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Código Mercantil

1 de Octubre de 2013

Código Mercantil y doctrina de la actio nata en las acciones de responsabilidad de administradores

La Propuesta de Código Mercantil (PCM), elaborada por la Comisión General de Codificación, ha venido a recomendar cambios importantes en algunas cuestiones, entre las que estimamos preciso destacar la modificación (indirecta) del plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad dirigidas contra los administradores. El artículo 215-20 de la Propuesta señala que esta acción “prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse”.

Antonio Valmaña Cabanes,
Desarrolla su actividad profesional en la Oficina en Barcelona de Ceca Magán Abogados, principalmente en las áreas mercantil, procesal y concursal.


El plazo temporal no supone ninguna novedad, puesto que ya con la regulación actual es aplicable dicho plazo cuadrienal, que es el previsto por el artículo 949 del Código de Comercio (CCom), una vez superadas las iniciales discrepancias doctrinales y jurisprudenciales sobre la materia. Inicialmente, el Tribunal Supremo entendió que la responsabilidad de los administradores estaba sujeta al plazo de prescripción de un año del artículo 1.968.2º del Código Civil (CC), por considerar que se trataba de una responsabilidad de carácter extracontractual (STS 512/1992, de 21 de mayo). Este criterio cambió con las SSTS 626/1995, de 22 de junio, y 348/1999, de 29 de abril: realizando una profunda reflexión acerca de la verdadera naturaleza de la responsabilidad de los administradores, el Alto Tribunal entendió que tenía una base contractual y, por ello, el plazo de prescripción debía ser el de cuatro años del citado artículo 949 del CCom.

Tras todo ello, la jurisprudencia era en este momento pacífica respecto al plazo de prescripción de cuatro años (SSTS 208/2009, de 1 de abril; 489/2010, de 15 de julio) y, en este sentido, la PCM no introduce aparentemente modificación alguna. Sin embargo, sí la introduce y es sustancial. Y es que, aun cuando mantenga el plazo jurisprudencialmente convenido de cuatro años, modifica el dies a quo del mismo, lo cual obviamente conlleva una indirecta pero innegable modificación del plazo que, a la práctica, tendrán a su disposición quienes quieran promover una acción de estas características.

El artículo 949 del CCom establece como día inicial para el cómputo del plazo aquél en que los administradores cesen en su cargo, siendo éste el criterio que aplican nuestros tribunales de una manera también hoy pacífica (SSTS 981/2008, de 21 de octubre; 700/2010,  de 11 de noviembre). No obstante, no siempre había sido así: frente a la llamada "doctrina del cese", que es la que finalmente se impuso, hubo en su momento distintas resoluciones que defendieron la llamada "doctrina de la actio nata". Esta última doctrina entendía que, por más que el plazo aplicable fuera el de cuatro años, el dies a quo no debía fijarse en la fecha en que los administradores cesaran en su cargo sino, más bien, la fecha en que el demandante hubiera tenido ya la posibilidad de actuar contra ellos. La STS 348/1999, de 29 de abril, enjuiciando una acción de responsabilidad derivada de deudas sociales, lo justificaba de este modo: "la acción no es de responsabilidad por deudas, sino resarcitoria de daño, por lo que no nacería con el mero incumplimiento contractual, sino con la producción del daño, que, al menos en el caso, atiende más bien a cuando no se pudo hacer efectivo el crédito contra la sociedad".

La Propuesta de Código Mercantil parece querer recuperar la doctrina de la actio nata cuando sitúa el inicio del cómputo del plazo prescriptivo de la acción en "el día en que hubiera podido ejercitarse". Esto supone una variación importante respecto a la línea jurisprudencial existente en este momento, lo cual se puede apreciar fácilmente con un ejemplo práctico. Con la regulación e interpretación jurisprudencial actuales, si un administrador es demandado por el acreedor cuyo crédito no ha sido satisfecho y la base de la demanda es la responsabilidad por deudas sociales del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), la prescripción empezará a contarse en el momento en que dicho administrador cese. Consecuencia de ello, si incumplió su deber de convocar junta para promover la disolución de la compañía en mayo de 2011 pero cesó en el cargo en diciembre de 2012, el dies a quo se fijaría en esta última fecha. Por lo tanto, la prescripción no se produciría hasta diciembre de 2016. En cambio, si aplicá-ramos el criterio de la Propuesta de Código Mercantil -es decir, si retomásemos el criterio de la actio nata-, el dies a quo se fijaría en el momento en que el administrador incumplió su deber -o, a lo sumo, en el momento en que, tras incumplirlo, contrató con el acreedor la generación de nuevas deudas sociales-, por lo que la prescripción se adelantaría, según el ejemplo, a mayo de 2015.

Basta con un sencillo ejercicio de imaginación para darse cuenta de que la casuística puede arrojar resultados muy distintos según se aplique un criterio o el otro, teniendo en cuenta que entre el momento en que se produce el acto generador del daño y el momento en que el administrador cesa en su cargo pueden transcurrir muchos años y, por ello, la prescripción puede acabar siendo muy diferente.

Puede entenderse que la Propuesta busca, al recuperar la idea de la actio nata, ofrecer cierta seguridad jurídica a los administradores sociales, que verán convalidados sus actos por el mero transcurso de cuatro años, sin tener que soportar el riesgo -ahora existente- de que toda su gestión pueda ser objeto de demanda en su contra durante los cuatro años posteriores a su cese en el cargo, aun cuando los hechos que originen esas demandas puedan ser muy anteriores. Sin perjuicio de considerar acertado que se tienda a revisar el régimen de responsabilidad de los administradores existente en nuestro ordenamiento, por ser éste ciertamente severo,  consideramos que no es el plazo prescriptivo el aspecto a laminar. En definitiva, el instituto de la prescripción debe ser interpretado siempre con carácter restrictivo y sin perder de vista "no sólo el mero acontecer del paso del tiempo, sino también el animus del interesado" (SAP Baleares 440/2000, de 21 de junio): es decir, la prescripción tiene sentido cuando el eventual actor ha hecho dejación del ejercicio puntual de sus derechos, pero debe aplicarse con sumo cuidado el simple transcurrir del tiempo cuando, por ejemplo, la acción difícilmente podía ser conocida.

En este sentido, no es infrecuente que determinados aspectos de la gestión del administrador no puedan ser plenamente conocidos hasta que cesa éste en el cargo y una nueva persona asume dicha gestión. Es por ello por lo que se había venido imponiendo la doctrina del cese: no sólo porque suponía la interpretación más extensiva del plazo prescriptivo en el plano estrictamente cronológico (el daño nunca podría producirlo el administrador más tarde de su cese), sino también porque era el modo de garantizar mejor la cognoscibilidad del daño, sin la cual difícilmente podía alguien emprender una acción resarcitoria.

En conclusión, consideramos muy positivo que la Propuesta señale expresamente el plazo de cuatro años para la prescripción de este tipo de acciones (despejando las dudas que inicialmente se habían producido entre la jurisprudencia), pero consideramos que sería tal vez más conveniente apostar por la doctrina del cese antes que por la de la actio nata en lo relativo al inicio del cómputo del plazo.


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