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Desvirtuando la figura del Decreto- Ley

9 de Abril de 2019

Estamos sumidos en un período pre-electoral que parece que se ha convertido en eterno. El Gobierno de Sánchez, como tal Gobierno, tiene entre sus prerrogativas esa figura controvertida, a veces, y otra no tanto, de aprobar sus iniciativas vía Decreto-Ley, a pesar de que debe concurrir, tal como reza nuestra Constitución en su art. 86, el presupuesto de “extraordinaria y urgente necesidad”. El pasado miércoles el Congreso de los Diputados convalidó seis decretos leyes del Gobierno, después de que el Ejecutivo los aprobase argumentando que eran de "urgente necesidad", tras anunciarse la convocatoria de elecciones.

Pablo Toral Oropesa,
Abogado
Consultor ad honorem
Cátedra UNESCO de Ciencia Política y Administrativa Comparada


Es verdad, siendo ecuánimes, que el uso y el abuso de los decretos-leyes ha sucedido también en anteriores Gobiernos, pero también por ser justos las circunstancias en que los viernes sociales se están aprobando tales Decretos y en fechas tan cercanas a las elecciones rozan ciertos límites del decoro, del cálculo y de la propaganda electoral.

¿Es achacable este abuso solo a este Gobierno? Pues, ciertamente, no lo creo. La figura del Decreto Ley fue también manoseada por anteriores Gobiernos de distinto signo, pero como bien advierte el Duque La Rochefoucauld,  "establecemos reglas para los demás y excepciones para nosotros". Lo cierto, es que todas las fuerzas políticas han sacado provecho de esta figura en la Pre-campaña: unos prometen derogar tal figura, como si fuera sencillo derogar un precepto constitucional, algunos critican su abuso y otros continúan aprobando Decretos sin advertir, o no aceptando, veladamente,  que tales medidas van a lomos de nuestra sufrida economía.

Lo cierto es que expertos, como el gran jurista y político Lavilla Alsina o el Magistrado emérito Aragón Reyes, han pedido cautela a la hora de emplear este instrumento: el primero alerta que se trata de una técnica normativa que "dista de permitir que el orden, la lógica y la sistemática hagan que el Derecho sea tal y que la seguridad jurídica se erija en principio informador del ordenamiento, como reclama la doctrina"; y el segundo, crítica como su uso tan intensivo ha debido, entre otros motivos, por  una interpretación demasiado «flexible» de la «extraordinaria y urgente necesidad», lo que ha generado, sin duda, a que el decreto-ley se haya convertido en el modo ordinario de legislar, dando lugar a un uso desvirtuado de este tipo de normas.

En realidad, podemos criticar a los políticos, pero ni el TC ni el TS han sabido parar tales abusos por parte del ejecutivo de cada momento. El primero advierte que se debe aprobar un Decreto-Ley sólo cuando se precisa una "acción normativa inmediata" (STC 6/1983) y se ha lavado las manos advirtiendo que ciertamente no es (su) competencia pronunciarse sobre la mayor o menor oportunidad técnica o acierto de las medidas concretas que en el mismo se establecen, sino que se trata de una cuestión que forma parte de la política económica competencia del Gobierno [STC 109/2014, de 26 de junio y otras] y el segundo, tampoco ha entrado al trapo para frenar tales abusos.

Pero lo malo del asunto, finalmente, es que con tal abuso y manoseo de estas figuras, el poder legislativo queda mermado y hace bueno aquello que dijo Alfonso Guerra: "¡Montesquieu ha muerto!"; al tiempo la  excesiva, innecesaria e interesada motorización legislativa conlleva que el edificio del ordenamiento jurídico, poco a poco, por abusos como este, se vaya carcomiendo y resintiendo, puesto que la seguridad jurídica entra en conflicto con la aprobación excesiva de este tipo de normas excepcionales.  Finalmente resulta terrible que todos nosotros pagaremos la cuenta de esos decretos leyes, ejecutados sin memoria económica: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha confirmado que las medidas aprobadas por decreto ley en las últimas semanas han supuesto un gasto de 920 millones de euros.

El reto de conciliar la mutación permanente e inexorable de las normas con el principio de seguridad, tal como expresaba en la década de los setenta del siglo pasado el maestro Villar Palasí, está más vivo que nunca y el abuso del decreto ley por los Gobiernos, desde luego, no ayuda a cumplir con tal reto.

 

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