Ley de Servicios Profesionales

25 de Octubre de 2013

Los profesionales, ‘colegiados’ contra la Ley de Servicios Profesional

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales que, en síntesis, plantea un nuevo modelo colegial que ha contado con el rechazo frontal de todas las profesiones que requieren colegiación, incluidas las jurídicas (abogados, procuradores, graduados sociales, registradores y notarios). Los medios tanto generalistas como especializados se han hecho amplio eco de sus motivos de oposición, que durante las últimas semanas han tomado carta de naturaleza vía interposición de alegaciones. Tras la aprobación del texto, el Ministerio de Economía y Competitividad ha abierto un período de información pública sobre el Anteproyecto. Después de este trámite de audiencia pública, que se amplió del 16 al 23 de septiembre y antes de ser ratificado por el Ejecutivo ya como Proyecto de ley, el texto será informado por el Consejo de Estado y otros organismos como el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), como paso previo a su envío a las Cortes para su tramitación parlamentaria. La previsión es que la entrada en vigor de la Ley se posponga a principios de 2014.

Carlos Balanza Nájera,
Licenciado en Periodismo y Derecho
Master en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional


Con motivo de la presentación del Anteproyecto, el Gobierno calificó la reforma de "necesaria" para la liberalización de los servicios profesionales y por tanto la eliminación de restricciones, con el argumento de "impulsar la competitividad, el crecimiento y la calidad de los servicios", en palabras de Luis de Guindos, titular de la Cartera de Economía, encargada de la redacción del texto. Esta interpretación se sitúa en las antípodas de la realizada por los profesionales afectados. En su nombre, la asociación Unión Profesional (UP) critica que el Anteproyecto haya sido aprobado sin ser consensuado con el sector. Su presidente (y del CGAE), Carlos Carnicer, advierte de que la reforma "puede conllevar un grave riesgo para los derechos de la ciudadanía". Recuerda además que "si el sector es competitivo" y además presenta una evolución alcista, "no es comprensible que se le someta a una nueva reforma".

En línea con lo anterior, cabe recordar que la actual regulación de los colegios profesionales data de 1974. Desde entonces ha sido sometida a considerables reformas, en especial para su adaptación a la Directiva de servicios a través de la reforma de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.

La Ley consta de 54 artículos estructurados en un Título preliminar y 3 Títulos, 11 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 16 finales. Establece una lista de profesiones de colegiación obligatoria que sólo podrá exigirse por ley estatal. La relación consta de tres grandes bloques: profesionales sanitarias (médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, enfermeros, fisioterapeutas, ópticos-optometristas y podólogos); técnicas (profesionales que realicen actividades para las que se exija visado, que engloba a nueve actividades en el ámbito de la edificación y el manejo de explosivos, fundamentalmente) y jurídicas (abogados, procuradores, graduados sociales, registradores y notarios).

 Desde UP se advierte de que  existen muchos profesionales, como psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física, que deben ser ayudados y controlados por los colegios profesionales para proteger, como se ha indicado, los derechos de la ciudadanía. Dicho de otra forma, desde la organización que agrupa a las profesiones colegiadas españolas se reitera la necesidad de mantener la colegiación en todas aquellas profesiones cuyo ejercicio afecte a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente.

La postura del Gobierno es que el futuro marco regulador deberá garantizar el interés general "de la forma menos restrictiva posible, con el consiguiente efecto positivo en términos de productividad, competencia y asignación eficiente de recursos", recoge el párrafo cuarto de la Exposición de Motivos del Anteproyecto. En respuesta a este argumento, UP recuerda que "cuando se trata del ejercicio de profesiones colegiadas, los ciudadanos deberían contar con la confianza de que quien les atiende cuenta con los conocimientos y la formación necesaria para ejercer. Esa garantía es precisamente la que ofrecen los colegios profesionales con su propia independencia a través de la colegiación", en palabras de Carlos Carnicer. Por último, pero no menos importante, desde UP afirman que "Europa no impone estos cambios". 


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