A tenor de la solemnidad de las admoniciones escuchadas y de la virulencia de los reproches formulados desde diferentes medios de comunicación y por parte de muchos de los líderes políticos de nuestro país a lo largo de esta agotadora y estéril sucesión de convocatorias electorales que padecemos desde 2015, estoy impaciente por conocer las iniciativas y propuestas legislativas de corte epistocrático que deben tener ya muy avanzadas quienes, en estos últimos meses, se han dolido de la banalidad sufragista de un elector veleidoso, de que «se haya votado más con las vísceras que con la razón», del «voto contra y no a favor de un proyecto político »; de la «urna como vertedero del hartazgo»; del «votante enfurecido e irracional», del «seppuku electoral de determinadas facciones ideológicas» etc, etc, etc…
Ese tan decimonónico y tan nuestro «es que me votáis muy mal» sería la versión bizarra de tesis más sofisticadas que hoy propalan algunos pensadores neo-censitarios a un lado y otro del Atlántico como Brennan o Van Reybrouck que, en síntesis, vienen a sostener que el votante medio está mal informado o ha ignorado la información política básica, lo que facilita que apoye medidas políticas y candidatos que no respaldaría si estuviera mejor informado, formado o instruido, convirtiendo así al sistema democrático en una bomba de relojería en manos de una masa -orteguiana- desinformada, de una tiranía de la mayoría como la que tanto perturbaba a Tocqueville y cuya desactivación pasaría, a su juicio, por limitarla- la democracia-, de forma que únicamente aquellos que superaran un determinado umbral intelectual o formativo objetivamente delimitado, tuvieran derecho a ejercer el derecho al voto.
Una democracia, por tanto, electoralmente ponderada en la que a los ciudadanos se les exigiría un nivel mínimo de conocimiento de la realidad política, económica, jurídica y social de su país, de su región o de su localidad, y sin cuya acreditación se verían expropiados de sus derechos políticos y participativos en aras de un bien común y superior: la transformación de una democracia decadente en una epistocracia o gobierno de los sabios emergente.
Un argumentario por cierto, muy en la línea de la actual y tan en boga desinhibición reactiva y populista, de esa nueva política desacomplejada y «sin pelos en la lengua» que sin embargo no resiste un epidérmico viaje por la hemeroteca. Fíjense si no en lo que escribía el filósofo Benjamín Constant en 1815: «Precísase, pues, condiciones de propiedad, tanto para los electores como para los elegibles. No quisiera perjudicar ni ofender a las clases laboriosas. (…) Frecuentemente están dispuestas a los más heroicos sacrificios, y su abnegación es tanto más admirable cuanto que no es recompensada ni por la fortuna ni por la gloria. Pero entiendo que el patriotismo que da el valor de morir por su patria es distinto del que hace capaz de conocer bien sus intereses. Se requiere, pues, otra condición, además del nacimiento o la mayoría de edad. Dicha condición es el ocio, indispensable a la adquisición de la cultura y el recto criterio».
A lo largo del siglo XIX, en toda la Europa occidental, el paulatino desarrollo y consolidación de los regímenes liberal-parlamentarios se caracterizó por una extremada cautela a la hora de fijar quiénes podían y quienes no ejercer en plenitud los derechos políticos y, por encima de todos, el derecho al voto. De esa forma, el rol de elector se vio sujeto a afanosas restricciones, en su mayoría vinculadas a la posesión de un considerable patrimonio que, naturalmente, determinaba el consiguiente nivel educativo. El jurisconsulto Joaquín Francisco Pacheco, quien fuese Presidente moderado del Consejo de Ministros en 1847 no dudaba en afirmar que «la riqueza, o por mejor decir el bien estar, la vida holgada y fácil, en que el trabajo material no es una carga dura, no es la penosa ocupación de todos los momentos y deja espacio para las concepciones del espíritu» era el auténtico criterio que debía tenerse en cuenta «como condición de capacidad política, porque es el que da la inteligencia y la valía en el orden social».
Es cierto que en el pensamiento griego, en el círculo degenerativo, la oclocracia constituía la forma más grave en la degeneración de la democracia. El término en esencia se refería al gobierno de la muchedumbre. Ahora bien, sería un error pensar que a ese estadio degenerativo se le puede combatir enfrentándolo a una suerte de nueva intelligentsia, de unos optimates privilegiados con mayores derechos políticos por la mera razón de su nivel formativo o de ese delirante «gobierno por oráculo simulado».
Me temo que detrás de esta sedicente sofisticación y del vanamente provocativo Against Democracy, no hay en realidad otra cosa que el caciquil y prosaico «algo habrá que hacer con la gente que no vota como a uno le gustaría que lo hiciera».
