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Ley de Servicios Profesionales

9 de Enero de 2013 LAS LÍNEAS DE CAMBIO DE LA LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES LLEGAN EN EL MOMENTO MÁS CONFUSO

¿Favorecer la competencia reavivando recelos profesionales en el sector jurídico? Malos tiempos para desestabilizar

El documento de trabajo del Anteproyecto de Ley de Servicios profesionales, que afectaría de lleno a las profesionales colegiadas abriendo el arco de personas que accederían a las actividades, desbloqueando límites (como la eliminación de la prohibición de simultanear abogacía y procura y de la obligación de colegiarse en todo caso) y desmantelando el examen de acceso a la abogacía y la procura llega en un momento en que el colapso de la crisis económica, la Ley de Tasas y la estandarización de servicios jurídicos ya habían cambiado el tono profesional de un sector que se está redimensionando.

Legal Today


Los Colegios de Abogados hace mucho tiempo que perdieron esa estabilidad de la que gozaron durante mucho tiempo, cuando su labor de concentración de los profesionales, relativo monopolio por descarte de la formación continua y referente profesional y deontológico de los colegiados les permitía avanzar sin ser puestos en discusión.

El borrador del Anteproyecto de Ley de Servicios profesionales, que en lo que afecta a las profesiones jurídicas fundamentalmente amplía ciertas excepciones de colegiación, compatibiliza la abogacía y la procura y desmantela el examen de acceso con el fin de desregularizar y generar empleo añade al sector una sensación de pérdida de espesor de la actividad en un momento de desestabilización estructural.

Recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia

En el mes de mayo pasado, la CNC instaba a los Colegios profesionales a revisar sus normas internas de funcionamiento (Estatutos, Códigos deontológicos, Reglamentos de régimen interior y demás normas internas de funcionamiento) para adecuarlas al nuevo marco normativo y evitar elementos que puedan restringir la competencia en los mercados al limitar el acceso a las actividades profesionales o la libertad comercial en la prestación de los servicios profesionales.  La CNC recomienda también a los Colegios que asuman la obligación de informar de las actividades llevadas a cabo para evitar las restricciones a la competencia identificadas en el informe.

Además, se recomiendaba al Gobierno que estableciera de manera justificada el catálogo único para todo el territorio nacional de las profesiones que deben quedar sujetas a colegiación obligatoria, a fin de evitar la dispersión existente en la actualidad a este respecto entre territorios y la existencia de obligaciones de colegiación injustificadas.

Finalmente, se recomiendaba al Gobierno y a las Comunidades Autónomas que en aquellos casos en que se mantenga la colegiación voluntaria eviten atribuciones a los Colegios profesionales que puedan dar lugar a distorsiones de la competencia.

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CC.AA. que han reformado su normativa de Colegios después de las Leyes Paraguas y Omnibus. Fuente: Comisión Nacional de la Competencia

Hay que tener en cuenta que la Comisión Nacional de la Competencia considera que los regímenes de autorización, como la colegiación obligatoria, son una restricción a la liber­tad de establecimiento  y, en consecuencia, deben cumplir obligatoriamente los requisitos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

No puede olvidarse el hecho de que los Colegios están compuestos por profesionales que deben competir entre sí en el mercado ofreciendo sus servicios y que sus actuaciones están indudablemente sujetas al derecho de la competencia. La Ley de Colegios Profesionales aclara en su artículo 2.1 que "El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal", y en su artículo 2.4 dispone que "Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia".

Cliente y fijación del precio en la abogacía

¿Es bueno que en los servicios de la abogacía sea fundamental el precio? Miguel Ángel Pérez de la Manga comenta que "competir en precio tiene un serio inconveniente, y es que sólo gana uno: el más barato. Algo a tener en cuenta en la planificación y viabilidad a medio plazo de una firma de servicios profesionales".

De todas maneras, sí es saludable que haya un ajuste, un cierto pacto de honorarios entre cliente y abogado. Sin embargo, y tal y como expone el  informe bianual que ha hecho público de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia acerca del funcionamiento de la Justicia en los países miembros del Consejo de Europa; España es de los países del Consejo de Europa en que el cliente tiene menos papel en la fijación del precio de los servicios profesionales de la abogacía.

 

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El servicio colegial de cobro de honorarios como instrumento de control de la actividad de los colegiados

Tal y como especifica  el informe de la Comisión Nacional de la Competencia tras la Directiva de Servicios hay Estatutos Generales que facultan al Colegio para comprobar el cobro de honorarios. Este es el caso del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, que establece en su art. 34.2 que las Juntas de Gobierno podrán exigir a sus colegiados que acrediten que cumplen con las disposiciones arancelarias vigentes, incluso con exhibición de las facturas de suplidos y derechos y su reflejo contable.

La reforma de la Ley de Colegios Profesionales de 1997 eliminó la facultad de los Colegios  de obligar a sus colegiados a canalizar los cobros de honorarios a través del propio Colegio, posibilidad que pasó a ser opcional para los colegiados.

Aunque es verdad que dicha aplicación de la libre competencia al ámbito colegial se encuentra expresamente recogida en esa reforma, también es verdad que hasta el año 2000 la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; aunque versase sobre una situación normativa anterior, había sido tradicionalmente desfavorable -Sentencias de 9 de noviembre de 1.988 (RA 769/1.987) y de 16 de marzo de 1.989 (RA 1.778/1.987)-.

Actualmente, el art. 5.p de la LCP establece que los Colegios tienen la función de encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales cuando el colegiado así lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el Colegio tenga creados los servicios adecuados y en las condiciones que se determinen en los Estatutos de cada Colegio.

El cobro de honorarios a través de los Colegios Profesionales presenta riesgos importantes de restricción de la competencia. Por un lado, si existe un acuerdo previo entre profesionales sobre los honorarios, un reparto de mercado o un acuerdo de compensación, la centralización de los cobros puede ser un mecanismo para controlar que los profesionales cumplen con el acuerdo. Por otro lado, aún en ausencia de un acuerdo anticompetitivo previo como los descritos, si un número importante de profesionales canaliza sus cobros a través del Colegio, la difusión de información sobre los cobros puede facilitar restricciones sobre la competencia.

Libertad de honorarios en la Abogacía

En 2008, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado, en Casación, el que los abogados puedan establecer libremente percibir honorarios a porcentaje según el resultado del pleito, en contra de lo establecido por el Código Deontológico del Consejo de la Abogacía, que exige el pago de un honorario mínimo antes del inicio del litigio. Estimaba la Sala Tercera  un recurso interpuesto por el abogado José Luis Mazón contra una Sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba una decisión anterior a su favor del Tribunal de Defensa de la Competencia.

De ese modo, y al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 1.1.a) de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y del artículo 5 de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales la cuantía de los honorarios pueden fijarse al final del servicio, con el resultado a la vista.

El Consejo General de la Abogacía Española reaccionó con sorpresa. Matizó al respecto que, de este modo, se fomenta la litigiosidad especulativa, y "convierte al  abogado en socio del cliente, momento en el cual pierde su independencia".


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