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Reforma de las Administraciones Públicas

26 de Julio de 2013 ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

El Anteproyecto de la reforma local llega al Consejo de Ministros

  • Aborda las 17 administraciones autonómicas, más de 8.000 entidades locales y la propia Administración General del Estado.
  • Racionaliza competencias, elimina duplicidades; y sueldos, asesores, contratos y sector público municipal se someten a un fuerte control.
  • La Directora General de la Función Pública asegura que no habrá despidos masivos en la Administración aunque "existen puestos excedentarios y deficitarios".

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha adelantado que “está previsto” que el Consejo de Ministros estudie y apruebe hoy el Anteproyecto sobre la reforma local que no llegó a ser aprobado la semana pasada. El Secretario de Estado afirma que el texto acabará con las competencias “impropias”, potenciará la labor de las diputaciones en la gestión de los pequeños ayuntamientos y redimensionará las fundaciones, empresas y entes públicos.

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En palabras de Beteta, al texto que pretende redefinir el mapa competencial de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales se le han incorporado las recomendaciones que hizo el Consejo de Estado. Calificada como una norma de "gran calado", Beteta ha asegurado que se busca garantizar la "sostenibilidad" de los 8.117 ayuntamientos con un sector público "más ágil", "moderno", "eficaz" y "eficiente" y una mejora en la prestación de servicios.

En cuanto a la reordenación municipal y la anexión de municipios, el secretario de Estado ha negado que la norma prevea la supresión de ninguno de ellos y ha cuantificado el ahorro de la reforma de la Administración en 8.000 millones de euros hasta el año 2016.

Qué cambios habrá en la Administración local

Aunque la intención no disimulada de esta reforma era fundamentalmente reducir la estructura municipal española desde el punto de vista más intuitivo, es decir, reducir el número de Ayuntamientos (8116) y racionalizar diputaciones; en realidad los derroteros han ido por otro lado sobre todo tras la intensas conversaciones de la Federación Nacional de Municipios y Provincias con el Gobierno. Concretamente, la estructura que el ciudadano ve y con la cual interactúa se deja como está pero se introducen fuertes medidas racionalizadoras y controladoras del gasto y de la prestación de servicios.

Estas medidas dos sustancialmente de dos tipos. Por un lado, se evita la duplicidad de servicios. En este sentido, uno de los ejemplos que más se han usado en las conversaciones ministeriales es el caso de las oficinas de turismo. En algunas ciudades hay tres oficinas: una llevada por el Ayuntamiento, otra por la Diputación y otra por la Comunidad Autónoma.

Por otro, se vigila el gasto: sueldos en general, asesores, contratos públicos y sector público municipal se someten a un fuerte control. En este sentido, el Gobierno, coordinado con la Federación Española de Municipios y provincias, y las Administraciones autonómicas, definirá y establecerá el coste eficiente de cada servicio municipal que sirva el Ayuntamiento; y el precio que puede pagar a quien lo haga. A dicho precio tendrá que adaptarse, permitiendo sólo factores diferenciales específicos de cada territorio por razón de territorio. Si un municipio  gasta una cantidad superior al "coste estándar", perderá la competencia que gestiona ineficientemente, que asumirá de manera inmediata la diputación si se trata de una Comunidad Autónoma con varias provincias o la Comunidad Autónoma en las uniprovinciales.

Siguiendo el principio "una administración, una competencia", para llevar tareas que no les son atribuidas legalmente, cada Ayuntamiento tendrá que establecerlo con su Comunidad Autónoma, quien  deberá sufragar su coste por ley. En caso de que no haga esta financiación, la Administración central podrá detraer las partidas de la financiación autonómica necesaria para darlo al Ayuntamiento específico.

Sueldos de los alcaldes, concejales y trabajadores municipales

Los sueldos de los alcaldes, concejales y trabajadores municipales serán establecidos (máximos y mínimos) por los Presupuestos Generales del Estado conforme al tamaño del municipio. Se trata de evitar exageraciones como que varios alcaldes tuviesen una remuneración más alta que el Presidente del Gobierno o algunos directores generales de Ayuntamientos no muy grandes cobrasen más que un Ministro. Por lo que respecta a los asesores o "personal de confianza" los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes no podrán tener ninguno no funcionario. Entre 5.000 y 10.000 habitantes, podrán contratar uno. De 10.000 a 20.000, dos. De 75.000 a 500.000, tendrán tantos como concejales. Volviendo al ejemplo de Valladolid, con 29 concejales, el Consistorio sólo podrá tener 29 trabajadores como personal de confianza.


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