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Reforma de las Administraciones Públicas

24 de Septiembre de 2013

La Reforma de la Administración Local, una cuestión ineludible

El Capítulo II del Título VIII de la Constitución española de 1978 reconoce a los Municipios en su artículo 140 su autonomía y plena personalidad jurídica. En el 141, viene a reconocer la garantía institucional de las provincias y encomienda su Gobierno y Administración a las Diputaciones. Y en el 142, referido a las Haciendas Locales en su conjunto, dispone que éstas deberán contar con los medios suficientes para el desempeño de las funciones que se les atribuyen.

Íñigo de la Serna,
Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y Alcalde de Santander


En este marco, se alumbró la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y el posterior Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que la desarrolló. Transcurridos desde entonces más de 25 años, y en un momento de dificultades económicas, surge la ineludible necesidad de acomodar el gobierno de los Entes Locales a las nuevas exigencias, respetando el mandato constitucional.

Así, el Gobierno de la Nación fijó entre sus prioridades abordar una nueva Ley de régimen local, a cuyo efecto elaboró el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que elevó, en julio de 2012, para informe del Consejo de Ministros.

Ese primer borrador generó inquietud en el ámbito municipal. Sin embargo, gracias a las negociaciones promovidas desde la FEMP, y a la disposición del Ejecutivo de acometer una modificación de este calado propiciando el consenso, se reabrió el proceso para impulsarlo con mayor acuerdo y así dar mejor respuesta a las necesidades de las Entidades Locales.

El diálogo que el Gobierno entabló en aquel momento con la FEMP permitió eliminar varios de los puntos más conflictivos reflejados en el primer borrador. De esta forma, cuando el pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un nuevo informe sobre el Anteproyecto, se comprobó que cuestiones como la desaparición de municipios o la reducción de un 30% del número de concejales, ya no se contemplaban.

Ese documento fue remitido por el Gobierno a la FEMP para alegaciones, discutiéndose tanto en la Junta de Gobierno como en el Consejo Territorial de la Federación. Las conclusiones, que reflejan el sentir municipalista de todo signo político, se trasladaron al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La defensa de la autonomía local, de los pequeños municipios y el mejor reparto competencial, evitando con ello duplicidades indeseables, son el eje vertebrador de nuestras alegaciones.

La consecuencia inmediata fue la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local para debatir el texto del Anteproyecto. Allí, se puso de manifiesto el avance alcanzado en algunas de las cuestiones claves para la FEMP, muestra de la sensibilidad del Ejecutivo con el municipalismo, y también de la colaboración leal de Alcaldes y Concejales durante todo el proceso de elaboración de la norma. Lo que a partir de aquí exponemos es lo que resultó de esa reunión, los asuntos más reseñables en este punto del camino ya recorrido y del que aún queda por recorrer a la futura Ley.

En materia competencial, tanto Sanidad, como Servicios Sociales y Educación pasarán a ser competencias desempeñadas por las Comunidades Autónomas. El coste de los servicios sanitarios asignados indebidamente a las Entidades Locales irá siendo asumido de forma progresiva por las Comunidades Autónomas a lo largo de cinco años y a razón de un 20% anual. Pasado este tiempo, el gasto corresponderá en su totalidad a las arcas autonómicas.

En 2015, un año después de la entrada en vigor de la ley, los Servicios Sociales deberán ser prestados por las CCAA. Si no ocurriese así, éstas podrían delegarlos en las Entidades Locales asumiendo los Gobiernos Autonómicos el 100% de su coste. Y finalmente, en caso de no delegarlos, los Servicios Sociales serían prestados desde los Ayuntamientos aunque el Estado les reembolsaría el coste de la prestación (con cargo a las transferencias autonómicas).

Y en Educación, el Ministerio ha contraído el compromiso de atender nuestras demandas cuando concluya la negociación del futuro sistema de financiación autonómica. Hasta ese momento, los municipios nos encargaremos de cubrir los servicios como hasta ahora y después pasarán a ser prestados y financiados íntegramente por las CCAA.

En términos generales, la delegación de servicios se ajustará por un plazo de cinco años e irá acompañada del 100% de la financiación, lo que supone una garantía de estabilidad para la prestación de los servicios públicos. Además, los municipios de menos de 20.000 habitantes también podrán gestionar servicios delegados por las CCAA.

La eficiencia es un objetivo irrenunciable que establece el Anteproyecto de Ley. En este sentido, y a la hora de fijar un coste estándar -valor que determinará la eficacia económica de un servicio- el Ministerio ha comprometido que dicho parámetro se establecerá contando con la FEMP. En consonancia con lo anterior, se precisará que cuando los Ayuntamientos cedan a las Diputaciones los servicios cuya gestión no se ajuste al coste estándar, podrán hacer un seguimiento de esa prestación desde el Consejo de Alcaldes cuya creación contempla el texto.

Asimismo, se suprime el precepto que preveía la intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y en cuanto al papel de los interventores, éste se limitará exclusivamente al control y fiscalización del gasto y a la gestión económico-financiera y presupuestaria, no pudiendo fijar criterios de oportunidad política.

Finalmente, se admite que, a través de una dedicación parcial o cualquier otra figura, los Alcaldes de poblaciones de menos de 1.000 habitantes tendrán derecho a retribuciones por el ejercicio de su cargo.

La Administración Local está comprometida con las necesidades de España y sus ciudadanos, siendo la que mejor cumple los objetivos de déficit y deuda. En 2012, debíamos cerrar el ejercicio con un déficit del 0,30% del PIB y hemos conseguido rebajarlo hasta el 0,15%. Es más, nuestro nivel de endeudamiento ha descendido 2.200 millones de euros, una vez descontado el efecto del plan de pago a proveedores. Conviene resaltar, además, que más de 4.000 Ayuntamientos acabaron 2012 con superávit.

Sin duda, queda aún mucho por hacer. Partimos de un proyecto que responde a las evidentes mejoras que precisa el marco local, sobre la base de principios como los mencionados de "una administración, una competencia"; un sistema ajustado a la eficiencia en la prestación de los servicios y a la sostenibilidad económica de las Corporaciones Locales.

Desde la FEMP seguimos trabajando en todos los frentes posibles para incluir las demandas aún pendientes. Y todo ello lo acometemos desde la defensa de los intereses generales y la lealtad institucional, la cooperación y colaboración para alcanzar esos objetivos con el Gobierno de la Nación y el resto de las Administraciones concernidas: reciprocidad de trato que exigimos a quienes, con nosotros, se esfuerzan en conseguir el mejor Proyecto de Ley que todos deseamos para el conjunto de las Entidades Locales y, por supuesto, para nuestro país.


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