Herramientas para el texto

Ley de Servicios Profesionales

2 de Agosto de 2013

La Ley de Servicios Profesionales puede llegar hoy al Consejo de Ministros sin que haya ningún texto oficial previo consultable

  • Los colegios deberán ser de ámbito autonómico o al máximo provincial. Los actuales de menor tamaño tendrían que agruparse.
  • El 48 % de los abogados cree que la actual organización de la Abogacía en 83 Colegios de muy desigual tamaño no responde a un esquema racional
  • El último borrador que se conoce compatibiliza abogacía y procura, desmantela el examen de acceso y elimina la colegiación obligatoria en algunos casos.
  • El 86% de los abogados cree que eliminar la colegiación obligatoria no abarataría los honorarios ni supondría ninguna mejora de competencia (67%), pero sí un aumento del intrusismo (71%).

El anuncio del Ministro de Economía y Competitividad de la semana pasada sobre la aprobación del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales “en los próximos Consejos de Ministros antes del verano” hace pensar que hoy viernes el texto que puede cambiar la dinámica de las profesionales colegiadas se pondrá encima de la mesa. Desde que se anunciara la reforma del sector, la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía ha recibido a varios Consejos y Colegios profesionales y a la propia Unión Profesional, que han informado unilateralmente sobre aspectos parciales de la gestación del borrador del Anteproyecto. No obstante, no se ha dado traslado oficialmente de ningún texto.

Legal Today


El Programa Nacional de Reformas ubica en el segundo semestre de 2013 la aprobación del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, texto que, conforme a los pocos datos de los que se tienen noticia y por lo que se refiere al mundo jurídico -de hecho se ha llevado en secreto qué Ministerio lo ha gestionado, aunque ha resultado ser el Ministerio de Economía y Competividad- compatibiliza abogacía y procura, desmantela el examen de acceso y elimina la colegiación obligatoria en algunos casos. La Comisión Nacional de la Competencia considera que los regímenes de autorización, como la colegiación obligatoria, son una restricción a la liber­tad de establecimiento y deben cumplir obligatoriamente los requisitos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

El texto de la Ley de Servicios Profesionales, del que sólo se conoce su borrador, establece que los colegios tendrán que ser de ámbito autonómico, o como mucho provincial. Los que hay ahora de tamaño menor al provincial tendrían que agruparse. Actualmente hay 83 Colegios de Abogados.

Según resulta del informe emitido por  el CGAE, la Ley dice exactamente que "los Colegios Profesionales, tanto de pertenencia obligatoria como voluntaria, ejercerán sus competencias, como regla general, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma de que se trate. Sólo excepcionalmente podrá ser de ámbito territorial inferior, cuando concurran especiales circunstancias que lo justifiquen, sin que en ningún caso pueda ser inferior al ámbito territorial provincial. También extraordinariamente podrán ser de ámbito territorial estatal. No obstante lo anterior, los profesionales de Ceuta y Melilla podrán decidir integrarse en los colegios correspondientes a otra Comunidad Autónoma"

Respecto a la colegiación, establece que los abogados deben hacerlo "para la intervención como abogado ante juzgados y tribunales de justicia, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial". Para el CGAE, "la primera conclusión es que la norma propuesta en el borrador resulta contraria a lo previsto por la LOPJ y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Supone además la ruptura de una profesión que es y debe seguir teniendo un carácter unitario, con idéntica reserva de actividad que la prevista por la LOPJ".

Sigue diciendo que "la colegiación debe ser obligatoria para prestar cualquier servicio propio de la profesión. La no incorporación al Colegio implicaría una absoluta falta de control deontológico y disciplinario, una inacción frente al desvío en el ejercicio profesional, cercenando derechos del ciudadano -algunos de los cuales son precisamente derechos fundamentales-. Debe tenerse en cuenta que el asesoramiento jurídico resulta esencial para permitir el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes por parte de los ciudadanos, así como para la conciliación de conflictos que de otra forma colapsarían los Tribunales. Esto significa que sirve al interés general de una manera nítida".

Además, la Ley ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) prevé que serán supuestos de colegiación obligatoria los de profesiones que afecten a la seguridad jurídica de las personas físicas.

Desde Unión Profesional -asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas y que preside Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía- se defiende la necesidad de mantener la colegiación, "no sólo en las profesiones jurídicas, sanitarias o técnicas (en todos sus ejercicios profesionales), sino también en todas aquellas en las que la falta de vigilancia por parte de los colegios profesionales pudiera tener efectos negativos sobre el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, como es el caso del intrusismo. Psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física poseen una clara implicación en la salud de las personas, en la seguridad física o jurídica o en la gestión del patrimonio de los clientes. La existencia de la ordenación y control colegial proporciona la garantía institucional de la buena práctica profesional que viene a confirmar la cada vez más necesaria confianza en el subsector de los servicios profesionales".

Qué piensan los abogados de las previsiones de la Ley de Servicios Profesionales

Conforme a un estudio hecho público en junio pasado, el 86% de los abogados considera que eliminar la colegiación obligatoria no abarataría los honorarios, ni supondría ninguna mejora de competencia (67%), pero sí un aumento del intrusismo (71%), la desprotección de los usuarios y el desprestigio social de una actividad profesional cada día más cercana al ciudadano. De hecho, la verificación de los requisitos de acceso al ejercicio ahora más que nunca con la puesta en marcha del examen de acceso a la profesión, el régimen disciplinario interno y el sistema de biblioteca y formación continua.

Gráfico 

Fuente: Consejo General de la Abogacía Española

Por lo que respecta al examen de acceso a la abogacía, el 76% de los abogados se muestra favorable al examen de acceso como garantía de los conocimientos prácticos precisos para desempeñar de forma competente la profesión. Este porcentaje también aumenta en el caso de los ciudadanos, de los cuales un 84% considera que para que alguien pueda actuar como abogado debe contar, además de con la licenciatura en Derecho, con una formación adicional específica, como sucede, por ejemplo, en el caso de los médicos con el sistema MIR.


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