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Ley de Servicios Profesionales

24 de Septiembre de 2013 Carlos Carnicer Díez , Presidente del Consejo General de la Abogacía Española

“Si se puede actuar como abogado sin acreditar que se es, cualquiera podría ejercer en supuestos que no requieren colegiación”

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, es un defensor convencido de las bondades de la Ley de Acceso a la Abogacía, al tiempo que critica sin ambages los aspectos más controvertidos del Anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales. De la primera aplaude que ayudará a superar las carencias formativas con las que históricamente salían de la facultad los nuevos profesionales. De la segunda advierte que la supresión parcial de la colegiación obligatoria abre la puerta al intrusismo y a la inseguridad que produce permitir ejercer sin un control mínimo de calidad que garantice una buena labor de defensa.

Carlos Balanza Nájera,
Licenciado en Periodismo y Derecho
Master en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional


El número de abogados ejercientes supera en la actualidad en España los 130.000. ¿Considera que la Ley 34/2006 atemperará esta evolución al endurecer los requisitos para acceder a la profesión?

No se trata de endurecer los requisitos para que el número de abogados se reduzca, sino de que todos los abogados que se colegien tras haber terminado su formación sean, con todas las garantías, los mejores para defender a sus clientes en cualquier ámbito. Gracias a estos nuevos requisitos que exige la Ley de Acceso superaremos las carencias en la formación de los abogados, que salían solo con lo aprendido en la facultad y podían ejercer como abogados al día siguiente, y por fin tendremos profesionales preparados desde el primer día.

Igualar el nivel de exigencias de acceso a las que ya se contemplan en otros países de nuestro entorno, ¿implica reconocer que el nivel de preparación de los abogados noveles en España era inferior a la media europea?

Más que un bajo nivel de preparación, lo que ocurría en España era una anomalía histórica que teníamos que subsanar. Éramos el único país que no exigía a sus futuros letrados formación adicional antes de ejercer. Y es que no hay otra receta a la hora de ser abogado que la formación. En el inicio, por supuesto, como viene pidiendo la Abogacía desde 1917, y como se exige en Europa, pero también a lo largo de toda la vida profesional. Hoy no se puede ejercer la Abogacía sin una actualización formativa permanente y esa es una exigencia personal y deontológica para todo colegiado.

En líneas generales, el Consejo General de la Abogacía Española respalda la Ley que, como todas, adolece de carencias y tal vez de excesos. ¿Cuáles son en su opinión los puntos débiles de la norma?

Como toda Ley, la de Acceso a la Profesión de Abogado tiene sus carencias. Sin embargo, hay que destacar como positivo que con esta norma España ha dejado de ser el único de los Estados miembros de la Unión Europea que todavía no aplicaba un sistema de acceso a la profesión de Abogado, dotado de un equilibrio entre formación teórica y práctica, lo que nos convertía en una anomalía dentro de un marco sustancialmente homogéneo de los servicios legales europeos. La normativa reguladora del acceso, a través del sistema que diseña, con sus carencias, supone la equiparación de España a Europa, casi treinta años después del ingreso en las Comunidades europeas, de la perspectiva del acceso y la formación necesarias para ser abogado.

En octubre se cumplen los dos años de margen que la ley concede a los licenciados para poderse colegiar sin necesidad de realizar el posgrado. ¿Esperan un incremento puntual de las colegiaciones?

Este incremento se ha ido produciendo de forma paulatina desde que se aprobó la Ley hace 7 años, y comenzó tras la vacatio legis de 5 años que se estableció en su momento. Desde entonces, muchos licenciados decidieron colegiarse al acabar la carrera para evitar así tener que pasar por el máster de acceso y el examen. En cualquier caso, tampoco esperamos un gran incremento, ya que la última generación de licenciados termina la carrera este año, y después se producirá un número de colegiaciones similar a la que se ha venido produciendo hasta ahora.

El contenido del máster debe ser eminentemente práctico. ¿No se podría haber incluido en los actuales planes de estudio de Grado a modo de quinto curso?

No, ya que se ha planteado como una formación complementaria a la carrera, no como un quinto curso. Eso habría sido un error. La formación específica debe estar diferenciada, para centrar la materia sobre todo en la práctica. En la Universidad se aprenden los conceptos teóricos, esto es otra cosa. Además, aunque los licenciados están exentos del máster, los expertos les recomiendan que lo hagan. Ese u otro similar, porque la carencia de formación práctica, que la Universidad no ofrece, es un serio problema a la hora de empezar a trabajar. Por eso debe ser visto como una formación muy práctica y distinta a la universitaria.

El Gobierno aprobó a principios del mes de agosto el Anteproyecto de la LSP. A diferencia de borradores anteriores, el texto no contempla suprimir el examen de Estado de la Ley de Acceso a la abogacía. ¿Cómo valora este cambio de criterio?

Aunque en los diferentes borradores -sin autor conocido- del Anteproyecto de la Ley de Colegios y de Servicios Profesionales aparecía esta medida, considerada errónea, finalmente no se ha recogido en el Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros del 2 de agosto. Su aprobación hubiera supuesto un retroceso intolerable para alcanzar un nivel de formación de calidad de los abogados españoles como garantía para la defensa de los derechos de los ciudadanos en igualdad de condiciones con el resto de las partes judiciales.

Pero sí prevé la supresión, parcialmente, de la colegiación obligatoria. Usted ha afirmado que esta medida no conlleva ninguna mejora y fomentará el intrusismo. ¿Puede explicarlo con mayor detalle?

Espero que durante la tramitación en audiencia ante las instituciones que deben informar sobre el Anteproyecto o durante su tramitación parlamentaria, esta inaceptable división de la profesión acabe desapareciendo, y es fácil de entender nuestra motivación. Si cualquiera puede ejercer como abogado sin necesidad de acreditar que lo es, muchas personas procedentes de otras carreras podrían ejercer esta profesión en los supuestos en los que no es obligatoria la colegiación, y no tendría ningún respaldo ni control del Colegio Profesional para acreditar que esa persona está preparada para esta tarea. Si la colegiación ya no es obligatoria para algunos casos, nadie podrá saber si esa persona ha pasado los "controles de calidad" suficientes para garantizar al ciudadano una buena labor de defensa, ni podrá reclamar por sus errores. Tenemos argumentos suficientes para oponernos frontalmente a esta división de la profesión, y así se lo haremos llegar al Gobierno en los informes que remita este Consejo General de la Abogacía.

El Ejecutivo tampoco ha materializado en el Anteproyecto la propuesta de fusionar los colegios hasta un máximo de uno por provincia. ¿Qué perjuicio hubiera conllevado para los colegiados?

Afortunadamente el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales no recoge esta posibilidad que venía establecida en supuestos borradores previos. Más que a los abogados, esta situación afectaría sobre todo a los ciudadanos. Los Colegios de Abogados responden a las necesidades sentidas por la sociedad civil para la defensa y servicio, allí donde se ha entendido necesario, de los derechos de los ciudadanos. Su creación y delimitación territorial nunca ha sido arbitraria ni aleatoria, como lo justifican las sentencias del Tribunal Supremo que han amparado la regulación contenida en el Estatuto General de la Abogacía Española.  De hecho, en los supuestos borradores no se daba razón alguna que avalara un criterio contrario al existente. Sobre la mesa no se han puesto razones de eficacia, eficiencia o economía para justificar la supresión de los llamados Colegios de Partido. Estos argumentos respaldan que la situación actual -con los 83 Colegios de Abogados que operan en España- es absolutamente correcta y garantiza la igualdad de trato de todos los españoles en el territorio.

El futuro de la profesión pasa por lograr su posicionamiento como asesores preventivos y no como meros solucionadores de pleitos. ¿Por qué esta idea no acaba de calar en la sociedad?

Desde el CGAE luchamos desde hace mucho tiempo para evitar esta situación, y lograr que efectivamente nos vean más como un abogado preventivo o como un mediador que como un profesional al que acudir cuando se tienen problemas. Hemos realizado campañas de publicidad en este sentido, y seguiremos trabajando en esta línea. Como muestran nuestros recientes barómetros de opinión, los ciudadanos acuden cada vez más a un abogado -con las garantías que apareja la colegiación obligatoria- para consultar asuntos de su día a día, sin necesidad de que haya un problema previo. Más de la mitad de los asuntos que llegan a un despacho se soluciona sin necesidad de acudir a juicio.

No podemos dejar de referirnos a la polémica Ley de tasas judiciales. Superado el medio año de su entrada en vigor, ¿en qué medida está afectando el acceso de los ciudadanos a la Justicia?

Está afectando muchísimo al derecho de defensa de los ciudadanos, que es un derecho fundamental. Hay verdaderos casos de indefensión que se están produciendo porque a los ciudadanos se les impide acceder a la Justicia o no pueden recurrir sentencias desfavorables que, aunque las consideren injustas, les suponen un desembolso de dinero que en algunos casos no les compensa. Esta situación es intolerable, y la Abogacía no va a cesar en sus esfuerzos para eliminar esta norma injusta, que vuelve a hacer más daño a la ya castigada clase media, ya que con esta ley se ha creado una justicia para ricos, que se pueden pagar las tasas sin problemas, y para pobres, que pueden acceder al Turno de Oficio. Pero la clase media, con verdaderos problemas económicos en la actual crisis, está totalmente desamparada. Prueba de la falta de rigor de esta ley es que a los dos meses de ser aprobada, el Ministerio la modificó, aunque de forma insuficiente. Y tras los diferentes recursos de inconstitucionalidad presentados por PSOE, Junta de Andalucía, Generalitat de Cataluña, Gobierno de Canarias, la Audiencia Nacional consideró recientemente que podrían ser inconstitucionales porque vulnera varios artículos de la Constitución, como el 9.2, el 14, el 24.1 y el 31.1.

Se ha dicho con razón que las tasas afectan sobre todo a los pequeños y medianos despachos (la inmensa mayoría) ya que para los clientes de los grandes bufetes no son un freno. ¿Una dificultad añadida más para los jóvenes que acceden a la profesión?

Este es otro efecto de las tasas. De nuevo la Justicia para ricos y para pobres, de nuevo la diferenciación entre quien tiene mucho dinero y quien no. Los despachos medianos y pequeños, que configuran la mayoría de los que existen en España, sufren especialmente esta situación. Y para los jóvenes abogados es todo un drama. No solo la situación del trabajo en la Abogacía está igual de mal como en el resto de las profesiones con la crisis económica que nos atenaza desde hace años. Es que además con medidas como la Ley de tasas lo ponemos aún más difícil a los que quieren abrirse camino por su cuenta, ya que además de los gastos normales de un despacho, y lo mucho que cuesta salir adelante, especialmente en los inicios, deben hacer frente al pago de las tasas por cada uno de sus pleitos.

¿Qué le preocupa?

Muchas cosas. Que no podamos dialogar para llegar a un acuerdo razonable. Que cuando se trata de reformar la Justicia, se haga sin contar con los operadores jurídicos que somos los que sabemos cuáles son los problemas reales y podemos ayudar a buscar soluciones. Que los políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo, de olvidar intereses partidistas y de pensar en el bien general.


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