El pasado día 6 de febrero de 2019, comenté en este mismo medio, las virtudes que presentaba el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación y la conveniencia de que se adelantaran las reformas anunciadas en el mismo.
Desde la publicación el pasado día 11 de enero del Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación se siguen escuchando las voces de los defensores y detractores de la imposición del intento de mediación obligatoria en la vía civil como requisito de procedibilidad.
Sobre este debate se ha pronunciado recientemente el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, concluyendo que la obligatoriedad "mitigada" prevista en el texto del Anteproyecto no vulnera el artículo 24 de la Constitución Española. Incluso, el Consejo General del Poder Judicial reclama que esta obligación mitigada de acudir a mediación se extienda a otras materias y procedimientos de naturaleza ejecutiva.
Ahora bien, el Consejo General de Poder Judicial solicita que se acometa "una regulación integral y con mayor profundidad" de la mediación, que vaya más allá de reformas puntuales.
En efecto, como comenté en este mismo medio el pasado día 6 de febrero, el debate sobre la existencia y alcance de esta "obligatoriedad mitigada" no debe eludir otras cuestiones importantes que merecen reflexión y que contribuirán al éxito o fracaso del impulso de la mediación en España y que deberán convertir a la mediación en una vía accesible, eficaz, rápida y económica para que particulares, empresas y administraciones gestionen sus conflictos.
El informe del Consejo General del Poder Judicial afirma que la modificación de la Ley de Mediación debería constituir la oportunidad para diseñar un Servicio Público de Mediación, es decir, en sus propias palabras "una especie de administración pública de apoyo, coordinación y prestación de servicios en favor de la mediación que garantizara en todo el territorio nacional el acceso a la mediación en igualdad de condiciones y oportunidades".
El informe del Consejo General del Poder Judicial incide, además -como lo hacía yo en este mismo medio- en la necesaria formación de calidad en mediación. El Consejo General del Poder Judicial apuesta porque la formación se haga extensiva tanto a los planes formativos de los grados universitarios como a todos los ciclos formativos, incluyéndose la mediación en los temarios de las oposiciones de la Administración de Justicia.
Igualmente, el Consejo General del Poder Judicial considera que es necesario adelantar su entrada en vigor y propone reducir de tres años a seis meses la vacatio legis.
La mediación se abre paso en España y su éxito residirá en que particulares y profesionales comprueben que existen profesionales formados en la gestión de acuerdos, que, con rigor, método y calidad, ofrecen sus servicios para que las partes puedan resolver satisfactoriamente sus conflictos.
