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Ley de Servicios Profesionales

16 de Octubre de 2013

Acerca del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales

Desde hace prácticamente diez años se viene hablando de la necesaria liberalización del subsector de los servicios profesionales. La crisis económica ha hecho que se perciba esta liberalización como una especie de cambio de paradigma impulsado por uno de esos mensajes de fuerte calado en la opinión pública y aun en los propios profesionales: los colegios profesionales deben desaparecer porque son instrumentos inútiles, pertenecientes a una concepción corporativista del Estado, que restringen la competencia y el libre acceso a las profesiones.

Carlos Gallego,
Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira


El Consejo de Ministros del pasado día 2 de agosto ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que pretende establecer el nuevo marco regulatorio del subsector de servicios profesionales y una nueva regulación de los Colegios Profesionales. Se trata de un Anteproyecto amplio y ambicioso, aunque aquí nos vamos a centrar en una de sus medidas más llamativas, ya ejecutiva, como es el "recorte" de Colegios Profesionales.

El Anteproyecto supedita la colegiación obligatoria a que así lo disponga una norma estatal con rango de ley y que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para aquellas actividades en las que puedan verse afectadas de manera grave y directa materias de especial interés general, como pueden ser la protección de la salud y la integridad física o la seguridad personal o jurídica de las personas.

El Anteproyecto hace ya aplicación de esta norma en su disposición adicional primera y enumera los Colegios en los que será obligatorio estar colegiado para ejercer determinadas actividades profesionales, de modo que para cualesquiera otras profesiones, actividades o funciones distintas de las que se detallan ya no será obligatoria la colegiación.

En total quedan en "vigor", en esta condición de obligatorios, Colegios de ocho profesiones sanitarias, Colegios de ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos y otros posibles técnicos para ejercer solamente actividades sujetas a visado colegial obligatorio según el Real Decreto 1000/2010, Colegios de abogados, aunque excluyendo la actividad de asesoramiento en interés de un tercero con quien se mantiene una relación laboral y, también, la representación y defensa del Estado y Entes Públicos, Colegios de procuradores, Colegios de graduados sociales para la intervención ante jueces y tribunales y, finalmente, Colegios de notarios y registradores.

El Anteproyecto lleva ya consigo, por tanto, una drástica reforma en la exigencia de colegiación obligatoria, aunque esto no implicará una supresión inmediata de los otros colegios existentes, que podrán mantener su carácter voluntario, sin perjuicio de que se fomenta la conversión de estos colegios en asociaciones profesionales.

Este recorte del listado de colegios obligatorios, sin perjuicio de que en el futuro una nueva ley estatal pueda modificarlo, es desproporcionado y carente de una justificación jurídica y económica. Pretende responder a la máxima eficacia del principio rector del Anteproyecto, como es la garantía del libre acceso a las actividades profesionales, y se basa en el postulado de la teoría económica general según el cual la liberalización, por sí misma, produce una mayor entrada de operadores, fomenta la competencia, rebaja los precios y mejora la calidad, todo ello en beneficio de los consumidores.

Sin embargo esa lógica en lo que podría denominarse mercado de los servicios profesionales no es tan evidente sino que, por el contrario, tiene una influencia muy pequeña en los mismos. En la oferta y demanda de servicios profesionales no se produce un mero intercambio de un bien o servicio por una cantidad de dinero, sino que se produce una relación que se caracteriza por una clara asimetría de la información y por la necesaria y esencial vinculación de confianza, que introduce aspectos de valor intangible que deben ser garantizados. En esencia los servicios profesionales se basan ante todo en la confianza de los consumidores y usurarios en su calidad. Esta garantía de la confianza, que es la garantía de estándares de calidad, se hace posible, ex ante, mediante la obligación de colegiación.

La exigencia de colegiación debe tener por objeto la garantía de una formación especializada, cualificada y actualizada; la aplicación de la ética mediante el control deontológico que procure la preponderancia del buen ejercicio profesional sobre el ánimo de lucro; el máximo reequilibrio posible de la información asimétrica en la relación cliente/profesional; la responsabilidad profesional e independencia de criterio.

No se trata, por tanto, de realizar una mera poda de Colegios como si el libre acceso a las profesiones fuera un dogma estigmatizador de cualquier exigencia ex ante de acceso a una profesión, sino de llevar a cabo una profunda reforma del régimen jurídico de los Colegios Profesionales que garantice esta función institucional de interés general, que los mismos deben desempeñar, de control previo de la efectividad de la confianza y, con ello de la seguridad y de la calidad del servicio, que es la columna vertebral del mercado de servicios profesionales, no solo y característicamente las profesiones sanitarias y jurídicas, sino también en las profesiones técnicas.

El Anteproyecto ha de ser perfeccionado y mejorado en no pocos aspectos que hagan de los Colegios, en primer término y de forma preponderante, entidades garantes de los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales y, en segundo término, entidades defensoras de los intereses profesionales con normas (por ejemplo, una más precisa definición del ámbito territorial de los Colegios) que prevengan frente al corporativismo que confunde los intereses de grupo y los de la institución hasta el punto, experimentado muchas veces en la realidad de cada día, de que el Colegio se perciba por la sociedad como una barrera frente a toda agresión externa.

El artículo 36 de la Constitución exige este nuevo Colegio y no que, al final, queden tantos o cuantos Colegios obligatorios. La razón jurídica así lo permite. La razón económica, a medio plazo, lo corroborará.


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