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Ley de Servicios Profesionales

9 de Septiembre de 2013

Se prorroga la Audiencia Pública del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios hasta el 23 de septiembre

El Ministerio de Economía y Competitividad ha ampliado hasta el 23 de septiembre el período de información pública sobre el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que concluía el 16 de septiembre. El Consejo General de la Abogacía Española ha censurado la falta de interlocución real entre el Ministerio de Economía y Competitividad y las instituciones colegiales para la elaboración del Anteproyecto “que introduce confusión en numerosos problemas, crea problemas que no existían, instaura el poder de intervención de la Administración central, invade competencias autonómicas y recorta grave e innecesariamente la autonomía e independencia de las organizaciones colegiales”.

Legal Today


La división en dos clases de profesional (abogado y "asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral") y la eliminación de la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura (representación ante los Tribunales), así como la desaparición de los aranceles de los procuradores, de forma que a partir de la entrada en vigor de esta Ley sus honorarios serán fijados libremente con los clientes son los puntos fundamentales de las alegaciones en las que trabaja el Consejo General de la Abogacía Española cuyo plazo de entrega se ha ampliado al 23 de septiembre.

"Cuando se trata del ejercicio de profesiones colegiadas, los ciudadanos deberían contar con la confianza de que quien les atiende cuenta con los conocimientos y la formación necesaria para ejercer. Esa garantía es precisamente la que ofrecen los colegios profesionales con su propia independencia a través de la colegiación", dice Carlos Carnicer. El presidente de Unión Profesional concluye que "la tramitación precipitada de una ley de esta importancia recomendaba no sólo un mayor cuidado en su redacción sino, sobre todo, una mayor participación de las profesiones afectadas".

Según resulta del Anteproyecto, se es "abogado", con colegiación obligatoria quien ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de Abogado y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho en representación de un tercero, con el que no tenga vínculo de naturaleza laboral. El resto de actividad profesional en el mundo del Derecho queda fuera tanto de la denominación de abogado como de la colegiación. Para el CGAE, "esta ruptura redunda en perjuicio del ciudadano y de la calidad de los servicios que hasta ahora son prestados por abogados colegiados. Provocará además la falta de seguridad jurídica y la pérdida de la confianza de los ciudadanos en los asesores jurídicos, que carecerán de la garantía que ofrece la exigencia formativa de los abogados y su incorporación a un Colegios de Abogados, que controla la aplicación de las normas deontológicas y profesionales. La ruptura de la profesión provocará que los asesores, profesionales no colegiados, carezcan de las garantías de una institución que les respalde: el Colegio de Abogados".


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