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Ley de Servicios Profesionales

24 de Septiembre de 2013

Unión Profesional ha presentado sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales

Unión Profesional (UP), como asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas y a la que se ha dado audiencia directa, ha hecho llegar al Ministerio de Economía y Competitividad su documento común de alegaciones donde se recogen las principales inquietudes del sector con respecto al texto aprobado en el que, según ha reiterado Carlos Carnicer, presidente de UP, “no se han tenido en cuenta las consecuencias que la liberalización de los servicios profesionales tiene en la defensa de los derechos de los ciudadanos”. Carnicer destaca que “se trata de un sector de dinámica diferente a otros mercados por lo que no tenerlo en cuenta lleva a un planteamiento de base errónea”.

Legal Today


El documento de alegaciones de UP gira en torno a tres cuestiones esenciales para el sector colegial: la colegiación, la autorregulación y la interlocución.

Colegiación

En relación con la colegiación, las profesiones agrupadas en Unión Profesional ponen de manifiesto los impactos económicos y sociales que se producirán por la apertura de los campos de ejercicio profesional a operadores que no estén bajo una sujeción de normas mínimas de comportamiento en garantía de los derechos de consumidores y usuarios. De ahí la necesidad de mantener la colegiación en todas aquellas profesiones cuyo ejercicio afecte a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente, como son las sanitarias, las jurídicas o las técnicas (en su más amplio ejercicio), pero también los psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física.

Al tratarse de bienes de confianza, la dificultad de poder comprobar la calidad de los servicios profesionales (gracias a la garantía que ofrece la colegiación) supondrá un significativo impacto en términos económicos. Según un estudio realizado por Unión Profesional, se calcula que la falta de control al suprimir la colegiación de 616.000 profesionales que serían los afectados por el texto podría suponer una reducción en el PIB de 3.317 millones de euros en cinco años, resultado de la afectación principal en consumo e inversión.

Autorregulación

En lo que a la autorregulación respecta, se resalta el hecho de que las corporaciones colegiales tienen funciones públicas encomendadas por la ley con el fin de garantizar su independencia. En este sentido, la función de control que se otorga a las Administraciones Públicas supone una injerencia en estas organizaciones de la sociedad civil, convirtiéndolas en un órgano administrativo inferior y subordinado al correspondiente Departamento o Ministerio y quebrando su imprescindible independencia. Además, los supuestos que legitiman la intervención de la Administración de tutela (insuficientemente descritos) son completamente desproporcionados a las consecuencias o efectos como es la disolución de la Junta de Gobierno, lo que vulnera el principio democrático.

En las alegaciones, UP también resalta la especial gravedad que supone la inclusión del código deontológico en los Estatutos Generales que deberán ser aprobados por el Gobierno. Rompe totalmente con la autonomía, independencia e imparcialidad esencial de los colegios profesionales, otorgando al Ejecutivo una función de fiscalización y apoderamiento.

Se asumen los criterios de transparencia y buen gobierno recogidos en el texto que constituyen una realidad en la ya modernizada trayectoria de los colegios profesionales que, en términos de regulación equilibrada, favorecen la economía con la aportación de seguridad jurídica y eliminan costes y burocracia mediante un papel social de equilibrio y garantía institucional, cuya degradación producirá también costes sociales.

Interlocución

Por último, desde UP también se destaca la necesidad de que se establezca una interlocución del Gobierno con el subsector de los servicios profesionales, y sus organizaciones colegiales, real y efectiva para el mejor y más eficiente funcionamiento del sistema democrático. Esta aspiración largamente formulada por Unión Profesional a los Gobiernos y que tiene referentes, por ejemplo, en Francia, produciría ahorro de costes, mayor eficiencia y mejor resultado en las normas de este subsector muy sensible para los derechos de los ciudadanos.

En palabras del presidente de Unión Profesional, "en las alegaciones remitidas al Ministerio de Economía transmitimos esencialmente el significado e impacto de la colegiación como garantía para los ciudadanos de que quien les atiende cuenta con los conocimientos, la formación y el adecuado comportamiento para ejercer". Carlos Carnicer reitera que "al afectar a la salud y seguridad de las personas, a sus bienes o patrimonio, esa garantía de calidad sobre los servicios de los profesionales resulta imprescindible y, por ello, desde los colegios profesionales no cejaremos esfuerzos en proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía".

¿Quiere saber más acerca del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales? 


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