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Código Mercantil

13 de Junio de 2014

Los contratos de distribución: ¿una laguna en el anteproyecto de código mercantil?

El Consejo de Ministros del día 30 de mayo de 2014 ha recibido el Informe del Ministe-rio de Justicia y del Ministerio de Economía y Competitividad del Anteproyecto de Código Mercantil, texto llamado a cumplir un trascedente papel en el mercado empresa-rial, pero que todavía tendrá que superar un largo y azaroso procedimiento antes de que entre en vigor aproximadamente a mediados del año 2015.

Alberto Emparanza,
Catedrático de Derecho Mercantil. Director Académico CIALT Asesores legales y Tributarios.


La nueva normativa va a traer consigo indudables novedades que necesitarán un estudio detallado y profundo que ponga de relieve el alcance del extenso marco normativo mercantil proyectado. Ahora bien, la consagración de un cuerpo normativo dirigido a regular todas las instituciones relacionadas con el mercado despierta cierta desconfianza en el mundo empresarial por el presumible grado de rigidez que dicha normativa puede entrañar. Desde una perspectiva jurídica, sin embargo, dotar a los contratos utilizados en el tráfico mercantil de una regulación de referencia, aun de carácter dispositivo, que prevea las coordenadas básicas en torno a las cuales se va a regir, proporciona una mayor seguridad jurídica a las transacciones comerciales. En medio de este debate, que puede revestir en ocasiones hasta tintes ideológicos, sin olvidar tampoco los intereses puramente económicos de los operadores afectados, surge el Anteproyecto de Código Mercantil, con una clara vocación de regular de forma completa y exhaustiva todas las instituciones y contratos relacionados con el tráfico mercantil.

No se pretende a través de estas líneas mostrar las bondades o defectos del nuevo texto propuesto, cuyo anuncio, desde luego, no ha dejado a nadie indiferente. En tal sentido, tampoco es nuestro propósito reflejar las novedades que el nuevo proyecto normativo trae consigo. Ya habrá ocasión de exponer con detalle las novedades que presenta y los efectos que sobre la organización y gestión de los negocios empresariales puede traer consigo la nueva obra codificada. Debe destacarse, en cualquier caso, que alberga un tratamiento completo y exhaustivo de todas las instituciones y contratos propios del tráfico empresarial. En tal sentido debe ser valorado muy favorablemente el hecho de que en nuestro ordenamiento se haya previsto por vez primera una regulación específica para un buen número de contratos que tanta trascendencia despliegan en el ámbito mercantil, y que hasta ahora se hallaban huérfanos de tratamiento normativo expreso. Los contratos publicitarios o los contratos financieros, con sus distintas e intrincadas modalidades, por citar sólo los más destacables, reciben en el Anteproyecto de Código Mercantil un tratamiento específico jurídico-privado que está llamado a colmar una laguna jurídica que requería cubrirse hace largo tiempo. La contratación bancaria, por señalar el ejemplo más destacable, ha sido un campo especialmente propicio para la generación de conflictos entre las partes firmantes, entre otras muchas razones, por la falta de un tratamiento normativo de referencia que encauzara adecuadamente los intereses encontrados de los distintos intervinientes. La promulgación de una norma codificada en la que se establezca un pormenorizado tratamiento de los distintos contratos utilizados en dicho ámbito debe ser recibida con profunda satisfacción porque puede servir para evitar que se produzcan tales desavenencias o, por lo menos, de prever la forma de resolverlas anticipadamente.

Sin embargo, dentro de este nutrido elenco de contratos mercantiles ahora regulados ex novo se echa de menos la omisión injustificada del tratamiento de algún contrato mercantil de gran trascendencia práctica. En este sentido llama la atención poderosamente que no se haya contemplado en dicha norma el contrato de distribución, ni se haya formulado ninguna explicación a tal respecto en la Memoria del análisis del impacto normativo del anteproyecto de ley del Código Mercantil. Dicha ausencia no puede ser considerada, sin embargo, un mero olvido del codificador. Si se acude a la Propuesta de Código Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, germen original del Anteproyecto, se observa que dentro del Título IV del Libro Quinto, y bajo el título de contratos de colaboración figura el Capítulo III titulado "De los contratos de distribución" que dispensa a esta modalidad contractual 24 artículos de indudable relevancia. La inclusión de dicho tratamiento obedece, según la Exposición de Motivos de dicha Propuesta, a la necesidad de que este tipo de técnicas de comercialización de "distribución integrada" tenga un marco normativo de referencia, incluyendo bajo dicha terminología los contratos de venta en exclusiva, distribución selectiva, concesión mercantil y franquicia. Además, se declara la necesidad de proteger a la parte más débil de la relación contractual, esto es, al distribuidor, para lo cual se señala que el régimen consagrado reviste carácter imperativo. Como aspectos más destacables de la regulación contenida en la Propuesta para los contratos de distribución cabe destacar, en primer lugar, que establece una serie de deberes precontractuales que las partes han de cumplir con el fin de que sepan a ciencia cierta y con conocimiento de causa las obligaciones que la conclusión del contrato les genera. En segundo lugar, desgrana de forma pormenorizada las obligaciones de ambas partes, deteniéndose en prever todos aquellos aspectos que pueden suscitar problemas, tales como la determinación de los objetivos comerciales, la actividad publicitaria a realizar por el distribuidor y el alcance del pacto en exclusiva. Pero, sobre todo, lo que aclara, mediante su expreso tratamiento, es el régimen de la extinción del contrato de distribución, eliminando la sempiterna discusión acerca de si resulta aplicable o no analógicamente al contrato de distribución la regulación del contrato de agencia y si es factible la invocación de la indemnización por clientela. Este aspecto ha sido el que tradicionalmente ha generado un mayor número de resoluciones judiciales que, de forma no unánime, habían reconocido dicha extensión a los contratos de concesión, si bien de forma bastante restrictiva. Pues bien, en la Propuesta de Código Mercantil se admite expresamente que el distribuidor tiene derecho a la compensación por clientela en caso de extinción anticipada del contrato, aunque la formulación resulta especialmente compleja y no aclara completamente si dicha compensación puede modificarse o, incluso, anularse por vía contractual.

Por todo lo dicho sorprende que en el texto presentado al Consejo de Ministros haya desaparecido completamente cualquier mención a esta importante modalidad contractual. Con todos los defectos que pueda contener, lo que es evidente es que la redacción prevista en la Propuesta supone desde una perspectiva jurídico-privada, un avance en el tratamiento de los problemas que acucian al sector de la distribución. Permite resolver situaciones habituales de conflicto, generadas, en gran parte, por la carencia de una referencia normativa expresa. Además, aclara los derechos y deberes de los intervinientes y, sobre todo, proporciona mayor seguridad en las transacciones comerciales de este tipo. Es por ello por lo que no se entiende dicha eliminación, cuando además la propia Propuesta planteaba la conveniencia de que su regulación tuviera, siquiera parcialmente, carácter imperativo para proteger debidamente los intereses de la parte "más débil".

Somos conscientes de las dificultades que desde hace tiempo impiden el alumbramiento de la norma reguladora de este contrato. El frustrado intento del Proyecto de Ley de Contratos de Distribución (BOCG de 29 de junio de 2011) es buena prueba de ello. Tampoco ayuda la situación de interinidad de su tratamiento previsto en la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible y, por qué no decirlo, la presión latente de los poderosos intereses en conflicto. En cualquier caso, lo que no podría permitirse, desde una perspectiva técnico-jurídica, es que en un contexto de reforma integral del derecho mercantil con ocasión del Anteproyecto de Código Mercantil, quedara fuera de dicho proceso regenerador el tratamiento de los contratos de distribución. Esperemos que durante el dilatado proceso de tramitación de esta magna obra codificada, se subsane el "despiste" y se vuelva a incluir en su texto la esperada regulación de los contratos de distribución.  


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