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Código Mercantil

2 de Junio de 2014

El anteproyecto de Código Mercantil regula en 1.726 artículos materias que carecían de normativa aplicable

El futuro Código Mercantil regula materias que carecían de normativa aplicable. Es el caso de las normas sobre la empresa y operaciones o negocios sobre la misma y la representación.

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También se incluyen varios artículos sobre propiedad industrial y distintos tipos de contratos, como los de suministro, mediación, los de obra, prestación de servicios mercantiles, operaciones sobre bienes inmateriales, prestación de servicios electrónicos, contratos bancarios y de financiación. A lo largo de 1.726 artículos, la norma se estructura en un título preliminar, en el que se delimita la materia mercantil, y siete libros:

I.- Régimen jurídico de la empresa y la responsabilidad del empresario y Registro Mercantil

Regula la empresa, la representación de los empresarios, los negocios sobre las empresas y el Registro Mercantil.

Entiende "empresario" en un sentido amplio. Abarca a los agrícolas y artesanos, pero también se considera operadores de mercado a las personas que ejercen actividades intelectuales, liberales, científicas y artísticas, siempre que sus bienes o servicios se destinen al mercado.

Regula los requisitos generales de capacidad del empresario para el ejercicio de su actividad, en nombre propio o por medio de sus representantes legales.

Regula la responsabilidad patrimonial del emprendedor de responsabilidad limitada, que incluye la exclusión de su vivienda habitual de la responsabilidad por la realización de actividades económicas, según lo previsto en la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, de 27 de septiembre de 2013.

En la representación mercantil se incluye a los empleados y a los apoderados generales y singulares, en función de que sus apoderamientos se extiendan a todas las actividades o sólo a determinados actos del tráfico de la empresa.

En los concursos de acreedores, al regular la transmisión de la empresa como conjunto y, salvo pacto en contrario o falta de conformidad de la contraparte, comprenderá la cesión de contratos celebrados en el ejercicio de la actividad empresarial, la cesión de créditos generados en ese ejercicio y la asunción por el adquirente de las deudas que resulten de la documentación contable y empresarial, de las que el transmitente responderá solidariamente.

II.- Sociedades mercantiles

Entre las disposiciones generales destacan:

El establecimiento del principio de igualdad de trato de los socios en condiciones idénticas.

La regulación de la página web corporativa o el dominio electrónico de la sociedad. Se ha puesto especial cuidado en la regulación de los modos de adopción de los acuerdos sociales, incluyendo su impugnación como derecho de la minoría, y la administración de la sociedad.

Se han detallado las reglas básicas sobre capacidad para ser administrador, competencia orgánica y poder de representación.

El Código diferencia las dos grandes categorías de sociedades: las de personas y las de capital. En cada una de ellas se distinguen disposiciones comunes y disposiciones propias o especiales de un tipo concreto: en las de personas, las sociedades comanditarias; y en las de capital, las sociedades limitadas y anónimas.

Se incorporan las normas relativas a la sociedad anónima europea domiciliada en España, a la emisión de obligaciones y a la sociedad comanditaria por acciones.

Se ordenan un conjunto de materias, como las cuentas anuales, la modificación de los estatutos, las modificaciones estructurales y la separación y exclusión de socios. También se regula la disolución, liquidación y extinción de las sociedades mercantiles, las sociedades cotizadas y las uniones de empresas.

Sociedades de capital

Muchas de las normas reguladoras se aplicarán indistintamente, tanto a la sociedad anónima como a la limitada.

Además:

Para la sociedad limitada se mantiene en tres mil euros la cifra de capital social mínimo, mientras que en la sociedad anónima se ha elevado al doble: 120.000 euros.

Se profundiza en las nuevas técnicas de constitución telemática y simplificada.

Se incorpora el supuesto especial de la sociedad limitada con capital inferior al mínimo legal, recientemente regulado por la Ley de Apoyo a los Emprendedores.

Sociedades cotizadas

Se mantiene el tratamiento diferenciado de las sociedades cotizadas, establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital de 2010, con las propuestas realizadas por la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo.

Concentra las normas que corresponden al derecho de sociedades y aborda la prohibición de limitaciones de voto, el derecho a conocer la identidad de los accionistas, la información previa a la junta general, el derecho a presentar nuevas propuestas de acuerdo y las especialidades en materia de derecho de información.

Se da un impulso al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas.

Se ocupa de las asociaciones y foros de accionistas; las reglas de la solicitud pública de representación; el conflicto de intereses; las clases de consejeros; los requisitos para la acumulación de cargos y su duración; la cualificación del consejero independiente; las comisiones internas del consejo; las especialidades en materia de retribución o los instrumentos especiales de información societaria.

El régimen de las uniones de empresas, las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas adquieren relevancia normativa.

III.- Derecho de la competencia y la propiedad industrial

Incluye, por primera vez, determinadas normas ordenadoras de la actividad empresarial en el mercado -de manera coordinada con la Ley de Defensa de la Competencia del 3 de julio de 2007, a la que se remiten-, y normas de conducta dirigidas a empresarios y profesionales, pero también a cualesquiera entidad que, como la Administración, participe en el mercado.

Incorpora las normas sobre acciones y sobre algunos aspectos del procedimiento civil que hoy se contienen en la Ley de Competencia Desleal, del 10 de enero de 1991.

Incorpora normas de la propiedad industrial.

IV.- Obligaciones y los contratos mercantiles en general

El Anteproyecto establece unas normas generales que han de aplicarse a las obligaciones y contratos mercantiles como regla general con eficacia dispositiva; sólo imperativas en los casos en que así se disponga expresamente.

Estas disposiciones regulan las distintas fases de la vida del contrato, desde la fase precontractual, no contemplada en nuestro derecho positivo actual, hasta la extinción e incumplimiento del contrato, pasando por la perfección, la modificación, la interpretación y el cumplimiento del mismo.

Regula la contratación electrónica, que consagra los principios de equivalencia funcional, neutralidad tecnológica, libertad de pacto y buena fe.

Regula la contratación en pública subasta y la contratación a través de máquinas automáticas como formas especiales de contratación.

Como aspectos jurídicos importantes de la contratación moderna, el Código Mercantil incluye, además, las previsiones referidas a las Condiciones Generales de la Contratación y a las Cláusulas de Confidencialidad y Exclusiva.

V.- Contratos en particular

El libro quinto incluye un amplio número de contratos mercantiles que se celebran habitualmente en el tráfico económico para impulsar la seguridad jurídica a través del establecimiento de un régimen jurídico previamente conocido. Algunos se regulan por primera vez a nivel legislativo, como los financieros o los de prestación de servicios informáticos.

Se mantiene la posibilidad de considerar como mercantiles, en virtud del principio de libertad de pactos, otros tipos contractuales que se producen en el mercado. A esos contratos atípicos se les aplicarán las normas sobre obligaciones y contratos mercantiles en general previstos en el libro cuarto (Obligaciones y contratos mercantiles en general).

VI.- Títulos valores e instrumentos de pago y de crédito

Este libro responde a un concepto unitario de los títulos valores en atención a la función económica que cumplen, que es la de facilitar y proteger la circulación del derecho o derechos documentados.

Generaliza las reglas contenidas en la Ley Cambiaria y del Cheque.

Tiene en cuenta la progresiva sustitución del soporte papel por el soporte informático, una circunstancia que afecta a aspectos esenciales como la legitimación por la posesión del documento o la transmisión del derecho anotado.

La modernización que se opera en el régimen legal del cheque, el pagaré y la letra de cambio se incorpora también a la factura aceptada.

Se suprimen las copias de las letras de cambio y se elimina la figura de la intervención.

Sin perjuicio de las especialidades, se prevé un único régimen jurídico del libramiento, la transmisión, el aval, el pago y la falta de pago de estos títulos.

Se regulan por primera vez la regulación las tarjetas, sean de pago o de crédito a corto plazo, poniendo el acento en las obligaciones del emisor de la tarjeta con el objetivo de establecer las garantías que requiere el hecho de que muchas veces una de las partes contratantes no es un profesional.

VII.- Obligaciones y los contratos mercantiles en general

Para la prescripción y la caducidad se han tenido en cuenta las posiciones más modernas, tanto de los ordenamientos nacionales como del tráfico internacional.

Por lo que se refiere a la prescripción:

Se ha establecido un régimen general, aplicable a menos que exista disposición expresa en contrario, que prevé un plazo único de prescripción reducido a cuatro años.

Para computar los plazos se tendrán en cuenta los supuestos especiales de las prestaciones periódicas y las accesorias.

Respecto a la suspensión de la prescripción, su causa y sus efectos, así como las novedades introducidas en su interrupción:

A diferencia de lo que sucede en el derecho vigente, se reconoce la interrupción de la prescripción por requerimiento extrajudicial sólo por una vez para evitar que se pueda mantener un crédito con duración indefinida, mediante requerimientos extrajudiciales sucesivos.

Se fijan los efectos de la interrupción y su aplicación a los codeudores solidarios y a los codeudores de una deuda indivisible.

Se regula con carácter general la caducidad en sus aspectos fundamentales: efectos, validez o nulidad de los pactos sobre ella y determinación de cuándo procede su aplicación de oficio.