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Artículos de Opinión

El impulso al reforzamiento institucional

23 de Octubre de 2019

A estas alturas es probable que a nadie le parezca desmesurado la afirmación de que los tiempos de la política, las formas de la política y la propia política están causando un enorme daño a la sociedad que asiste, en gran medida, atónita a la insuficiencia real del esquema democrático para establecer un sistema mínimamente estable de gobierno.

Alberto Palomar Olmeda,
Coordinador del Practicum de la Abogacía, Ed. Aranzadi


En este panorama y en el marco de la negociación para aproximar las posturas lo suficiente como para desbloquear el gobierno, se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que el botín postelectoral se centrase en instituciones de las que se ha dicho que completan la acción de gobierno, pero no son materialmente gobierno.

Sin concretar, en este momento, cuáles son los órganos auxiliares de la acción de gobierno ni el alcance del reparto si hay un síntoma que nos hace retroceder en el tiempo. El mero intento demuestra que no nos tomamos en serio - como sociedad- muchos de los órganos que completan la acción de gobierno considerada en su versión clásica.

Contrapesar la incertidumbre

Teniendo en cuenta que los pronósticos electorales no parecen aventurar, en el momento actual, una mayoría clara y nítida de ningún partido político, es preciso contrapesar tanta incertidumbre con la certidumbre del funcionamiento institucional. Es cierto que, a lo largo de la vigencia constitucional, se aprecia un déficit central en la apuesta por la institucionalización de las instituciones que se sitúa, en primer término, en el sistema de designación o nombramiento. Hay órganos como el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, las Comisiones Nacionales de los Mercados y de la Competencia o la de Valores, que no han acabado de encontrar un esquema de funcionamiento suficientemente institucional y no han conseguido que la extracción o la propuesta de sus miembros sí sea determinante de su actuación. Esta afirmación exige, claro está, indicar que han existido y existen excepciones a esta regla general, pero el mero hecho de que constituya una regla perfectamente perceptible debilita el sistema de elección y demanda uno que permita mayor objetividad de los electos.

El reforzamiento institucional exige acuerdos y exige, sobre todo, altura de miras. Que se hayan conseguido en algunos momentos los primeros no trae como consecuencia que se libere su funcionamiento. El problema está en la expectativa y se trata de responder a la pregunta de ¿qué esperan los partidos con la propuesta de candidatos? Sin duda que sean elegidos y, sin duda, también, que se aparten significativamente de los postulados que defiende el propio partido. Frente a esto cabe indicar que lo que se debería esperar de los nombrados es que actúen según su leal saber y entender al servicio del interés general y que lo hagan con libertad y con responsabilidad, pero sin complacencias y sin deudas a satisfacer.

Regulación económica

En materia de regulación económica, especialmente, hemos puesto en manos de los reguladores no gubernamentales la esperanza de un funcionamiento regular, acorde con los principios que inspiran su funcionamiento y para preservar su propia finalidad. Tener la tentación de apropiarse, directa o indirectamente, del sistema de regulación es dañar gravemente la expectativa de estos y lo es en un tipo de órgano que se caracteriza por su legitimación profesional, puesto que no son gobierno y no responden con los criterios políticos de aquel. La legitimación profesional ha entrado en crisis bajo la idea que parece apuntarse de que todo el mundo vale para todo. Si eso es así en el gobierno convencional, no lo es en ámbito institucional y en las instituciones de regulación que, probablemente, necesitan reformar su sistema de elección y buscar un perfil más profesional y menos político.

Este mismo planteamiento debería ser extrapolable a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, a los vocales del Tribunal de Cuentas o los miembros del Consejo del Poder Judicial. Es necesario encontrar y formular un acuerdo que exija más requisitos de idoneidad y, por tanto, reduzca la posibilidad de la apropiación indebida de la institución.

Pero, sobre todo, es necesario recobrar el sentido institucional. Los propuestos sirven al órgano y al Estado y no a los partidos que los nombraron. Mientras este esquema de funcionamiento no funcione de verdad no habremos avanzado en la materia.

Queda mucho camino por andar, pero produce un enorme desconcierto ver como el bloque institucional se encuentra "masivamente" en funciones, no hay esquemas de solución de las crisis ni formas de llegar a acuerdos que los permitan funcionar en todo tiempo y momento. Y, claro está, el desconcierto se torna más agudo cuando se alude - aunque sea como mera posibilidad y sin ningún sentido real- a la posibilidad de que las instituciones decididamente entren en el reparto de cuotas de partido. El sentido institucional forma parte de la cultura y de los valores de un país como, desde otro punto de vista, el protocolo. Podemos considerar este último como superfluo, pero no menospreciemos el primero porque el funcionamiento del Estado depende, en gran medida, de que acertemos en la solución.

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