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Reforma de las Administraciones Públicas

1 de Octubre de 2013

A propósito de la reforma de las administraciones públicas

Antonio Serrano Acitores,
Socio Antonio Serrano Alberca Abogados. Profesor Dr. de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación


Dentro del ambicioso proyecto reformista iniciado por el Gobierno hace aproximadamente año y medio y dirigido no sólo a superar la peor crisis económica de las últimas décadas, sino también a corregir los desequilibrios que frenan el crecimiento de nuestro país y a crear las bases adecuadas sobre las que generar una nueva dinámica de prosperidad económica y empleo, el Consejo de Ministros acordó en el mes de octubre de 2012 la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (en adelante, "CORA") para que antes del 30 de junio de 2013 acometiera una profunda radiografía de nuestro sector público y preparara un informe de auditoría del conjunto de las Administraciones Públicas.

Dicho informe, que vio la luz el pasado 21 de junio de 2013, plantea 218 propuestas de medidas y se constituye como una guía y un instrumento al servicio de la Administración General del Estado, para la que es una obligación, y al servicio del resto de las Administraciones Públicas, pues contiene recomendaciones, ideas e instrumentos que pueden resultar de gran utilidad para ser más eficientes y cercanas a los ciudadanos y a las empresas.

Los principales objetivos del informe de la CORA son los siguientes: (i) en primer lugar, se pretende reforzar la disciplina presupuestaria y la transparencia públicas; (ii) en segundo lugar, busca racionalizar el sector público mediante la supresión de órganos y entidades duplicadas, ineficientes o no sostenibles; (iii) en tercer lugar, se quiere mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración; y (iv) por último, se espera cambiar la cultura administrativa por una cultura enfocada al administrado.

En consecuencia, las medidas proyectadas buscan, en esencia, simplificar los procedimientos administrativos existentes (incorporando las nuevas tecnologías), reducir las cargas administrativas a ciudadanos y empresas y evitar duplicidades y solapamientos entre los distintos niveles administrativos.

Así, en materia de duplicidades entre Administraciones, el informe de la CORA plantea medidas tales como que las Comunidades Autónomas prescindan de sus agencias de meteorología, sus defensores del pueblo y sus organismos de defensa de la competencia y reduzcan los diputados de sus asambleas legislativas.

Asimismo, se pretende modificar la metodología para elaborar los Presupuestos, en particular en los capítulos referidos a gastos corrientes en bienes y servicios y de inversiones, aplicando un presupuesto de base cero.

El informe también apuesta por la supresión de más de 50 organismos autónomos, una decena de consorcios y casi una veintena de fundaciones; la reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas; el endurecimiento de la creación de empresas públicas; la venta de 15.000 inmuebles repartidos por toda España; la centralización de los contratos de servicios y suministros, apostando por "comprar juntos" para "comprar mejor"; la centralización de la tesorería; la implantación de la historia clínica digital para que los ciudadanos puedan ser atendidos en cualquier Comunidad Autónoma con sus informes; o la puesta en marcha de la cita electrónica en el servicio público de empleo.

Otras medidas de especial interés para el sector privado son la implantación de una ventanilla única para el comercio exterior; la rebaja de las cargas en materia medioambiental y en el sector aduanero; la aprobación de medidas para combatir la morosidad de las Administraciones Públicas; el impulso de la administración electrónica; la introducción de la factura electrónica en las Administraciones; la simplificación de la contratación pública, especialmente a las PYMES, incluyendo mecanismos que faciliten la constitución y devolución de garantías y elevando las cuantías en las que se exige clasificación; la creación de una plataforma única de contratación de todo el sector público; la reforma en materia de subvenciones; el inicio de un nuevo proceso codificador tendente a la simplificación normativa (a través de la aprobación de textos refundidos y la creación de un sistema de "fecha común de entrada en vigor" de las normas); así como la disminución de los trámites, costes y cargas administrativas para la apertura de empresas.

Si bien algunos han calificado todo este proceso como de voluntarista toda vez que no resulta de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas y otros han resaltado que determinadas medidas pueden plantear auténticos conflictos competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, lo cierto es que resulta bastante loable el esfuerzo que está realizando el Gobierno por darle un vuelco a la vetusta y anquilosada Administración Pública. Es más, en nuestra opinión, muchas de las medidas propuestas llegan con gran retraso, por lo que es de agradecer que, por fin, se haya decidido implementarlas fijando además un calendario de actuaciones para ello.

A mayor abundamiento, no es baladí la estimación de que la implementación de la reforma supondrá un ahorro de 6.500 millones de euros para las Administraciones Públicas y de 16.300 millones para los ciudadanos hasta su completa implantación en el año 2015, implicando un ahorro global de 37.700 millones de euros entre los años 2012 y 2015.

En este contexto, y para agilizar y velar por la efectiva aplicación y ejecución de las medidas, el Gobierno, por un lado, ha pedido a la OCDE que realice una evaluación in situ sobre el impacto de la reforma y ayude al Gobierno en el seguimiento y la ejecución de la misma y, por otro, creó mediante el Real Decreto 479/2013, de 21 de junio la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración que, sin suponer incremento del gasto público, se encargará de vigilar el cumplimiento de dicha reforma.

De este modo, la Oficina asumirá la ejecución coordinada de las medidas incluidas en el informe de la CORA, su seguimiento e impulso y, en su caso propondrá nuevas medidas. En este sentido, la Oficina preparará con carácter trimestral un informe en el que detallará el nivel de ejecución por cada Ministerio de las medidas incluidas en el informe y especificará el calendario de ejecución, responsables, actuaciones realizadas y eficiencias obtenidas. Por otra parte, la Oficina deberá preparar un informe anual sobre las medidas ejecutadas y pendientes de ejecución y, en su caso, las nuevas medidas que se hubieran aprobado.

Cumpliendo sus funciones, la Oficina elevó al Consejo de Ministros el pasado 20 de septiembre de 2013 el primer informe de seguimiento de cumplimiento de las medidas incluidas en el informe de la CORA. En el mismo se detalla el estado de ejecución de las medidas indicando que 15 medidas (representativas de un 6,88% sobre el total de las medidas propuestas) ya han sido completamente finalizadas, 194 medidas (representativas de un 88,99%) se encuentra en proceso de ejecución y 9 medidas (representativas de un 4,13%) aún no han sido iniciadas.

Como era de esperar, este primer informe peca de reiterativo y es ciertamente escaso. Ahora bien, como se indica en el mismo, lo cierto es que, por un lado, una parte importante de la ejecución de las medidas de la CORA en este primer trimestre se ha centrado en la aprobación de un paquete normativo habilitador para la puesta en marcha de las medidas; y por otro lado, las medidas ya ejecutadas o en proceso de ejecución necesitan algún tiempo para materializarse en ahorros tangibles. De este modo, se deja para próximos informes la realización de una evaluación de las eficiencias obtenidas con su puesta en marcha y una cuantificación económica del impacto.

Entre las medidas cuya ejecución se ha iniciado o completado puede destacarse la reestructuración del sector público con la extinción y fusión de diversas fundaciones y organismos públicos; el comienzo de la modificación de la normativa sobre evaluación medioambiental; la creación de un nuevo marco de gobernanza de las tecnologías de la información; la habilitación al Gobierno para la elaboración de textos refundidos; la creación de una Dirección General de Compras Centralizadas y de la Central de Información; la aprobación de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización; y la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público y del Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas electrónicas en el Sector Público.

Parece, por tanto, que la cuestión va bien encaminada y que se están dando los pasos y cimentando las bases para que finalmente tengamos una Administración Pública racional, austera y eficiente que sea un valor competitivo para nuestro país. De esta manera, confiamos en que por una vez no resulte cierta la célebre frase de Lampedusa en el Gatopardo de que era necesario que todo cambiara para que todo permaneciese igual.


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