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Ley de Servicios Profesionales

27 de Septiembre de 2013

El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales

La reciente aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales ha sentado las bases de lo que, sin duda alguna, parece ser un cambio radical en el modelo de estructura y funcionamiento de las profesiones de abogado y procurador, además de otras actividades y corporaciones de derecho público como los colegios profesionales. Se establece una serie de profesiones que requerirán de colegiación obligatoria y se fomenta la transparencia y protección de los consumidores y usuarios como destinatarios de los servicios.

Lucía Moreno García,
Investigadora de Derecho Procesal


1.- Finalidad y ámbito material del Anteproyecto

La regulación actual de los colegios y actividades profesionales se caracteriza por ser excesiva, fragmentaria y dispar, lo que ha provocado que el pasado mes de agosto se aprobase el Anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales propuesto por el Ministro de Economía y Competitividad. De esta manera, y con la intención de fomentar el crecimiento de la economía, la competitividad y la calidad de los servicios profesionales, la reforma parte de la incidencia que tiene el sector servicios en la economía española, así como en los derechos e intereses de los ciudadanos. Por ello, se considera necesario el establecimiento de un régimen específico y unitario que regule conjuntamente los distintos aspectos de las corporaciones colegiales y servicios profesionales.

2.- Estructura y aspectos fundamentales

El Anteproyecto contiene 54 artículos, estructurados en un Título preliminar y tres títulos, en los que se distinguen sistemáticamente tres materias fundamentales -actividades profesionales, organizaciones colegiales y marco de protección de los consumidores y usuarios-, así como 11 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 16 disposiciones finales.

  • i) Servicios profesionales

Inspirándose en el principio general de libertad de acceso y de ejercicio profesional, el Título I regula los servicios profesionales, en los que se pretende garantizar la igualdad de trato y no discriminación, y la eficacia en todo el territorio nacional. En cuanto a las restricciones al acceso se señala que sólo pueden producirse cuando estén previstas en una norma con rango de Ley, y se justifique por razones de interés general. Asimismo se establece el principio de libertad de formas de ejercicio profesional, y la libre prestación para los profesionales comunitarios establecidos en otro Estado Miembro. Para garantizar la calidad de los servicios, la seguridad y protección de los consumidores y usuarios, en el mismo título se recogen una serie de derechos y obligaciones de los profesionales en el ejercicio de sus actividades. Además, se regula un marco sancionador de las infracciones que se deriven del ejercicio irregular de la profesión.

Un aspecto tan destacado como controvertido de la normativa -que afecta directamente a las profesiones de abogado y procurador- es la consagración como regla general de la libre compatibilidad en el ejercicio profesional de ambas. Las excepciones a esta regla deben estar establecidas por una norma con rango de ley, siempre que exista un posible conflicto de intereses y de acuerdo con el principio de proporcionalidad. En particular, se elimina la incompatibilidad en el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador, salvo para aquellas funciones en las que el procurador ostente la condición de agente de la autoridad. Las funciones tradicionales atribuidas a los procuradores han sido, además de la representación y comparecencia en juicio, actos de cooperación y colaboración con la Administración de Justicia. No obstante, el reciente Anteproyecto de reforma de la LEC amplía las competencias de los procuradores, confiriéndoles funciones en el ejercicio -de lo que denomina- como agentes de la autoridad (entre las que se incluye la comunicación y ejecución de embargos). Así pues, la futura ley pretendería compatibilizar el ejercicio de ambas profesiones, pero con la clara intención de seguir reservando algunas funciones al exclusivo ejercicio profesional del procurador. Por otro lado, se elimina la sujeción de los procuradores a aranceles, pero se incluye como excepción el ejercicio de las funciones del procurador como agentes de la autoridad, donde se mantendría la imposición de sus honorarios en función de un arancel. En cualquier caso, el Anteproyecto matiza que los derechos devengados por los procuradores antes de la entrada en vigor de la ley, se regirán, como era de esperar, por la normativa vigente en el momento de iniciarse el procedimiento.

Por otro lado, se considera la obtención del título profesional de abogado -conforme a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales- como requisito necesario tanto para la prestación de servicios de asistencia letrada en procesos judiciales y extrajudiciales, como para prestar asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado. Ciertamente, la práctica profesional de la abogacía venía desempeñándose de facto por abogados -plenos o sólo litigantes-, y por asesores jurídicos -dedicados exclusivamente al asesoramiento en Derecho-, de manera que el Anteproyecto viene a recoger esa realidad presente en la abogacía española.

  • ii)  Colegios profesionales

En el título II se establece el régimen jurídico de las organizaciones colegiales,  entre cuyos objetivos básicos se encuentra el fomento de la transparencia, la calidad de los servicios profesionales y la protección de los consumidores y usuarios. Los Colegios se consideran corporaciones de derecho público que asumen funciones públicas, quedando sometidos a controles y supervisiones específicas para garantizar el principio de transparencia. De este modo, para asegurar el funcionamiento adecuado de las corporaciones colegiales, éstas se regirán por los principios de buen gobierno, funcionamiento democrático e incompatibilidades de sus cargos para garantizar la independencia de los mismos. Además, se acentúa la importancia de los códigos deontológicos, los cuales serán únicos para cada colegio profesional; y, finalmente, se consagra como prohibición general la recomendación de honorarios.

En particular, se establece que la colegiación será obligatoria únicamente para el ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades de ésta, pero exigiéndose para ello una norma con rango de ley que lo establezca y responda a razones de interés general, esto es, cuando se pretenda garantizar una mejor defensa de los destinatarios de los servicios o se refiera a materias de especial interés general (v.gr., protección de la salud e integridad física, seguridad personal o seguridad jurídica). En concreto, la disposición adicional primera indica una serie de profesiones en las que la colegiación será obligatoria, entre las que sigue encontrándose el ejercicio de la abogacía: así pues, será obligatorio estar colegiado en un Colegio de Abogados, tanto para quienes asuman la dirección y defensa de  las partes en procesos judiciales y extrajudiciales en los que se imponga o faculte la intervención de Abogado (‘abogados litigadores' -sea en procedimientos jurisdiccionales, arbitrales, mediación o administrativos, esto es en cualesquiera procedimientos jurídicos-), como para los que presten asistencia letrada o asesoramiento en Derecho (‘asesores jurídicos') que actúen en representación de un tercero -quienes asesoren en representación de cualquier persona física y/o jurídica: v.gr. asesoramiento a persona jurídica integrante del órgano de administración de una sociedad-, cuando no tengan con tal tercero vínculo de naturaleza laboral. Así se colige, tanto de una interpretación literal como sistemática de la norma, dado que la Disposición final sexta, que exige la obtención del título profesional de abogado tanto para el desempeño de la asistencia letrada en procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte su intervención, como para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando el término de abogado.

Además, para garantizar la compatibilización en el ejercicio de la abogacía y la procura, la disposición transitoria quinta establece como deber de los Colegios de Abogados adoptar las medidas necesarias para poner en funcionamiento los servicios de recepción de notificaciones. Asimismo, el Ministerio de Justicia llevará a cabo las actuaciones necesarias para permitir el acceso efectivo a LexNet a todos los abogados.

  • iii) Calidad de los servicios y protección de los consumidores y usuarios

La reforma destaca el papel primordial de los consumidores y usuarios como destinatarios de los servicios. Para ello establece una serie de medidas que tienen por objeto garantizar su protección y solucionar los problemas derivados de la asimetría de la información. Entre tales medidas se encuentra la obligación específica de los profesionales de prestar información a los consumidores y usuarios sobre los servicios ofrecidos, el precio y su solvencia técnica, entre otros aspectos. A su vez, se establecen mecanismos para fomentar la adhesión de los profesionales al Sistema arbitral de consumo, su formación continua para garantizar la calidad de los servicios, y el establecimiento de sistemas de certificación de profesionales. En particular, la disposición final octava modifica el RD Leg. 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, incluyéndose en el art. 49.1 del mismo, el ejercicio irregular de la profesión como una nueva infracción en materia de consumo.

3.- Conclusión

La normativa aboga por un nuevo marco regulador de los servicios y colegios profesionales basados en los principios de libre acceso y ejercicio profesional, de modo que se garantice el interés general de la forma menos restrictiva posible. Se establecerán nuevos mecanismos para fomentar y garantizar la calidad de los servicios, el principio de transparencia y la seguridad de los ciudadanos como destinatarios de los servicios profesionales. En definitiva, nos encontramos ante una reforma, que en caso de seguir adelante, supondrá un cambio estructural en el ejercicio de las actividades profesionales de abogado y procurador, así como en la organización y funcionamiento de las corporaciones colegiales.


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