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Ley de Servicios Profesionales

16 de Septiembre de 2013

Los Colegios cargan de alegaciones el período de consultas ampliado de la Ley de Servicios Profesionales

  • El Programa Nacional de Reformas ubica en el segundo semestre de 2013 la aprobación del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
  • En la Abogacía, la Ley siembra la semilla de la cizaña por la división entre "abogado" y "asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral" (que no necesita colegiarse) y la eliminación de la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura así como la desaparición de los aranceles de los procuradores.

El Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, redactado por el Ministerio de Economía y aprobado en Consejo de Ministros el 2 de agosto prepara su tránsito al Consejo de Estado cargado de las alegaciones que los colegios profesionales y asociaciones profesionales de toda España están haciendo, con un plazo ampliado la semana pasada hasta el día 23 de este mes. El punto más conflictivo del texto es el establecimiento de la voluntariedad de la colegiación para las profesiones que no afectan a la sanidad pública y a la seguridad, lo que instala en la indefinición a varias profesiones. En la Abogacía, la Ley siembra la semilla de la cizaña por la división entre “abogado” y “asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral” y la eliminación de la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura así como la desaparición de los aranceles de los procuradores.

Legal Today


Desde que se anunciara la reforma del sector, la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía recibió a varios Consejos y Colegios profesionales y a la propia Unión Profesional, que informaron unilateralmente sobre aspectos parciales de la gestación del borrador del Anteproyecto. Sin embargo,  no se dio traslado oficial de  ningún texto previo al que salió del Consejo de Ministros el 2 de agosto.

Los Colegios están redactando una batería de alegaciones al Anteproyecto antes de que sea enviado al Consejo de Estado, a partir del día 23 de este mes. Las alegaciones se centran fundamentalmente en combatir la coexistencia de colegios de pertenencia obligatoria y voluntaria. No obstante, solo la pertenencia a los primeros será habilitante para el ejercicio de una profesión o de ciertas actividades profesionales.

El perjuicio directo es la llegada de personas al mercado de dicen que tienen una titulación y ejercen determinado oficio cuando en realidad se trata de intrusismo. Podría ocurrir con psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física. Los colegios sin colegiación obligatoria se reducirían a simples asociaciones profesionales carentes de capacidad para ejercer control en el ejercicio de la profesión, la cual recaería de golpe en la responsabilidad civil del profesional que ofrece el servicio.

Yendo a la abogacía, el Anteproyecto crea la diferencia entre "abogado" y "asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral" actividad que no precisará de la colegiación obligatoria para su ejercicio profesional: el Consejo General de la Abogacía Española muestra su más rotundo rechazo y enviará fuertes alegaciones en contra.

Para el CGAE, "esta ruptura redunda en perjuicio del ciudadano y de la calidad de los servicios que hasta ahora son prestados por abogados colegiados. Provocará además la falta de seguridad jurídica y la pérdida de la confianza de los ciudadanos en los "asesores jurídicos", que carecerán de la garantía que ofrece la exigencia formativa de los abogados y su incorporación a un Colegios de Abogados, que controla la aplicación de las normas deontológicas y profesionales. La ruptura de la profesión provocará que los asesores, profesionales no colegiados, carezcan de las garantías de una institución que les respalde: el Colegio de Abogados".

El Consejo General de la Abogacía Española censura la falta de interlocución real entre el Ministerio de Economía y Competitividad y las instituciones colegiales para la elaboración del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que introduce confusión en numerosos problemas, crea problemas que no existían, instaura el poder de intervención de la Administración central, invade competencias autonómicas y recorta grave e innecesariamente la autonomía e independencia de las organizaciones colegiales, con un régimen de tutela y control propio de épocas pasadas.

La obtención del título profesional de abogado (Disposición final sexta, 2) en la forma determinada por el Anteproyecto es necesaria para el desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la abogacía.

La obtención del título profesional de abogado habilitará igualmente para el desempeño de las funciones de representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice con la excepción de aquellas que requieran la condición de agente de la autoridad.

Se es abogado (para lo que será nueva Ley) con colegiación obligatoria quien ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de Abogado y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho en representación de un tercero, con el que no tenga vínculo de naturaleza laboral. El resto de actividad profesional en el mundo del Derecho queda fuera tanto de la denominación de abogado como de la colegiación.

Puntos a favor del Anteproyecto  de Ley de Servicios y Colegios Profesionales

A favor del texto que tantas críticas está reuniendo por parte de los colectivos profesionales hay varios aspectos que detalla el Anteproyecto y que giran en torno a la trasparencia y al saneamiento de las cuentas.

La Ley refuerza el funcionamiento democrático de los Consejos Generales, al establecer que en la participación de los colegios en la elección de sus órganos directivos se tendrá en cuenta el número de colegiados de cada uno de ellos.

El Anteproyecto establece la mejora el ejercicio de la potestad disciplinaria de los colegios al establecer que el código deontológico de cada organización colegial sea único en todo el territorio nacional y exigiendo órganos deontológicos o disciplinarios independientes de los órganos de gobierno colegial.

Se clarifica el régimen económico de los colegios, así como la cuota colegial, debiendo separarse los servicios obligatorios de los voluntarios. Los colegios de pertenencia obligatoria deberán ofertar un régimen de cuotas obligatorias bonificado para los profesionales en desempleo.

Se establece un régimen general de remuneración de los cargos directivos de los colegios obligatorios. Con carácter general no tendrán derecho a remuneración aunque con la excepción de que ejerzan el cargo de dedicación en exclusiva. Esta remuneración deberá figurar de forma detallada en los presupuestos y deberá ser aprobada por una mayoría igual a la que tenga cada colegio para la aprobación de las cuentas.

Asimismo, las profesiones de colegiación obligatoria deberán ofertar un sistema de certificación de profesionales,  para así mitigar los problemas de información asimétrica entre los profesionales y los consumidores. Es decir, se convertirán en entidades de certificación de profesionales acreditadas por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para garantizar su independencia.

Se refuerza la transparencia mediante la presentación y publicidad de cuentas de los colegios. Además, como garantía de un mayor control contable, se recoge la obligatoriedad de auditoría para los colegios de pertenencia obligatoria. Se exigirá que la información sobre los colegiados y sobre todas y cada una de las cuotas del colegio sea accesible al público en formato telemático, sin que sea preciso solicitarla.


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