Herramientas para el texto

Ley de Servicios Profesionales

7 de Noviembre de 2013

Abogados metidos a procuradores y ejercicio sin colegiación

Al margen de las disposiciones comunes a todas las profesiones que requieren colegiación para su ejercicio, el Anteproyecto de Ley contempla importantes novedades en el ámbito concreto de las profesiones jurídicas en general y de las de abogado y procurador en particular.

Carlos Balanza Nájera,
Licenciado en Periodismo y Derecho
Master en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional


Compatibilidad de la Abogacía y la Procura

Por su relevancia cabe destacar la que elimina tanto la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la Abogacía y la Procura, como los aranceles de los procuradores.

En concreto, la disposición final sexta del Anteproyecto establece que "la obtención del título profesional de abogado... habilitará igualmente para el desempeño de las funciones de representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice...  Cumplido dicho requisito de base, "el ejercicio simultáneo por la misma persona de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales es compatible excepto para aquellas funciones en las que el procurador ostente la condición de agente de la autoridad".

La compatibilidad del ejercicio simultáneo de la Abogacía y la Procura será de aplicación inmediata una vez entre en vigor la futura Ley.

Exonera de la colegiación a quienes representen a su empresa

Por otra parte, el Anteproyecto no da marcha atrás en uno de los aspectos más polémicos que contemplaban los borradores anteriores con respecto a la obligación de colegiarse de los abogados. Así, exonera de la obligación de colegiarse a los abogados que actúen en representación de un tercero con el que tenga un vínculo de naturaleza laboral, como es el caso de los abogados de empresa. El CGAE se ha mostrado muy crítico con esta decisión. Dicha excepción se contempla en la letra j) de la disposición adicional primera del Anteproyecto, que establece la obligación de pertenecer a un Colegio de Abogados "para ejercer profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de Abogado y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho en representación de un tercero, con el que no tenga vínculo de naturaleza laboral".

No contempla eliminar colegios

Finalmente no se ha materializado la previsión contemplada en los borradores anteriores y que había generado gran inquietud en el ámbito colegial: suprimir colegios hasta un máximo de uno por provincia y profesión. En  el caso de la Abogacía, habría supuesto dejar en 52 los 83 colegios actuales. El artículo 29.2 (Ámbito territorial) del Anteproyecto  establece que  "la determinación del ámbito territorial del Colegio será decidida libremente por cada Organización Colegial. Dentro del ámbito territorial que venga señalado a cada Colegio no podrá constituirse otro de la misma profesión o actividad profesional".

Si el citado ámbito territorial es la provincia, ¿los que existan en la actualidad deben fusionarse en uno? La respuesta es que no, al amparo de la disposición adicional octava (Mantenimiento del carácter colegial): "Los Colegios creados con anterioridad a la presente ley podrán mantener su carácter de corporación de derecho público sin que sea necesaria su disolución o conversión por no cumplir los requisitos de creación establecidos en esta ley", establece.

Los colegios grandes controlarán el CGAE

El capítulo III del Anteproyecto regula la organización y el régimen jurídico de los Consejo Generales. La principal novedad es el cambio de sistema de elección de sus órganos directivos, para lo que se tendrá en cuenta el número de colegiados en cada uno de los colegios que lo integran.

En el caso concreto de la Abogacía, en la actualidad los 83 colegios que componen el CGAE tienen el mismo peso a la hora de nombrar a sus órganos directivos. Sin embargo, si prospera la reforma en su redacción actual, se establecerá un modelo de voto ponderado en función del número de miembros que tenga cada colegio. Por tanto, los colegios de mayor tamaño, como es el caso de los de Madrid o Barcelona, pasarán a tener el control del CGAE. Con esta medida el Gobierno afirma que se busca reforzar el funcionamiento democrático de los Consejos Generales, "al establecer que en la participación de los colegios se tenga en cuenta el número de colegiados".

No elimina el suprime de acceso

Los futuros abogados se encontrarán con un marco normativo de referencia muy distinto al que regulaba la profesión cuando accedieron a la misma sus compañeros más veteranos. Los cambios se materializan en dos normas, una de ellas ya en vigor y la otra en fase de tramitación parlamentaria. La primera es la Ley 34/2006 de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. La segunda, es la citada y futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSP).

Cabe destacar que el rechazo frontal de la Abogacía a la LSP (y en general de las  profesiones que requieren colegiación) contrasta con el respaldo ofrecido por el CGAE a la Ley 34/2006 y por tanto su oposición a que ésta fuera modificada por aquella.

Tras una vacatio legis de cinco años, el 31 de octubre de 2011 entró en vigor la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Desde esa fecha, tanto los licenciados como los graduados en Derecho que quieran ejercer la Abogacía o la Procura deberán obtener un título profesional.

La obtención del título está condicionada al cumplimiento previo de varios requisitos. Además de estar en posesión del título, tres son los citados requisitos: realizar un curso extra de formación, desarrollar un periodo formativo de prácticas externas y superar la prueba de evaluación final acreditativa de la respectiva capacitación profesional. En cuanto este último, la disposición adicional cuarta del borrador de la LSP contemplaba suprimir el examen de Estado como requisito habilitante para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. Sin embargo el Anteproyecto no contempla la eliminación de la prueba de acceso, lo que habría supuesto la enésima vuelta de tuerca al contenido de la Ley 34/2006.


Vote:
|| || || || |
Resultado:
547 votos
  • Comparte esta noticia en yahoo
  • Comparte esta noticia en technorati
  • Comparte esta noticia en digg
  • Comparte esta noticia en delicius
  • Comparte esta noticia en meneame
  • Comparte esta noticia en linkedin

Te recomendamos

  • Practicum Acceso a la Abogacía

    Practicum de Acceso a la Abogacía

    La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, y su aplicación reglamentaria, ha introducido una amplia transformación en la forma de acceso a la abogacía.

Publique sus contenidos

Comparta opiniones, artículos y sentencias de actualidad con el resto de los profesionales del sector

publicar | ¿Estás registrado?| Registrate

Accesos adicionales:

© Editorial Aranzadi

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y poder ofrecerle las mejores opciones mediante el análisis de la navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información pulse aquí.   Aceptar

.