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Ley de Servicios Profesionales

24 de Septiembre de 2013

La profesión recibe a los futuros abogados con un renovado marco normativo

  • El Anteproyecto de la LSP, que diseña un nuevo modelo colegial, no elimina la prueba final de evaluación regulada en la Ley de acceso

Los futuros abogados se encontrarán con un marco normativo de referencia muy distinto al que regulaba la profesión cuando accedieron a la misma sus compañeros más veteranos. Los cambios se materializan en dos normas, una de ellas ya en vigor y la otra en fase de tramitación parlamentaria. La primera es la Ley 34/2006 de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. La segunda, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSP), de la que ya conocemos el Anteproyecto.

Carlos Balanza Nájera,
Licenciado en Periodismo y Derecho
Master en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional


Unidas, ambas implican una revolución no sólo para los futuros profesionales, sino también para los actuales. Así, con carácter general la LSP configura un nuevo modelo para las profesiones que requieren de colegiación para su ejercicio. Pero también contempla importantes novedades relativas a las denominadas profesiones jurídicas. En concreto, elimina tanto la incompatibilidad para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador, como los aranceles de los procuradores.

Además, exonera de la obligación de colegiarse a los abogados que actúen en representación de un tercero con el que tenga un vínculo de naturaleza laboral, como es el caso de los abogados de empresa. Por otra parte, el texto no materializa la previsión (contemplada en los borradores), de limitar el número de colegios hasta un máximo de uno por provincia. En cuanto al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), modifica el sistema de elección de sus órganos directivos para dar mayor peso a los colegios más grandes, ya que se tendrá en cuenta el número de colegiados de cada uno. Las reacciones no se han hecho esperar y tanto el CGAE como Unión Profesional (UP) han criticado tanto el fondo de la norma como la forma en que ha sido aprobada en su redacción actual.

Cabe destacar que el rechazo frontal de la Abogacía a la LSP (y en general de las profesiones que requieren colegiación) contrasta con el respaldo ofrecido por el CGAE a la Ley 34/2006 y por tanto su oposición a que ésta fuera modificada por aquella.

El Anteproyecto de la LSP no suprime el  examen de acceso

En línea con lo anterior, la disposición adicional cuarta del borrador de la Ley de Servicios Profesionales (LSP) contemplaba suprimir el examen de Estado como requisito habilitante para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador ante los tribunales. Apuntaba sin embargo que dicha previsión se encontraba "pendiente de redacción por parte del Ministerio de Justicia".

La supresión de la prueba de acceso posterior al máster habría supuesto la  enésima vuelta de tuerca al contenido de la Ley 34/2006 de acceso a las profesiones de abogado y procurador y del posterior reglamento. Finalmente parece que no será así ya que el articulado del Anteproyecto de la LSP dado a conocer por el Gobierno a principios del pasado mes de agosto no contempla la supresión de la prueba de acceso. No obstante, y ante los continuos cambios de criterio sobre esta cuestión, habrá que esperar a la redacción final de la norma.

 El texto ahora aprobado será informado por el Consejo de Estado y otros organismos como paso previo a su envío en otoño a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El Gobierno prevé que la LSP entre en vigor a comienzos del próximo año.

Por tanto, todo apunta a que el Ministerio de Justicia no contempla la redacción de modificación alguna en esta materia (prueba de evaluación final acreditativa) que habría afectado al contenido del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

El reglamento regula la prueba final en los artículos 2. d) al establecer que la superación de la misma es uno de los requisitos para la obtención del título profesional de abogado o de procurador.

A mayor abundamiento, el art. 17.3 detalla que la prueba "será escrita y constará de dos partes que se realizarán en el mismo día. El primer ejercicio consistirá en una prueba objetiva de contestaciones o respuestas múltiples. El segundo ejercicio de la evaluación consistirá en resolver un caso práctico previamente elegido por el aspirante entre varias alternativas".


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