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Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

7 de Abril de 2014

Hacia una nueva Ley de Asistencia jurídica gratuita

Desde siempre, la gran olvidada de todos los gobiernos ha sido la justicia, quizá -o sin duda, quien sabe- porque al ejecutivo nunca le ha importado que el sistema judicial funcione. O lo que es peor, le ha interesado que no funcione. Porque la justicia no es políticamente rentable, y en la mayoría de las ocasiones, un lento y defectuoso funcionamiento del sistema judicial, ha devenido en beneficioso para el ejecutivo, o por ser más exactos, para el partido en el poder, de tal manera que la justicia ha permanecido en el más absoluto ostracismo. Aún a pesar de ello, el buen hacer, la honradez, las ganas de trabajar, y la fe en la justicia material por parte de todos los operadores jurídicos, han logrado, al menos hasta ahora, que el sistema funcione.

Javier Martín García,
Diputado 2º y colegiado nº 2035 ICAVA


Pero se constata un cambio en esta legislatura, llevándose a cabo una serie de reformas legislativas, y proponiéndose otras en espera de su aprobación, que ahora sí, no hay duda, tienen como clara finalidad que por fin el sistema judicial deje de funcionar.

La más clara expresión de ese voluntarismo es la polémica Ley de Tasas para el Ejercicio de la Potestad Jurisdiccional, que, no solo dificultan, limitan, o incluso en ocasiones vedan, el acceso de los ciudadanos a la justicia, sino que además generan un grave desequilibrio entre los justiciables según su capacidad económica, al establecerse precisamente como destino de las cantidades recaudadas a través de dichas tasas el sostenimiento del sistema de asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, la desproporción entre la cuantía de las tasas y el destino que de las mismas se establece, se constata mediante la comparación entre el importe de la tasa judicial para cada uno de los procedimientos y recursos, y la cantidad establecida como compensación a los profesionales que intervienen en defensa del beneficiario de la justicia gratuita, y que aparecen recogidas en el baremo publicado como anexo al Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

Pues bien, en esa línea de despropósitos se publicó, en el BOE de fecha 23 de febrero de 2013, el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, en cuyo artículo 2 se procedió a la Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, provocando con ello un importante vuelco en cuanto el ámbito personal de aplicación del beneficio a determinados colectivos desfavorecidos sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, como son las víctimas de violencia de género, de terrorismo, de accidentes de tráfico que sufran secuelas que las impidan la realización de sus tareas habituales y precisen de ayuda de terceras personas, y los menores y discapacitados víctimas de abusos o malos tratos. Colectivos cuya especial protección se encuentra cubierta con una inmediata asistencia Letrada desde el primer momento, pero no por el hecho de ser beneficiarios sin más de la asistencia jurídica gratuita.

Tan importante modificación hizo pensar en un nuevo retroceso en la tramitación de la nueva Ley de Asistencia Jurídica, pero sin embargo, lejos de ello, el pasado 21 de febrero de 2014 se aprobó por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, del que merece destacarse la apuesta por mantener en líneas generales el sistema actual, como el más garante para la adecuada defensa del justiciable, ratificando además el sistema implantado en la reforma operada en febrero de 2013, si bien esta última opción no resulta ni mucho menos digna de elogio.

Y es que el Proyecto prevé un sistema de apertura de concesión del beneficio con independencia de los recursos para litigar, lo cual no deja de contrariar el mandato constitucional recogido en el artículo 119 de la Carta Magna, que establece la asistencia jurídica gratuita para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar, vedando una vez más la posibilidad de concesión del beneficio a las personas jurídicas recogidas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ni aún cuando acrediten insuficiencia de recursos, y que en los supuestos de imputación en procesos penales generará una obligatoria designación de letrado y procurador de oficio, sin posibilidad de retribución del trabajo desarrollado por dichos profesionales.

Se mantienen como beneficiarios, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, en el orden jurisdiccional social, pero solo para la primera instancia, ya que para la interposición de recursos de suplicación y casación sí deberán acreditar insuficiencia de recursos, distinción esta que no se comprende si se trata de proteger a un colectivo merecedor de especial protección.

Propone también el legislador modificar el trámite de resolución de la insostenibilidad de la pretensión, excluyéndose los informes del Colegio de Abogados y del Ministerio Fiscal, lo cual genera mayor agilidad en la tramitación, pero con una clara pérdida de calidad en su resolución, con las graves consecuencias que ello genera para el solicitante. Indefensión que se ve incrementada, si cabe, en los supuestos de planteamiento de la insostenibilidad por el segundo abogado designado, ya que en estos casos la Comisión no tiene otra posibilidad que la de desestimar la solicitud del beneficiario, sin más.

Además de la deficiente regulación del sistema respecto del beneficiario, se incrementan también las obligaciones de los profesionales y los Colegios, a la vez que se propone una importantísima reducción de los gastos de infraestructura de los Colegios, sin que se mejoren tampoco los módulos de compensación económica a los prestadores de los servicios, constatándose un notabilísimo incremento de la responsabilidad en la gestión y prestación de los diferentes servicios y turnos.

Una de las más novedosas propuestas resulta ser la establecida en el artículo 25 del Proyecto, del que parece desprenderse el desafecto al criterio de la territorialidad que siempre ha guiado la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, al permitir la intervención de cualquier abogado, siempre y cuando pueda personarse en la instancia judicial en menos de tres horas, sin preocuparse en este caso el legislador por la problemática que puede suponer al justiciable el tener designado para su defensa a un profesional con despacho en una localidad lejana al órgano judicial, así como la problemática en orden a los controles de calidad en la prestación de los servicios exigidos correlativamente en este Proyecto a los Colegios de Abogados.

La reforma propuesta, publicitada como respuesta a una petición de la Abogacía Española, se aparta sin embargo de todas las propuestas formuladas en las numerosísimas alegaciones realizadas por dicho colectivo, olvidando sobre todo la gran histórica reivindicación de los prestadores del servicio, cual es la garantía de cobro de los profesionales.

Por si todo ello no fuera suficiente, y dejando al margen otros problemas técnicos en la aplicación de la futura norma, pero no por ello de menor calado, el legislador propone, en la disposición final cuarta, la reforma del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula el régimen de las costas en los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y casación, para remitir su regulación al artículo 394 de la citada Norma Procesal, que regula las costas en la instancia y que establece el criterio general del vencimiento objetivo, pretendiendo así paliar la grave problemática generada con la tasa judicial en los recursos, mediante el reintegro del importe de la tasa abonada por el recurrente a través de esta vía, pero que en lugar de ello provoca una aún más grave desigualdad, al establecer la condena en costas de la parte recurrida, que se ha visto obligada a acudir a la alzada en tal concepto por una resolución en la instancia favorable a sus intereses.

En resumen, un desatino más en lo que se pretende sea una racionalización y mejora del sistema judicial, sin que las perspectivas reformistas permitan augurar una reconducción de tan perdido rumbo, sirviendo como ejemplos los anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesional, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de nuevo Código Penal, de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc.


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