Ser austero es utilizar únicamente los recursos necesarios pero no prescindir de los que resultan imprescindibles El empleo público ha sido uno de los grandes olvidados de los últimos años
Es realmente fácil señalar que la gestión de la crisis económica en el ámbito de la gestión del personal de la función pública ha estado presidida por la demagogia y las soluciones fáciles. Una de estas medidas ha sido precisamente, la de considerar que el nivel de gasto podría frenarse vía oferta de empleo público. La verdad es que esta tentación puede considerarse recurrente, ya que han sido muchos los años en los que se ha apuntado a la austeridad y se ha indicado que una forma de cumplir con dicho principio es, precisamente, la reducción de la oferta.
Ser austero es utilizar únicamente los recursos necesarios pero no prescindir de los que, finalmente, resultan imprescindibles para el ejercicio de una determinada función.
La solución ha sido muy sencilla: lo que se negaba al empleo estable se conseguía en el empleo inestable. Esto ha llenado la función pública de empleo inestable que, seamos sinceros, fue durante mucho tiempo más barato que el de carrera (por las diferencias retributivas especialmente en materia de trienios) pero que, hoy, tras la publicación del EBEP y las STJUE en materia de igualación de las condiciones de trabajo de los que tienen la condición de no estables, ha propiciado una igualación del coste que, adicionalmente, se ha disparado por los costes procesales que ha conllevado, en muchos casos, la igualación de dichas situaciones.
El resultado es muy sencillo: muchos sectores de las Administraciones Públicas están repletos de personal en condiciones de eventualidad en sus más diversas y, a veces, desconocidas fórmulas. Su integración en el sistema no es tal y, como consecuencia, los concursos, la provisión, la carrera, la profesionalización han dejado paso a la cobertura como se ha podido de las necesidades públicas.
Virtualidad del empleo eventual
El proceso de igualación retributiva ha conducido a que el Gobierno considere innecesario, en este escenario, mantener la virtualidad del empleo eventual y ha ofrecido la conversión, según diferentes fuentes, de entre 200.000 a 400.000 empleados no fijos en fijos, tras la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos.
Más allá de que un sector de la opinión pública haya considerado como una barbaridad, en términos de gasto, la consolidación del gasto podemos indicar que la operación es, en dichos términos, prácticamente neutra. Ya estaban en el empleo público y ya cobraban prácticamente en la misma forma y cuantía que los funcionarios de carrera que podrían haber ocupado estos puestos de trabajo. El debate sobre el número de empleados, es un debate que debe hacer con mayor rigor que su mero número y, desde luego, cuando se produzcan cómputos deberían incluirse el conjunto de las personas que cobran del presupuesto público y no hacer las comparaciones por categorías laborales que, ciertamente, producen engaño respecto del objetivo último perseguido. Mientras tanto se plantean ahora problemas no menores, que van desde qué se va a hacer con aquellos precarios que no consigan superar las pruebas selectivas (experiencia de esto ya tenemos), cómo recuperar las expectativas profesionales en materia de carrera de colectivos cuya estabilidad en la inestabilidad ha sido más que notoria, cómo reordenar la provisión de puestos de forma que los funcionarios preexistentes no resulte preteridos en sus derechos.
En fin, más allá de la estabilidad, el daño de la utilización de personal precario en puestos estructurales, es un daño que afecta al conjunto del sistema y que produce una percepción errónea del empleo público y de las necesidades del personal. Lo que ahora se ha puesto de manifiesto al declarar que la operación de consolidación es, prácticamente neutra en términos presupuestarios, es que el efecto ahorro era poco más que una ilusión óptica o, por ser más sutiles, una forma de presentar el problema sin contar la verdad en su totalidad. Estas consideraciones dejan al margen, por supuesto, al propio empleado público precario que realmente ha sido sometido a la contradicción de prestar sus servicios en la inestabilidad, de una organización pensada en clave de estabilidad. Su profesionalidad y su aguante ha sido proporcional a la intensidad de la crisis y tan insostenible como mantenerlo una vez apuntada la recuperación económica.
La segunda lección la proporciona el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales. La tasa de reposición llega al 100% en la Administración educativa, servicios de salud, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, subvenciones públicos, seguridad social y control de la asignación eficiente de los recursos públicos, investigador doctor en los Cuerpos y Escalas de los OPIS, plazas de catedráticos, titulares de universidad y contratados doctores, supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos intervienen. Administración penitenciaria N) Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y nucleares, acción exterior, asistencia directa a los servicios sociales, gestión de prestaciones y políticas activas de empleo, seguridad y emergencia o en el personal que realiza prestaciones directa de transporte público o los servicios de atención a los ciudadanos.
No todo es prescindible
De esta determinación podemos extraer una conclusión: no todo es prescindible y cuando se produce una baja no es porque el funcionario sobre, sino porque se jubila. Pero no está probado que se jubile su función, ni que el puesto de trabajo haya devenido innecesario. Las necesidades persisten y cuando no se proveen producen efectos de diversa índole: a) nos llevan a la precarización del empleo: b) deterioran las condiciones de prestación del servicio público; c) ponen en riesgo la actividad pública.
Hoy, con una visión analítica razonable podríamos decir que el daño de la no reposición para muchos servicios públicos y para muchos puestos de funcionarios es evidente y que su efecto sobre el servicio público es, igualmente, evidente y claramente perceptible en términos de accesibilidad, calidad y prestación de muchas actividades públicas. La experiencia nos indica que no todo es prescindible y que por tanto, es la reflexión estratégica la que debe determinar la aplicación de una medida como la propuesta. La Ley de Presupuestos Generales establece una reposición igual al de número de bajas en algunos sectores del empleo público. Esto es parte de la estrategia de una organización que es lo que se reclama.
El empleo público ha sido uno de los grandes olvidados de los últimos años. La ciencia económica lo identifico con gasto y de ahí a considerar que el gasto es superfluo ha habido solo un paso. Lejos de esto, cabe indicar que las Administraciones Públicas prestan aún un conjunto de servicios (sanidad, servicios sociales, educación. defensa, seguridad, justicia, etc…) que percibimos como parte o como manifestación de un Estado prestacional del que no necesariamente hemos decidido prescindir.
El eterno debate del número de los funcionarios es un debate que no puede hacerse sin plantearse simultáneamente el de los servicios y sin que, realmente, exista una política de gestión de personal y de lo publico. Es paradigmático que el EBEP se publica en 2007 y que, hoy, diez años después, no se ha haya completado ni derogado o sustituido su regulación. Parece como si la gestión del empleo público no precisará de normas ni de instrumentos ni de planificación. El error es tan evidente como ahora se percibe y se hace tremendo cuando la solución – precarización del empleo- se analiza con perspectiva y se llega a la conclusión, en este caso por los Tribunales Comunitarios, de que es un fraude y que encubre una situación de estructuralidad que no puede desfigurarse así. El castillo de naipes se cae con el soplo del viento y, ahora, hay que explicar que la conversión no cuesta dinero porque ya se les pagaba, que sus derechos son iguales porque lo dicen los tribunales, que los reproches desde todos los ámbitos sociales son evidente y, por tanto, que hay que empezar de nuevo. La pregunta es: ¿habremos aprendido algo?
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