Hace ya bastantes años, en plena burbuja inmobiliaria en la costa mediterránea, vino a verme un nuevo cliente extranjero. Había firmado, sobre plano y viendo únicamente la casa piloto, un contrato de compraventa de una casa por más de 200.000 euros, pagando ya sustanciosas cantidades a cuenta y lo construido no se ajustaba en varios aspectos a lo que se había contratado. Desesperado, y viendo que iba a ser imposible tener la casa que había comprado, el cliente quería saber cómo “deshacerse” de esa compra y recuperar su dinero. Un examen del contrato firmado me permitió comprobar que el cliente, quien evidentemente desconocía el idioma español en que estaba redactado, había suscrito diversas cláusulas muy favorables al promotor que dificultaban enormemente sus pretensiones y, en el mejor de los casos, le abocarían previsiblemente a un largo y costoso pleito.
Esta situación, que no era la primera ni sería la última vez que he visto, me hizo pensar: ¿pero hombre, cómo ha firmado usted un contrato de tanta importancia y cuantía, en un país cuyas leyes e idioma desconoce completamente, sin hacerse asesorar previamente por un experto en la materia?. Lo cierto es que, en realidad, no hace falta ser un extranjero en un país ajeno cuyas normas desconocemos para encontrarnos ante una situación similar. ¿Cuántos españoles solicitamos asesoramiento legal antes de firmar un préstamo personal, un contrato de compra de un vehículo, un contrato laboral, abrir un negocio o, incluso, contraer matrimonio?. Y, sin embargo, se trata de actos jurídicos cuyas consecuencias puedan afectar y hasta determinar nuestra vida durante años.
Volviendo al ejemplo inicial, la verdad es que son muchos los extranjeros, especialmente los europeos, que tienen la "cultura" de acudir a un abogado y/o a un asesor fiscal antes de tomar ciertas decisiones o firmar numerosos contratos. Aún recuerdo cómo, durante una estancia en Alemania, durante unas prácticas, un compañero alemán de la empresa me comentó que la compañía le acababa de ofertar un ascenso con el correspondiente incremento salarial. Cuando di por sentado que lo habría aceptado, mi sorpresa fue grande al escuchar su respuesta: "Primero tengo que hablar con mi asesor fiscal, para saber si me va a compensar debido al cambio en la tarifa de mis impuestos que supone cobrar un sueldo mayor". Aunque en España son cada vez más los ciudadanos que buscan y reciben asesoramiento fiscal, un comportamiento semejante sigue siendo todavía minoritario; y, si hablamos de buscar asesoramiento jurídico, entonces entramos casi en el desierto, pues muy pocos son los españoles que, al margen de empresas, autónomos y profesionales, tienen la conciencia de esa necesidad de recibir una asistencia legal profesional y experta "antes" de firmar un contrato, y generalmente solamente nos acordamos del abogado cuando el problema ya ha surgido. Cuando, muchas veces, ya es demasiado tarde o esa situación se podía haber prevenido con la ayuda de un profesional que nos hubiese asesorado y, en caso necesario, negociado un contrato en mejores condiciones.
En España, por desgracia, esa cultura del asesoramiento previo, y preventivo, escasea. Pero debemos ser autocríticos, porque también nosotros, los abogados, tenemos una parte de culpa en esta situación. Al margen de las puntuales campañas mediáticas que, periódicamente, realiza el Consejo General de la Abogacía en este sentido, brilla por su ausencia en los mensajes y publicidad de los abogados españoles el énfasis en el asesoramiento jurídico previo. Y si uno pasea por las calles de cualquiera de nuestra ciudades y pueblos, podrá observar muchos letreros y placas de abogados y despachos, buena parte de ellos especializados en las distintas áreas del Derecho. Pero, ¿cuántas placas o rótulos habéis visto que digan: Asesor Jurídico?. Hay miles de rótulos de Asesor Fiscal, Asesor Financiero, Asesor Inmobiliario, Asesores de Seguros, pero Asesores Jurídicos, pocos, la verdad.
Sea porque el propio nombre parece tener una connotación que parece "hacer de menos" a un abogado, porque la actividad de asesoramiento la solemos asociar a las "consultas", porque pensemos que es una parte de nuestro trabajo mucho menos lucrativa que los pleitos, porque creemos que, al margen de las conocidas "igualas" a grandes clientes o empresas, no hay apenas hueco en el mercado para ello, o bien por otras razones, los abogados, sobre todo los que no trabajamos en grandes o medianos despachos, solemos dar de lado habitualmente esta labor e, incluso, puede que lleguemos a considerarla casi como un "estorbo" que nos impide dedicar el tiempo necesario a nuestros pleitos, demandas y recursos. Tampoco sabemos, por lo general, darle el valor suficiente que tiene a esta actividad o tenemos problemas para convertirla en una fuente de ingresos.
Y, sin embargo, una labor adecuada de asesoramiento jurídico tendría notables beneficios, tanto para el cliente (que se evita el riesgo de conflictos legales y procedimientos judiciales posteriores o, al menos, minimiza los riesgos de resoluciones desfavorables a los mismos), para la sociedad (al disminuir el número de litigios) y para nosotros mismos, los abogados, que podemos obtener de este asesoramiento tanto una fuente de nuevos clientes satisfechos como de ingresos recurrentes.
Entonces, ¿por qué seguimos actuando como si fuese una actividad molesta en lugar de promover entre nuestros clientes y promocionar en nuestras acciones de marketing nuestra labor de asesoramiento legal?. Esta es otra de las asignaturas pendientes que aún tenemos muchos abogados y que deberíamos solucionar sin dilación. Y es hora de que la aprobemos definitivamente.
