantil comienza el 7 de noviembre de 2006 con la orden del Ministro de Justicia a la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación para la elaboración de un Código Mercantil. Esta Comisión, entregó el Proyecto de Código Mercantil (ProCoMer) el 17 de junio de 2013 al actual Ministro de Justicia, que desea, según lo indicado por los medios de comunicación, que sea aprobado por las Cortes durante el mes de junio de 2015.

Independientemente del momento de entrada en vigor de Derecho de la norma, el Ministro de Justicia, "derogando" la normativa vigente, fijo la entrada en vigor de hecho en el momento en que el Consejo de Ministros lo aprobara (el pasado viernes), aduciendo que "ante la ausencia de regulación específica de muchas materias esto ya va a ser fuente, sin duda ninguna, a la cual van a acudir nuestros jueces y magistrados para resolver los conflictos que hasta ahora no estaban regulados". No cabe duda de que el texto aprobado es un importante y novedoso trabajo jurídico fruto del esfuerzo de reconocidos expertos en la materia, sin embargo, por motivos garantistas no puedo compartir la opinión del Ministro ya que la aplicación directa por Jueces y Tribunales del Anteproyecto de Ley en asuntos en curso, podría suponer la vulneración del principio de irretroactividad normativa en los supuestos previstos en el artículo 9 de nuestra Constitución.

El instrumento legislativo por el que la comisión ha optado ha sido el Código, con la intención de sistematizar y ordenar la dispersa normativa mercantil, lo que en palabras del Ministro de Justicia, proporcionará "incremento de la seguridad jurídica para establecer un marco jurídico homogéneo que va a facilitar la vida a los ciudadanos" y como establece la Exposición de Motivos del Proyecto, será "un mismo Código para un mercado único, con vigencia en todo el territorio nacional" y que sigue los pasos del francés Code de Commerce del año 2000.

Como ya ha sido comentado en numerosos artículos y medios, la estructura escogida es la de división en siete libros (Del empresario y la empresa; De las sociedades mercantiles; Del derecho de la competencia y de la propiedad industrial; De las obligaciones y de los contratos mercantiles en general; De los contratos mercantiles en particular; De los títulos valores y demás instrumentos de pago y de crédito; De la prescripción y de la caducidad de las obligaciones mercantiles) que vienen precedidos por un Título Preliminar que delimita la materia mercantil. En mi opinión esta estructura, tan tradicional como lógica en su orden que, además nos recuerda a nuestro Código Civil, favorece la labor de los operadores jurídicos y por ende a los operadores mercantiles proporcionando más seguridad jurídica que la que ya proporciona la unidad derivada de la codificación normativa.

El Código Mercantil consta de 1.726 artículos en cuya redacción se ha tenido en cuenta los ordenamientos de los países de nuestro entorno, así como los trabajos de UNCITRAL y UNIDROIT, lo que denota la importancia del comercio internacional.

En  relación con su contenido, se incluyen varios artículos sobre propiedad industrial y distintos tipos de contratos, como los de suministro, mediación, los de obra, prestación de servicios mercantiles, operaciones sobre bienes inmateriales, prestación de servicios electrónicos, contratos bancarios y de financiación, materias todas ellas sobre las que se venía demandando la aprobación de una normativa propia y específica. Sin embargo no dejó de sorprenderme que en la ya referida comparecencia del Ministro de Justicia, éste anunciase la no inclusión del contrato de distribución en el Anteproyecto, y más teniendo en consideración que fue una de las novedades más sonadas del ProCoMer por tratarse de un contrato atípico cuyo régimen había venido siendo configurado por la jurisprudencia y matizado por la normativa que le ha afectado (entre otras, Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, Ley del Contrato de Agencia, Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista) y más cuando es una de las materias respecto a las que existe más demanda de los sectores afectados. El ProCoMer estableció las modalidades de contrato de distribución, excluyendo otros contratos y estableció la compensación por clientela en supuestos de incrementos de operaciones-clientes, facilitación del fondo de comercio o que se hubiera pactado la no competencia del distribuidor. Sin embargo, parece que será objeto de una futura norma por razones que se me escapan pero que, entiendo, han de ser de peso cuando lo que se está buscando es la unidad normativa en aras de proporcionar una mayor seguridad jurídica.

En materia de sociedades, ha sido sonada (aun cuando ya estaba recogida en el ProCoMer) la adecuación del capital social a la estructura social escogida mediante el mantenimiento en 3.000,00 € de la cifra mínima de capital social en las sociedades de responsabilidad limitada y el aumento hasta 120.000,00 € de la cifra mínima del capital social en las sociedades anónimas.

Sobre la caducidad, es la primera vez que se regula con carácter general la caducidad en sus aspectos fundamentales: efectos, validez o nulidad de los pactos sobre ella y determinación de cuándo procede su aplicación de oficio.

En mi opinión nos encontramos con un Anteproyecto de Ley del Código Mercantil que debe ser tramitado, estudiado y modificado en lo que proceda con la paciencia que requiere un texto con vocación de permanencia que nace para sustituir a un Código de Comercio de 1885 y que debe mejorar en gran medida lo existente o, al menos, codificar y frenar la incontinencia normativa en materia mercantil para salvaguardar la seguridad jurídica y la unidad de mercado (fines últimos junto con la modernización normativa), aunque siempre en el marco constitucional relativo a las competencias de las Comunidades Autónomas.

Por todo ello, a mi juicio, junio de 2015 llegará demasiado rápido y no habrá tiempo para configurar y aprobar un Código Mercantil que ha de abarcar tanta amplitud material como nunca antes en nuestro ordenamiento, lo que indirectamente conllevará el consenso con demasiados operadores que tienen intereses muchas veces contrapuestos.


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