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Artículos de Opinión

29 de Julio de 2011

Abogados de Empresa y Compliance Programs

Dos temas candentes que afectan a la abogacía están provocando ríos de tinta. El primero, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Akzo, que considera que los abogados internos de empresa no tienen el mismo grado de independencia que el abogado externo y, en base a esta apreciación, sustenta que las actuaciones del abogado interno no merecen quedar amparadas por el secreto profesional. Ésta, a mi juicio disparatada doctrina, que en principio está limitada al ámbito comunitario, ha provocado que en España algunos colegios de abogados creen comisiones de abogados de empresa, pues existe la tentación de que se extrapole al ámbito nacional, lo que supondría un grave atentado al derecho de defensa de los justiciables y al derecho a la igualdad de los abogados de empresa respecto a los que ejercen por cuenta propia. El abogado de empresa es, simple y llanamente, abogado, y no merece un trato singular, sobre todo si afecta de forma negativa a los derechos de su cliente, que espera no se vea vulnerada la confidencialidad debida.

Isaac Ibáñez García,
Abogado Tributarista


El otro asunto, que está de moda a raíz de la última modificación del Código penal que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, son los denominados programas de cumplimiento normativo (compliance programs). Con estos programas se persigue minimizar los riesgos a que queda expuesta la empresa con la reforma penal, mediante el establecimiento en la estructura de la empresa de un control jurídico que compruebe la correcta actuación de los distintos órganos de la sociedad; esto es, una organización preventiva con medidas eficaces para prevenir y/o evitar, en su caso, descubrir los delitos. Con la efectiva puesta en práctica de estos programas la doctrina entiende que las personas jurídicas quedarían exoneradas de responsabilidad penal, al acreditar un actuar diligente (control diligente). No obstante han causado gran alarma a este respecto las consideraciones vertidas por la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal (ver Expansión, 8 de junio y 4 de julio de 2011).

Una de las posibilidades que ofrece este programa de cumplimiento es que las actividades que el mismo exige, principalmente las de control, sean ejercidas por un abogado contratado en régimen laboral, un abogado interno. Pero la nefasta sentencia Akzo provoca gran inseguridad jurídica al respecto y puede que las empresas se lo piensen dos veces antes de encomendar dichas tareas a un abogado interno, ante el peligro de que el secreto profesional no sea respetado por las autoridades públicas.

El Tribunal de Defensa de la Competencia, en su Resolución de 30 de diciembre de 1993 argumentó con pleno acierto que las funciones técnicas de los profesionales (médicos, pilotos, capitanes de barco, etc. También los abogados, digo yo), es decir, el correspondiente "arts" profesional o conocimientos propios de la especialidad para cuyo ejercicio se exige una titulación, "se ejercen siempre con independencia y se sustraen al poder de dirección del empresario cuando se trabaja por cuenta ajena". Sin embargo, el órgano sucesor del TDC, esto es,  la Comisión Nacional de la Competencia parece ir por otros derroteros en sus funciones de investigación en el seno de las empresas (ver Expansión del 27 de junio de 2011, página 23).

Es necesario, en mi opinión, que la ley aclare con precisión lo que hoy es una realidad en España: que el ordenamiento otorga el mismo status jurídico al abogado interno que al externo, pues no existen razones válidas para establecer lo contrario. Pero en un país en el que se pretende acabar con la acusación popular y en el que a un juez imputado tres veces por el delito más grave que puede realizar en el ejercicio de sus funciones (prevaricación) se le premia enviándole a una organización internacional, puede pasar cualquier cosa.


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[ 1 Comentarios ] Pagina 1 de 1

  • 1 BCN LEGAL 2011-08-08 18:28:17
    Estimado colega, Me gustaría poner un peso en el lado contrario de la balanza de la afirmación que parece desprenderse de su escrito ;” los Abogados "In House" se equiparan a los abogados externos en necesidad de secreto profesional”. Desde mi punto de vista, considero que el secreto profesional tiene como objetivo dar confianza suficiente a un cliente para que transmita “sus más oscuros secretos” a un abogado independiente y de ese modo poner en manos del susodicho abogado externo todos los detalles necesarios para una defensa adecuada sin temor a que el profesional le delate. Pero el abogado de empresa no requiere ese “trasvase de información” porque se encuentra en una situación distinta que el abogado que tiene el adjetivo “independiente” precisamente porque no ha participado de la toma de decisiones de un cliente , es decir, porque no ha sido un engranaje más de la maquinaria corporativa. Y en éste sentido es irrelevante considerar al abogado interno un mero “empleado” ( en cuyo caso, pierde la nota de independencia que justifica el secreto profesional , porque hay que recordar que por mucho que se diga en términos jurídicos que el abogado se “sustrae”, en razones económicas también llamadas de pan, la independencia del abogado empleado es se vuelve dudosa ) o entender que el abogado de empresa sigue siendo un instrumento de la justicia más allá de su representación parcial ( porque mientras daba su servicio al cliente, seguía obligado a dirigir a aquel por el buen camino de la ley, aunque fuera a la opción más rentable dentro del camino y debiendo por ello rendir cuentas de dicha función ante la justicia, con todo lujo de detalles). Quiero añadir como abultamiento, que eliminar el secreto profesional de los abogados de empresa, también nos protege de ser acosados por nuestros directivos para que busquemos una “alternativa a la legalidad” que favorezca sus intereses, de forma que aquello que no pedirían a un abogado externo por miedo a ser rechazados como clientes, tampoco nos lo pedirán a nosotros a sabiendas de que si en un momento posterior se nos increpara deberíamos “cantar como una almeja”( y por supuesto nos veríamos posibilitados a tomar decisiones de actuación activa ante ciertas solicitudes, sin riesgo de expediente colegial) En resumen, considero que el secreto profesional no es un regalo del Estado para el abogado, no va unido a la toga de forma inseparable, sino que responde a una función del abogado. Y si la función desaparece, desaparece la protección. Un cordial saludo y ojala otro día podamos contrapuntear opiniones sobre “el internacionalizado Juez de la prevaricación”

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