Pese a su carácter pionero, es altamente probable que quienes como Frosini, o Pérez Luño en España, comenzaron a escribir en los setenta y ochenta sobre cibernética y Derecho, no imaginasen en toda su extensión el momento actual.
En aquella época se asistía con una cierta esperanza a un mundo en el que las bases de datos iban a facilitar la tarea del jurista dotándola de una extraordinaria profundidad documental. En realidad para bien o para mal, en nuestro viaje hemos llegado mucho más lejos. Esta larga jornada ha sido jalonada para quien esto escribe por un conjunto de hitos desde un mundo analógico a uno completamente digital. Debo confesarlo, el joven que acabó sus estudios de licenciatura en 1993 sólo había aporreado el teclado de una Olivetti Lettera 32 obtenida por su abuela con una imposición a plazo fijo y regalada como un aparato extraordinario.
Del viejo Macintosh por el que hacíamos cola en el Departamento de Derecho Constitucional hasta hoy ha llovido mucho. Para ser exactos y como predijo Gordon Moore, ha llovido exactamente el doble cada dieciocho meses.
Este cambio profundo, con sus luces y sus sombras, obliga a reflexionar sobre el impacto de las tecnologías de la información en la docencia del Derecho y sobre las estrategias y cambios que ello comporta.
Una primera impresión al abordar el tema se expresaría con una única palabra: costes. Costes no sólo económicos, sino también de oportunidad, de tiempo y eficiencia. Las herramientas disponibles facilitan una extraordinaria rapidez en tareas antes enormemente farragosas como la localización de un libro, o la necesidad desplazarse a otras instituciones e incluso países. Por otra parte, a medida que la ergonomía de la lectura en pantalla va mejorando, incluso hablamos de una reducción significativa del coste material y ecológico.
No obstante, toda luz tiene sus sombras. Mucha información significa también una enorme cantidad de ruido. El estudiante ya no dispone de algunos manuales de referencia, sino de decenas de ellos, y además de los recursos que distintos grupos de innovación ponen a su disposición, y en el peor de los escenarios del mercadeo online de trabajos, apuntes e información cuya calidad no siempre puede contrastarse. Por otra parte, el manejo de tantas fuentes no siempre resulta adecuado y no es extraño que la cita de jurisprudencia menor, o de bibliografía irrelevante, fagocite y limite el aprendizaje del estudiante. Y además, cuando el profesor se encuentra frente a un trabajo maduro con un lenguaje jurídico impecable debe dedicar su tiempo a asegurarse de que no se trata de un plagio. Y créanlo, el algodón pocas veces engaña.
Por otra parte, internet facilita modos de lectura diferentes. El usuario realiza tanto lecturas en diagonal, como asistidas con búsquedas de palabras y con una tendencia irrefrenable a mariposear de link en link perdiendo con facilidad el rumbo respecto de su objetivo inicial. Ello nos obliga a cambiar algunos aspectos en la presentación de la información pero a la vez a afirmar con rotundidad la irrenunciabilidad de lo clásico. Debemos ser capaces de ofrecer en este nuevo medio una experiencia coherente con sus características en el que el primer impacto prácticamente no debe extenderse más allá de una pantalla. Pero a la vez, tampoco podemos saturar al estudiante en formación con decenas de enlaces a otros contenidos fomentando la dispersión.
Será fundamental, por tanto, diseñar estrategias en las que el docente haya establecido el material de referencia y sea capaz a la vez de fomentar la curiosidad del estudiante, su vena de explorador, en un entorno acotado en cuanto a la carga de trabajo. Ello implica la adopción de ciertas estrategias individuales y colectivas. Las asignaturas preparatorias que van apareciendo en los nuevos grados resultan en este sentido estratégicas. Por una parte preparan al estudiante para el manejo de la información y en ellas aprende desde cómo funciona su aula virtual al manejo de las bases de datos legislativas, jurisprudenciales y bibliográficas.
Pero deben ir más allá, deben formar en aspectos novedosos, como la gestión del tiempo o la capacidad de identificar y distinguir los recursos valiosos. Y a la vez, resulta urgente recuperar enseñanzas que podrían ser tildadas de `antiguas´.
El estudiante debe aprender, por extraño que suene, `a escribir´, debe recordar que el diccionario y la enciclopedia jurídica van a ser sus mejores aliados, debe incorporar a su ADN de futuro jurista el valor de la lectura pausada y reflexiva de la bibliografía y debe entender que su trabajo no consiste en una acumulación de textos mediante la función `copiar-pegar´ sino fruto de un análisis racional cuyo resultado final posee una estructura clara en la que las fuentes constituyen el apoyo necesario.
Nuestro mundo digital evoca de algún modo a ese nuevo rico que compra todo, come hasta el hartazgo y encuentra virtud en la acumulación y la ostentación. Nuestra responsabilidad cómo docentes desborda en este sentido la mera traslación de conocimiento jurídico. Estamos obligados a transmitir al estudiante el saber propio del oficio y la experiencia de modo que este aprenda a usar adecuadamente los recursos de modo productivo y eficiente. De lo contrario, el extraordinario ahorro de costes podría convertirse en ineficiencia, y la información en un ruido ensordecedor.
