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El vaciado institucional

7 de Noviembre de 2018

De las crisis económicas, por muy severas que sean, se sale. Para las crisis políticas, con independencia de su hondura, disponemos de fusibles cada cuatro años.

Raúl C. Cancio Fernández,
Doctor en Derecho. Letrado del Tribunal Supremo. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación


Ahora bien, los quebrantos derivados de las crisis institucionales son extraordinariamente difíciles de restañar. Mientras los daños infligidos por las primeras son acotados y contingentes, las fallas institucionales tienen la virtud de poner en riesgo la propia médula del Estado. Decía Molière que los pueblos felices no tienen sociología, tienen costumbres, instituciones y leyes. Invertir ese sintagma, erigiéndose el gobierno de turno en arúspice de la voluntad del pueblo, al tiempo que se relativiza y erosiona el entramado institucional y normativo que las ampara, amerita la disolvencia de las estructuras básicas de la convivencia. Tanto en el Derecho como en la Historia, las instituciones representan la categoría de la duración, de la continuidad y de lo real, de modo que la operación de fundarlas constituye el fundamento jurídico de la sociedad y del Estado.

Hay un puñado de célebres «largas marchas»: las distopías de Stephen King o Richard Bachman; el descarnado relato guerracivilista de Doctorow;  el largo y tortuoso camino de Lennon y McCartney o, finalmente, y en lo que a nosotros nos interesa,  a la que se refería el Profesor Garrido Falla, el trecho culminado con la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho que consagra el Título Preliminar de nuestra Constitución de 1978. Ese itinerario, para llegar a consolidarse, ha debido pavimentarse con dos materiales, diferentes, pero umbilicalmente complementarios: la Democracia y el Estado de Derecho, o si se quiere, la asunción por el pueblo de la titularidad del poder político y el sometimiento de todos los poderes públicos al imperio de la ley. Democracia sin Estado de Derecho es el retorno a la Atenas clásica y la recuperación el demagogos que arrastra al demos. Estado de Derecho sin Democracia es un oxímoron que mutila el elemento nuclear de la convivencia democrática: la participación de los ciudadanos en la cosa pública.  

En este sentido, la anaciclosis clásica se ha visto en los últimos tiempos dramáticamente actualizada por una nueva mutación en la teoría involutiva de los regímenes políticos: del Estado de Derecho estamos pasando directamente al Estado Demoscópico. La secuencia tradicional de liderar un proyecto político, ofertarlo a la ciudadanía y finalmente, cumplirlo sinalagmáticamente si se obtiene la confianza de aquélla, muta hoy en un mecanismo de cata previa y, en virtud de esa prospección, conducirse políticamente, con el riesgo -y la indiferencia- de incurrir en frecuentes contradicciones al socaire de la voluntad de un sujeto social evanescente, olvidando que cualquier pretensión política regida por el principio democrático puro y no ponderado, ignorando el bastidor legal al que todas las instituciones públicas y los ciudadanos deben someterse en una suerte de déjà vu bodinista, supone una involución inaceptable en pleno siglo XXI. No hay democracia legítima que pueda estar por encima de lo que le da pleno sentido: la ley que, en un sistema democrático, es la única forma de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos y preservar la convivencia allí donde existen diferentes intereses.

Esta liquidez en el compromiso político ha generado, en primer lugar, el desdibujamiento institucional de los propios partidos, principales responsables del creciente descreimiento y de la abisal crisis de representatividad que, en un sensacional ejercicio de autodestrucción, ha facilitado la aparición de placebos sustitutivos como son las plataformas ciudadanas y agrupaciones de electores, síntoma del pretendido tránsito de la democracia representativa hacia el asamblearismo in-mediato y la consecuente supresión del intermediario, advertible no solo en el ámbito de la política, sino también en el rol de los medios, las nuevas formas de comercio, la educación o las relaciones sociales.

A partir de aquí, el irresponsable y cortoplacista proceso de desinstitucionalización, se ha extendido inquietantemente sobre muchas de las estructuras básicas del Estado, empezando por la Corona, víctima de una indisimulada operación deslegitimadora exponencialmente acentuada desde su providencial intervención en la crisis catalana, y siguiendo por instituciones singularmente sensibles y que configuran el espinazo de cualquier estado homologable, como son los poderes judicial y legislativo, la universidad, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los órganos consultivos, los servicios jurídicos del estado, el tejido público-empresarial, la fiscalía como promotora de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, el CIS o las autoridades independientes sectoriales.

Los individuos, enfatiza Benjamín Disraeli, pueden formar comunidades, pero únicamente las instituciones pueden formar una nación. La exacta diferencia entre la tribu y la sociedad compleja.

 

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