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De normas y leyes: entre la orfandad y la paz legislativa

15 de Abril de 2016

Empieza a expandirse un sentimiento de preocupación por lo que pudiera denominarse orfandad legislativa. Una sensación de incertidumbre, una impresión de que, con la actual situación de provisionalidad, todo está paralizado. Con un Gobierno en funciones (interino) y un Parlamento a la espera de que, por la puerta de toriles, aparezca un aspirante a presidir un nuevo Gobierno, y que, entre tanto, nadie se ocupa de nosotros, pues nadie está en la labor de proponer, debatir y promulgar Leyes.

Javier Fuertes,
Abogado


Es lo que tiene vivir en un sistema político de los denominados como democracia parlamentaria y percibir que han transcurrido ya más de tres meses desde que el BOE alumbró la última Ley, ciñéndonos, para este caso, las que proceden directamente del Parlamento. Atrás queda ya la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (Publicada en el BOE de 30 de octubre de 2015) y con exclusión del último Real Decreto-ley que, sobre medidas urgentes sobre temporales en Canarias apareció al día siguiente.

Y quien más, quien menos, tiene la sensación de que el próximo BOE que contenga una ley no se encuentra en el horizonte próximo, lo que nos lleva a una especie de inquietud y desasosiego por ese abandono legislativo al que los ciudadanos nos encontramos sometidos, algo que sin duda se debe a que tenemos interiorizado el sentimiento democrático, que la soberanía reside en el pueblo y que nuestros representantes parlamentarios están ahí para otear las necesidades sociales, decidir cuáles son las más imperiosas y dotarnos de las leyes más justas. Y nunca nos hemos encontrado, en nuestra ya cuarentona democracia, en una situación semejante.

Para calmarse de semejante desamparo se hace preciso recurrir al tratamiento sereno y objetivo de los fríos datos extraídos del espacio y del tiempo.

En primer lugar no es cierto que estemos en situación de total abandono y desamparo, Tenemos la fortuna de ser un Estado descentralizado y ahí están el resto de Administraciones. No solo las Comunidades Autónomas con sus Asambleas y su potestad legislativa, ya que, además contamos con una variada Administración Local, con sus Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, Comarcas... entramado burocrático al servicio de los intereses públicos y, por tanto, de los ciudadanos, y que, en momento alguno han dejado de velar por nosotros. Luego, por esa parte, podemos estar tranquilos, y porque todas las Comunidades Autónomas han seguido cumpliendo fielmente con ese papel que tienen encomendado de dictar normas legales, y para nuestra despreocupación podemos constatar que en estos tres meses de vacío estatal han dictado hasta 66 leyes. Y, sin olvidar, que por encima de nuestro ámbito territorial se encuentra la Unión Europea, dictando Directivas y Reglamentos. En definitiva, desde un punto de vista territorial no parece haber problema alguno.

Por otro lado es preciso combatir esa desazón sobre el tiempo que pudiera transcurrir hasta que el BOE nos traiga la buena nueva de otra Ley. Es cierto que pueden pasar algunos meses todavía. Pero ello no ha de preocuparnos, o al menos no en demasía, porque aunque pudiera parecer que nos enfrentamos a un desierto legal desconocido, lo cierto es que no es así. Lo que ocurre es, simplemente, que somos de naturaleza olvidadiza y, en ocasiones, no percibimos o recordamos las hechos tal y como han sucedido.

Basta con pararse, mirar hacia atrás y comparar con lo ocurrido en otras ocasiones, de manera que si desenterramos lo sucedido en los últimos cambios parlamentarios podremos comprobar que, tras las elecciones celebradas en noviembre de 2011, el espacio entre la última ley de la anterior legislatura (VIII legislatura) y la primera de la siguiente (IX legislatura), fue de casi seis meses (del 10 de octubre de 2001 al 3 de abril de 2012); que en el caso de las elecciones en marzo de 2008, ese espacio entre la última norma de la VII legislatura y la VIII legislatura fue de cinco meses (del 28 de febrero del 2008 al 30 de julio de 2008); y que en el caso de las elecciones de marzo de 2004 supero el plazo de un año (del 3 de diciembre de 2003 al 21 de diciembre de 2004). Datos que vienen a poner en entredicho que, en las actuales circunstancias, vayamos a estar huérfanos de leyes estatales por un plazo superior a los señalados.

Es más, no existe obstáculo alguno para que un Parlamento pueda legislar en estas condiciones. Ni para que un Gobierno, por interino que sea, adopte decisiones, aunque algunas puedan ser polémicas, como la aprobación que se ha realizado de los Planes Hidrológicos  (publicados en el BOE los días 19 y 22 de enero de 2016). Ni podemos ni debemos esperar que la Administración General del Estado deje de cumplir con las funciones, de servicio a los ciudadanos, que tiene encomendadas.

La vida sigue, las necesidades de la sociedad y de los ciudadanos continúan, y las instituciones deben proseguir con las misiones que tiene atribuidas.

Si bien es cierto que tras el terremoto al que se ha visto sometido nuestro ordenamiento jurídico en el pasado año, y cuando aún seguimos sufriendo las réplicas de esas alteraciones, pensar en un horizonte exento de cambios normativos tampoco se nos antoja un escenario tan dramático. A fin de cuentas, quién no quiere un poco de paz legislativa.

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